Garantías y reformas de la justicia penal

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Parlamento y publicada el 6 de octubre que lleva en su título “para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales”, ha sido contestada por asociaciones de jueces y por sectores de la Fiscalía, alegando falta de medios personales e informáticos que faciliten el control de los sumarios.

La reforma establece un plazo máximo para la instrucción de las diligencias en los sumarios de seis meses y regula excepciones para las causas calificadas como complejas que tendrán una duración máxima de 18 meses, prorrogables por otro plazo máximo de 18 meses a instancia del Ministerio Fiscal. Los delitos de terrorismo, los que afecten a un gran número de investigados o victimas y los que implican a organizaciones criminales, entre otros, se consideran investigaciones complejas.

El debate, en su fondo sustantivo, no es un mero debate de técnica procesal ni de medios materiales de la Justicia. Lo que se plantea es si la presunción de inocencia que es un derecho fundamental básico puede verse limitada por procesos interminables que se extienden durante años, dilatándose el juicio y por lo tanto la constatación de la inocencia o de la culpabilidad.

La reforma no supone un avance en la atribución de la instrucción a la Fiscalía, tal y como sucede en los sistemas procesales occidentales, por más relevancia que se de a que la solicitud de la prórroga que acuerda el Juez oyendo a las partes y corresponde a los Fiscales.

El Estado de Derecho se caracteriza por la protección y la garantía de los derechos individuales frente a todo tipo de poderes y, significativamente , frente al poder del Estado que ostenta medios y privilegios para cumplir su función de defensa de los intereses generales. Esta la gran aportación del liberalismo en la arquitectura el Estado de Derecho moderno, de tal modo que la razón de Estado no constituye un salvoconducto o patente que permita violentar derechos individuales.

El dilema entre libertad y seguridad es un clásico en la teoría política y el conocido aforismo de Juvenal “qui custodiet ipso custodes”-quien vigila a quienes nos vigilan- contiene un principio fundamental del constitucionalismo hoy plenamente vigente.
Es indudable que las formas de delincuencia se han sofisticado y que la sociedad se estremece ante algunos crímenes y delitos que tienen una gran repercusión social. Pero justificar el valor de la seguridad frente al de la libertad y los derechos individuales es situarse en la posición de aquellos que tienen un concepto limitado de la democracia y que están en posiciones extremas coincidentes, ultra conservadoras y ultra intervencionistas, a pesar de tener fuentes doctrinales teóricamente divergentes.

Felipe González, en los primeros años de su Gobierno, manifestó que “prefería tener el riesgo de ser atacado en el metro de Nueva York que vivir en la seguridad de la Unión Soviética”. Hoy sus compañeros socialistas han mantenido silencio ante las críticas de sectores jurídicos y algunos incluso han acudido a la exageración de afirmar que la reforma “patrocina una ley de punto final”. Nada más lejos.

También es llamativa la falta de respuesta de Ciudadanos que defiende las libertades como principio programático, pero cuyo líder, Albert Rivera, no ha fijado su posición. El silencio de la formación de Pablo Iglesias es coherente con su doctrina política que exculpa el encarcelamiento del líder de la oposición venezolana.

El gran ojo del Estado controla hoy la vida de los ciudadanos, cuyos movimientos, conversaciones telefónicas y datos personales conforman perfiles e información geo localizada que radiografían la vida diaria. Y todo esto medios tecnológicos permite dotar una mayor capacidad a los cuerpos policiales en la investigación de los delitos y la aportación de pruebas.

El poder público controla además directamente con sus presupuestos un parte significativa de la economía. Por tanto, la excusa de la ausencia de medios informáticos y personales para la aplicación de la reforma por sectores judiciales y fiscales suena vacía y corporativa y no puede ser una razón que impida el avance en la consolidación de las garantías constitucionales del Estado de Derecho.

Quienes afirman que el Gobierno de Rajoy ha causado un retroceso en derechos civiles deberían explicarnos su posición ante la reforma publicada.

La dotación de medios a la Justicia y a la Fiscalía es sin duda necesaria, pero no constituye ninguna condición previa que permita retrasar o suspender ni las libertades ni la presunción de inocencia.

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