Los impuestos de los independentistas

¿Realmente tiene alguna base la tesis de que es posible para Cataluña una solución negociada? ¿Quiénes deben ser los sujetos de la negociación, los políticos elegidos o los ciudadanos? ¿Hay alguna posibilidad de que los independentistas acepten otra opción que no sea la independencia?

En el PSOE, Pedro Sánchez ha sostenido con reiteración que él está en condiciones de evitar el choque de trenes que, según su teoría, manejan los maquinistas Rajoy y Mas, como si el movimiento político independentista hubiera surgido como consecuencia de un proceso de recentralización impulsado desde el Gobierno del PP.

Nada más lejos de la realidad. Cataluña, tras la reforma del Estatuto pactada entre Zapatero y Mas, aumenta su techo competencial y la tan nombrada sentencia del Tribunal Constitucional, recordada por la izquierda como causa del auge independentista, realmente no contiene más que ajustes de técnica jurídica y, eso sí, niega la bilateralidad como fundamento del Estatuto. Los magistrados del Tribunal evidentemente no podían mantener otra posición, pues la Constitución reconoce indefectiblemente la competencia del Congreso de los Diputados para aprobar y modificar los Estatutos de Autonomía. Es decir, no es una ley paccionada sino una norma integrada en el Ordenamiento Jurídico nacional.

Por tanto, el Constitucional no corrigió al Parlamento catalán, sino al Parlamento de España que había aprobado una ley orgánica. No hubo ninguna desautorización a la voluntad democráticamente expresada por los catalanes, pues todo juicio de constitucionalidad de una ley parte de una voluntad democrática de rango superior que es la expresada en la Constitución.

La respuesta a la causa o fundamento del movimiento independentista que atribuye todos los problemas de Cataluña a su condición de territorio de España y exculpa a sus gobernantes, se encuentra en un proceso político alimentado desde la mentira histórica del pasado y el espejismo de un futuro que se resume en el principio de que “España no roba” y que les permitirá retener el “excedente robado”.

En algunas declaraciones de los independentistas se argumenta que en Cataluña todas las vías de alta capacidad, las autopistas, son de peaje y que en el resto de España hay unas carreteras modernas libres de peajes. ¿Puede haber alguien en su sano juicio que piense que este es el problema que justifica el independentismo?

Otro de las teóricas soluciones de las que se hace eco el catedrático Muñoz Machado es el reconocimiento constitucional de la singularidad catalana que como el mismo reconoce ya le tiene en su derecho civil foral. Por cierto, ampliamente extendido desde el reconocimiento de la competencia por la Constitución de 1978.
¿Bastaría para detener el disparate independentista que la Constitución declare que “Cataluña es una nación singular integrada en el Estado español” . A lo que añadirían los nacionalistas que “permanecerá integrada en el Estado mientras el pueblo catalán democráticamente no decida su separación”.

¿Esta es la propuesta de singularidad reconocida? Lo cierto es que nadie, ni el insigne catedrático ni los políticos por la singularidad explican y redactan la fórmula mágica.

En el confuso espectro de declaraciones, ocurrencias, ideas y propuestas, el ministro de Asuntos Exeriores, García Margallo, ha propuesto una reforma de la Constitución y la cesión del IRPF a Cataluña. La cesión del ciento por ciento, ya que el cincuenta por ciento ya está cedido en recaudación.

El ministro tiene una reconocida preparación en Derecho Tributario, con estudios en Harvard y por su condición de Inspector de Hacienda, pero no ha explicado cómo se cuadrarían las cuentas de los presupuestos generales y si la medida sería aplicable a todas la Comunidades Autónomas, de tal modo que a todas se les ceda el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

¿Y qué se les cedería, solo la gestión y la recaudación o también la competencia normativa, en el marco o no de la legislación del Estado? Es decir, ¿propone un modelo federal en el que hay Impuestos federales y otros estatales que conviven con absoluta independencia?

Una solución que sin duda favorecería a las Comunidades pobladas por ciudadanos con alta renta, como Madrid o Baleares y pondría en cuestión el sistema del cupo vigente en Navarra y País Vasco. La otra opción que no dice es extender el sistema a todos las Comunidades que ingresarían un porcentaje de su recaudación al Estado que puede ser general o en función de su nivel de riqueza.

La conclusión es que la solución al independentismo catalán está en Europa que debe avanzar en la armonización fiscal con mayor velocidad de crucero, con todas sus consecuencias.

Y la principal consecuencia es la movilidad de los ciudadanos mediante el mecanismo de la economía de opción, de manera que la carga fiscal constituye un elemento decisivo a la hora de decidir el lugar de residencia y de las inversiones inmobiliarias.

Como sucede en Estados Unidos donde en muchos ciudadanos emigran a Florida para disfrutar de sus pensiones con menores impuestos que Nueva York o residen al otro lado del rio Potomac si trabajan en Washington DC.

¿Han pensado los convergentes cuál sería su fiscalidad en una Cataluña, en donde ya padecen los tipos más altos, en una supuesta independencia fortificada y sostenida políticamente por ERC y la CUP?

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