Una propuesta contra la libertad y la democracia

Quienes hemos mantenido desde hace tiempo que el proceso abierto en Cataluña es una secesión unilateral frente a la que una reforma constitucional hacia un modelo federal, una reforma estatutaria o un nuevo modelo de financiación eran absolutamente fútiles, la declaración del Parlamento catalán, propuesta de resolución de Junts pel Si y la Cup, nos ha dado la razón.

La voluntad secesionista es una deriva disparatada que ha sido patrocinada desde el presidente Mas y el partido de Corvengencia Democrática que ha abandonado su posición relativa en el espectro político, a caballo entre el liberalismo, la democracia cristiana y el centro a cambio de situarse en la radicalidad y el extremismo de sus compañeros de viaje. Una transmutación inexplicable y que probablemente conduzca a una imagen final de desmoronamiento y marginalidad de este partido que ha participado activa y constructivamente en la realidad constitucional de estos años. La ruptura con Unió es solamente el anticipo de su previsible futuro.

También los hechos acreditan que la estrategia de Mariano Rajoy ante el desafío catalán ha sido acertada y que hoy el bloque constitucionalista ha respondido a la declaración de inicio del proceso secesionista -creación de la República de Cataluña- de una forma unánime, lo que sin duda es un avance significativo en la presentación de la respuesta del Estado.

Quienes aventuraban que Rajoy no actuaba ante “el choque de trenes” nunca han explicado cuál era el bálsamo de fierabrás que mágicamente habría evitado la declaración secesionista. No había otro método que aunar firmeza y prudencia y esperar a que los independentistas fueran cometiendo errores y que Artur Mas se colocase cada vez más en el fondo del laberinto.
El proceso constituyente Catalán que plantea desembocar en una Constitución se inicia con la “desconexión” del Ordenamiento Jurídico del Estado, al que radical y sustantivamente no se reconoce. Una declaración de sedición, sublevación, e insurrección a la que llama una institución del Estado, el parlamento de Cataluña que forma parte del entramado institucional de la organización territorial de España de acuerdo con la Constitución.

Desgraciadamente el proceso catalán no pretende levantar muros o fronteras entre los sentimientos. Si así fuera, una cuestión de sentimientos en cualquiera de las formas del romanticismo nacionalista del siglo XIX, todavía tendría un cierto valor literario y cultural.

Lo que ha sucedido y está ocurriendo es la ejecución de un plan premeditado, consciente y elaborado para que una parte de los catalanes, quienes lideran a una tercera parte de sus residentes, se queden con Cataluña. Y lo primero que se quieren quedar, así lo dice la declaración de inicio de la secesión, es con la Caja de la Seguridad Social y con la Caja de la Hacienda Pública. Es decir, con los recursos económicos de todos para aplicarlos a los fines de unos cuantos.

A partir de este principio, tendrán sus propios jueces que juzgaran en base a la catalanidad de los sujetos. Y así la familia Pujol estará reconfortada por que su comportamiento estaba motivado por preparar una “caja de resistencia” ante la depredadora España.

Los bienes, ahorros y derechos de los ciudadano españoles y catalanes no independentistas serán expropiados por la nueva República, quedando de momento en el limbo de la inseguridad jurídica y en el vacío de la entelequia de la no nacida República Catalana que es un Estado ectoplasma en formación.

La farsa y la mentira se completa con la apelación “ a una amplia mayoría de votos y escaños” y las referencias a la democracia y a la libertad de expresión.

El presidente del Gobierno debió insistir en su declaración en que esta propuesta de resolución del Parlamento es profundamente anti democrática y constituye un ataque frontal a la libertad.

En estos 37 años de Constitución que se cumplirán en 2015, los dos grandes partidos PP y PSOE cada uno en sus tiempos de gobierno, 12 y 22 años respectivamente, no han podido o no han sabido romper una dinámica nacionalista que ha ocupado sin contemplaciones todos los ámbitos y sectores de la sociedad civil, ante la actitud contemplativa y complaciente de los respectivos Gobiernos, necesitados de apoyos parlamentarios.

Un cierto abandono de los ciudadanos no independentistas por el Estado, especialmente en la educación y un retroceso continuo de la presencia cultural y social de los símbolos, la lengua y la historia de España. Por esta dejación Ciudadanos ha ocupado un amplio espacio electoral.

La sociedad catalana tiene que reaccionar y para ello necesita que los partidos constitucionalistas no pierdan espacio en Cataluña y reafirmen los valores de nuestro modelo constitucional que permite una amplia autonomía a la Comunidades con un sistema cuasi federal en el que el Estado hace el trabajo duro y desagradable de la recaudación de los impuestos, mientras las Comunidades administran el gasto público, con todos lo réditos políticos.

El rapto de Cataluña no puede tolerarse porque es profundamente anti democrático y una amenaza al Estado de Derecho y a las libertades. Por encima de la autonomía territorial está la democracia , la libertad y la ley cuyo primer valor es la exigencia de su cumplimiento.

¿Se imagina alguien en estos momentos un nuevo cantonalismo en la España y en la Europa del siglo XXI?

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