Nueve semanas y media y parieron un ratón

En 1986 se estreno el film “Nueve semanas y media” protagonizado por Kim Basinger, un mito erótico de la época y un Mickey Rourke en pleno auge de su carrera. Ambos fueron los actores de un guión basado en un relato autobiográfico de Elizabeth McNail que cuenta la relación intensa de atracción, sexo y erotismo de una galerista divorciada con un tipo duro, siniestro y dominante, ambientada con una excelente música de Joe Cocker, Brian Ferry y Eurithmics. La música ha sobrevivido mejor que la película que fue un fracaso en Estados Unidos y sin embargo triunfó en Europa que se rindió ante la irresistible Kim Basinger.

Treinta años después, Pedro Sánchez que ha recuperado las vocales de su apellido y Albert Rivera, tras nueve semanas y media desde el 20 de diciembre nos han comunicado que la solución de este país es una reforma constitucional exprés que suprime las diputaciones provinciales y los aforamientos de los políticos.

Sinceramente es un día en el que si quiere tener alguna emoción hay que recomendar que vea nuevamente a Kim Basinger bailando la canción de Joe Cocker You can leave your hat on.

Si el problema de las estructuras administrativas de este país son la Diputaciones Provinciales -solo representan el 0,5 por ciento del PIB- y el de la corrupción los aforamientos, conclusión a la que han llegado Rivera y Sánchez en su preacuerdo de investidura, sin duda vamos directos a reproducir con la máxima intensidad la banalidad, inconsistencia y estulticia política que tuvo como principal actor a Rodríguez Zapatero hace ocho años.

Evidentemente, un pacto político se descompone en una metodología que incluye análisis, diagnóstico, objetivos, propuestas, contradicción y acuerdo. Lo que nos ofrecen a los electores los diputados Sánchez y Rivera desde el 23 de febrero de 2016, en el que conmemoramos 35 años desde el intento de golpe de Estado que nos situó, ante el asombro de las democracias occidentales, durante 14 horas en la España más absurda, ridícula y retrógrada que rememora los momentos más negros de su Historia, no es sino un ratón que pretende moverse en medio de los grandes cambios y retos de Europa y el mundo.

Las cinco reformas constitucionales son tan débiles que el PSOE de Sánchez intenta revestir el acuerdo bajo el mantra del “Gobierno del cambio”, que no es sino la tabla a la que se agarra el candidato socialista para salvar su posición política personal en el rigodón – la antigua danza provenzal interpretada por cuatro parejas – que nos están representado en estas nueve semanas y media.

Una danza que sólo tiene el objetivo de dejar al margen, aislado y en la penitencia de la purga al Partido Popular, sus 7,3 millones de votantes y condenar a Rajoy en una especie de juicio en el que el PSOE y los medios de la izquierda sustituyen la decisión democrática de los ciudadanos y la apelación a una segunda cita electoral por una sentencia cuyo fundamento es la supuesta superioridad moral de lo que llaman “la propuesta del cambio”.

Que el mandato del Presidente del Gobierno se limite a 8 años es una constante fáctica en nuestra democracia desde 1978 con la única excepción, precisamente, del candidato del PSOE Felipe González.

La despolitización de la Justicia es una demanda reiterada en orden a su gobierno interno, que ha llevado en sus programas el PP en otros tiempos al proponer la elección directa de miembros del Poder Judicial desde los propios jueces.

Alberto Ruiz Gallardón eliminó la posición dominante de las asociaciones judiciales -trufadas políticamente- y mantuvo la competencia constitucional de Congreso y Senado para su elección, con un sistema de mayoría cualificada que obliga a pactar a los grupos parlamentarios. La politización de la Justicia no está en los jueces, fiscales y magistrados, sino en la instrumentación de la política de medios humanos y materiales por los gobiernos de las Comunidades, que tienen una pasión irrefrenable por validar el nombramiento de los Presidentes de los Tribunales Superiores. Lo que necesita la Justicia es que se haga una auténtica política de Estado y que se respete su independencia real y efectivamente, dotándola de medios.

El aderezo del preacuerdo Sánchez y Rivera es el restablecimiento de los impuestos de sucesiones y patrimonio con mínimos nacionales, eliminando la competencia de las Comunidades Autónomas que es una manifestación de un limitado concepto federal en la política tributaria. Recuperar simultáneamente ambos impuestos, hoy vigentes y con aplicación diversa en las distintas autonomías genera una doble imposición a un mismo hecho imponible y es un error de técnica y estructura tributaria.

El impuesto sobre el patrimonio nació para facilitar el control de los movimientos de bienes y dinero, un objetivo hoy superado desde la simple gestión tributaria y la información de los contribuyentes y los operadores jurídicos y financieros. Y el impuesto de sucesiones requiere una transformación radical de su naturaleza a fin de redefinir un único impuesto de transmisiones patrimoniales simple, neutral y que no desincentive ni la inversión ni la residencia en España de extranjeros.

En definitiva, aderezos de una reforma de la política tributaria que debería ser mucho más ambiciosa, coordinando las Haciendas estatal, autonómica y local.

En una Europa que debate el ritmo de su integración con la posición del Reino Unido y un mundo que ha globalizado los instrumentos financieros y ha eliminado fronteras reales, aún con grandes diferencias y desigualdades, Sánchez y Rivera, impostan su discurso y nos presentan un ratón que pretende moverse en el mundo de los elefantes. Ni siquiera son capaces de ofrecernos una reforma del sistema electoral y un avance de reforma del modelo territorial.

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