Encuestas del CIS y Tribunal Constitucional

La encuesta del CIS publicada confirma la victoria del PP en las próximas elecciones generales con un porcentaje de votos en el entorno del 30 por ciento.

La distribución de los escaños no es objeto de los barómetros del CIS ya que la traslación de los votos a diputados depende de los ajustes de las circunscripciones electorales a las que se aplica el sistema D´Hont que es un modelo proporcional corregido que prima la concentración de voto y penaliza la dispersión.

En Génova hay la convicción de que se ha producido una cierta recuperación desde que se ha formalizado el reto secesionista que ha corregido la tendencia a la baja del PP que se reflejaba en los últimos meses. En todo caso este porcentaje de votos supone una perdida de 15 puntos con relación a las elecciones de 2011 y de 10 puntos con relación a 2008.

Con estos datos el PP podría obtener un mínimo de 120 escaños y un máximo de 140, dependiendo de la pérdida de restos y de los porcentajes de los partidos tercero y cuarto, cuya ratio votos/diputado en las circunscripciones en que hay 6 escaños les puede salir muy caro. Hay 8 circunscripciones con cinco escaños y 7 con seis en los que el quinto y el sexto diputados corresponderán a los dos partidos mayoritarios, si se confirma el porcentaje de votos del barómetro del CIS publicado.

El PSOE de Pedro Sánchez también está muy satisfecho ya que es el primer partido en intención directa de voto. Su intervención en la entrevista del lunes en TVE fue un correcto envoltorio de formas con un fondo tedioso de respuestas.
El líder socialista demostró que tiene que repasar la historia contemporánea ya que atribuir a los socialistas la aprobación de la Ley del Divorcio y desconocer la labor de Francisco Fernández Ordoñez –Ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González en el periodo 1985/1992- que aprobó con los Gobiernos de la UCD la reforma fiscal y la reforma del Código civil en la regulación del Derecho de familia, es una ignorancia inexcusable.

Pedro Sánchez en la entrevista estuvo reiterativo, poco concreto, ofreciendo simplemente la derogación de las reformas del Gobierno de Rajoy, al que citó con reiteración y acudiendo al tópico de que obtendrá más ingresos para la economía del Estado mediante la lucha contare el fraude fiscal y la supresión de las ventajas fiscales de las SICAV. No pudo explicar como recaudará 25 mil millones de euros y olvidó también que el tipo marginal del Impuesto sobre la Renta estuvo con Zapatero en 45 por ciento y que Rajoy lo subió en 2012 hasta el 52 por ciento para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas.

Sus referencias a Albert Rivera y a Ciudadanos, con el eslogan de que España no necesita más derecha y la cita a Nuevas Generaciones fue una simplicidad y demuestra que no entiende el cambio político que se ha producido. Incurrió además en una contradicción y nuevo olvido -que no le recordó la entrevistadora- pues su compañera de partido Susana Díaz gobierna en Andalucía con el apoyo de Ciudadanos y, de momento, no hay problemas de inestabilidad, lo cual es un éxito en estos tiempos.
Los datos de la encuesta que corresponden al PSOE de Pedro Sánchez acreditan que no levanta el vuelo y las encuestas reflejan un techo de 110 diputados que son los que obtuvo Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que motivó su dimisión. Pobre resultado si se tiene en cuenta que la legislatura era propicia para el partido de la oposición que podría aprovecharse del natural desgaste del Gobierno.

Con la crisis catalana al fondo, los electores están escrutando la solidez de los candidatos y se sitúan en compas de espera los programas electorales.

El auto del Constitucional que desestima las medidas cautelares solicitadas por PP,PSOE y Ciudadanos, lo que en definitiva conduce a la celebración del Pleno y a la aprobación de la resolución, no es una buena noticia y el Tribunal se ha amparado en la excepcionalidad de las medidas cautelares en los recursos de amparo para no entrar en la cuestión planteada que se resume en la siguiente pregunta. ¿Puede un Parlamento autonómico, bajo el principio democrático y la tesis de que es la propia asamblea legislativa la que debe vigilar el cumplimiento de la ley y la Constitución, incluir resoluciones que manifiesta y ostensiblemente exceden de sus competencias estatutarias?

La respuesta, sin duda, es afirmativa para el Congreso de los Diputados y el Senado en los que se asienta la soberanía nacional. Extender el principio de competencia democrática plena a los parlamentos autonómicos parece excesivo, con todas las dificultades concurrentes para el control de los actos políticos.

El Tribunal podría haber reclamado, con carácter previo al auto dictado, la documentación y el informe de la Mesa del Parlamento catalán. Si la calificación por las Mesas de las Asambleas legislativas están exentas de control constitucional, se genera un espacio de impunidad que conduce a la distorsión de la arquitectura constitucional del Estado.
Por tanto, tendremos Pleno y espectáculo que la mayoría de la opinión pública difícilmente entenderá.
Luego será necesario recoger las velas.

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