Cataluña: respuestas jurídicas y políticas

La entrada en el Parlamento de la propuesta de resolución que pretende iniciar el proceso constituyente de la república Catalana va a monopolizar el debate electoral del 20D, dejando a un lado la crisis, los recortes y los afectos y desafectos a los líderes políticos.

En la cadena Ser que había mantenido la tesis de que la inacción de Rajoy aventuraba un choque de trenes, un profesor universitario ha declarado esta semana que el reto secesionista es el más importante a que se ha enfrentado nuestra democracia desde el golpe de Estado del 23 de febrero. Aun cuando a diferencia del golpe de Estado, la secuencia independentista viene avistándose de largo, ha perdido fuerza después de las elecciones del 27 de octubre, de momento estamos en una fase simplemente discursiva y la presidenta del Parlamento le da un toque turístico a la propuesta y se hace un selfie con los cabezas visible de Junts pel Si.

La cuestión a observar en este momento es la respuesta que al proceso que se inicia dará el Estado, la que darán los partidos políticos y la que darán los ciudadanos, en Cataluña y en el resto de España.

La respuesta que dará el Estado depende del Presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy y su acierto o desacierto le será imputado al Gobierno y en efecto directo al candidato y al PP en las próximas elecciones generales del 20 de diciembre.
El Gobierno quiere corregir los errores cometidos en otras ocasiones precedentes por el Gobierno respectivo. El plan Ibarretxe y su abordaje jurídico y la crisis de los atentados del 11M, como caso en el que el PP navegó en solitario, están muy presentes en la cabeza de Rajoy y por ello ha marcado el territorio llamando a Moncloa a todos los partidos y ha remitido a los servicios jurídicos del Estado la orden de proponer la estrategia ante el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, Ley 2/1979, el recurso de inconstitucionalidad solo es posible contras las leyes y demás disposiciones con valor de ley, los tratados internacionales y los reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Por tanto, en tanto no se aprueben leyes por el Parlamento Catalán y se publiquen, no hay opción a presentar un recurso de inconstitucionalidad, mientras la propuesta secesionista se mueva en el ámbito de los actos políticos.
Quedan abiertas dos vías en la respuesta por el Tribunal Constitucional: el recurso de amparo y el conflicto positivo de competencia que son compatibles y cada uno presenta sus propias singularidades.

El recurso de amparo permite acudir al Tribunal Constitucional por la violación de derechos y libertades de los artículos declarados en los artículos 14 a 29 de la Constitución por actos o decisiones sin valor de ley emanados de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, este recurso de amparo encaja íntegramente desde el momento en que se califique por la Mesa del Parlamento catalán la propuesta o se apruebe la resolución en el pleno por los secesionistas.

Cada uno de los momentos procesales tiene su importancia, porque así como la calificación por la Mesa puede ser recurrida en amparo por diputados de los partidos constitucionalistas en ejercicio de su derecho de representación política que está delimitada por el Estatuto, la aprobación de la resolución podría ser recurrida no solo por los catalanes sino por cualquier ciudadano del resto de España que podría fundamentar su recurso en la violación del principio de igualdad y de participación en los asuntos públicos, dado que se les niega su voto en una decisión que afecta a la soberanía nacional y en la violación de los derechos de libertad y seguridad, al ser excluidos del sistema de garantías de la Constitución de 1978 en una parte del territorio nacional, como un efecto directo e inmediato de la aprobación de la resolución independentista.
El Gobierno, aprobada la propuesta de resolución, puede interponer un conflicto positivo de competencia que puede interponer directamente o efectuar un previo requerimiento y solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la resolución que invade la competencia del Estado al carecer el Parlamento de Cataluña de título competencial en orden a la soberanía sobre su territorio que forma parte de España conforme a los artículos 1 y 2 de la Constitución.

¿Qué sucederá si los independentistas aprueban las leyes que anuncian, una Constitución catalana y leyes que se apropien de la seguridad social y de la Hacienda pública estatal?

Ante la escalada en el proceso, el Gobierno tendría que recurrir las leyes que se aprueben en recurso de inconstitucionalidad, actuar en el orden penal frente a las autoridades y los funcionarios públicos que aplicasen estas leyes catalanas e incurrieren en actuaciones tipificadas, como la apropiación de ingresos públicos, lo cual conduciría inexorablemente a una aplicación del artículo 155 de la Constitución que no deja de plantear dificultades y una situación muy compleja. p La convivencia entre la autoridad del Gobierno de España y las autoridades del Gobierno catalán y el propio Parlamento elegido el 27 de octubre se antoja imposible en un supuesto de intervención parcial de la Comunidad Autónoma.

Del contacto entre el Gobierno y las principales fuerzas políticas constitucionalistas, resulta que es el acuerdo sobre la proporcionalidad y la graduación temporal de la respuesta jurídica el elemento fundamental de consenso y donde puede haber más matices, pues tan negativo sería dejar que crezca el proceso como precipitarse en la respuesta. Y con unas elecciones generales a la vista de 50 días que van a determinar una nuevas Cortes Generales en España y un renovado mapa político.

¿Qué harán los catalanes en todo este tiempo? ¿Aceptaran o consentirán que el discurso disparatado de los independentistas se convierta en una situación de inestabilidad política, jurídica, social y económica de máxima gravedad y de alto riesgo de confrontación con los poderes del Estado?

El laberinto de Mas y Convergencia, en el que habitan acunados por las sirenas de Junts pel Si, no tiene salida ni solución, salvo que el golpe de Estado se lo den a Artur Mas sus propios compañeros de partido y aunque el primer Brutus- et quoque tu fili mi- sea el líder de la CUP.

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