El juego de la investidura: ahora la ves, ahora no la ves

La paciencia de los españoles es infinita, quizás curtida en 40 años de dictadura o en un sentido fatalista de la política y conservador de la existencia. La resiliencia ciudadana que mide la capacidad de superar las adversidades, debe ser una virtud mediterránea que compartimos con nuestros próximos los italianos. El pueblo aguanta y soporta el lenguaje falsario de la política sin pestañear, aunque en otros tiempos finalizaba en un pronunciamiento, una cuartelada o una guerra civil. En Italia, la inestabilidad de la política propició el diseño y el cultivo de las artes. Nosotros los españoles acudimos a la épica.

El bloqueo político después del 26 de junio no responde a un modelo de comportamiento de las democracias maduras de la Europa anhelada como el mejor espacio para la libertad y la igualad.
La Constitución de 1978 hunde sus raíces más profundas en el pacto, en la restauración de la democracia y la Monarquía que ha sido la Institución que históricamente más había buscado como seña de identidad el entendimiento entre los adversarios políticos y la defensa de un concepto de nación que se forjó bajo sucesivos y diversos reinados.

Su precedente, la Constitución de Cádiz de 1812, se impregna de este fundamento que se traslada a la estructura de sus tres primeros títulos que se dedican a la Nación española y los españoles, al territorio de las Españas, su religión y gobierno y a los ciudadanos españoles y a las Cortes.

Después de nuestro tiempo más largo tiempo bajo un amparo constitucional, se están propiciando dos afirmaciones falsas e interesadas. El agotamiento de la Constitución de 1978, patrocinado por quienes se presentaban bajo el aurea de la nueva política que las elecciones de 2015 y 2016 ha puesto en su lugar y ha relativizado rotundamente. Y de otra parte la desnaturalización de los resultados electorales con el resorte de los vetos personales, intransigentes y reiterados que nos aleja del pactismo que es el único método de resolución política de las discrepancias.

Manuel Fraga se sentó con Carrillo y Adolfo Suárez con Felipe González, personalidades que tenían historias personales diametralmente distantes y fueron capaces de definir unas bases de actuación políticas homologables a las democracias europeas. La estructura jurídica de la Constitución es como toda norma mejorable, pero ha permitido la investidura de Presidentes, la formación de Gobiernos y el control de la oposición con una cierta y evidente eficacia en los últimos 38 años.

Lo que la Constitución de ni ninguna norma puede suplir, es el modo de comportamiento de los representantes políticos ante las situaciones electorales concretas. Ni puede servir para desnaturalizar el núcleo básico constitucional que es favorecer la gobernabilidad en un sistema democrático avanzado con los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial en plenitud de funciones.

Los momentos de tránsito se contemplan en la Constitución, como resulta de su propia naturaleza, como transitorios que están indefectiblemente avocados a cumplir su función que es la de proceder a la renovación democrática.

Nadie puede sostener, ni en la interpretación más torticera, que cabe una interpretación extensiva de la Constitución que ampara la repetición sine die de procesos electorales. El espíritu de la Ley fundamental no es otro que el de la normalidad constitucional con los tres poderes en plenitud de funciones, sin un descabalgamiento de ninguno de ellos. Y más en estos tiempos en los que la celeridad en la toma de decisiones no es ya una virtud, sino una exigencia de un mundo globalizado que lucha sin descanso por ganar la batalla al tiempo.

Se acusa a Mariano Rajoy de no hacer lo necesario para lograr la investidura, como si la responsabilidad en la formación del Gobierno fuera exclusivamente suya, lo que sería cierto en un escenario de mayoría absoluta. Pero los electores han elegido un modelo de responsabilidades compartidas, sin vetos personales en el que cada líder político y cada partido tienen su cuota aparte. Unos formar Gobierno y otros ejercer la oposición, controlando al Gobierno.

Y se pide a Mariano Rajoy que se haga el harakiri en la plaza pública, clavándose la espada de samurái mientras Pedro Sánchez y Albert Rivera celebran su hazaña y declaran purificado del espíritu de la corrupción al Partido Popular, en un suerte de aquelarre en el que no persiguen sino la satisfacción personal que les negó las urnas.

Nada más lejos del espíritu constitucional y propio de quienes están en la política con escaso entendimiento de los métodos que se aplican en las democracias avanzadas. A nadie se le pide que dimita de hacer oposición o que abdique del principio de reversibilidad democrático.

Se busca un acuerdo para un nuevo marco de estabilidad por un periodo máximo de cuatro años. ¿Será necesario poner un anuncio: se buscan políticos para la nueva situación?

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