La respuesta jurídica al desvarío independentista

La política es la suma de una ecuación de racionalidad, oportunidad, audacia, prudencia y teatralidad. En la ecuación hay que acertar en la graduación de las variables y en su explicación. Sin pedagogía y sin estrategia, la mejor iniciativa puede convertirse en un desastre. Y esto es lo que le ha sucedido a la iniciativa del Grupo Popular de dotar al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora ante la desobediencia a sus sentencias. Una iniciativa que se presenta a 25 días de las elecciones catalanes, que se formaliza por el Grupo Parlamentario, no por el Gobierno, que no cuenta con el apoyo de los demás Grupos parlamentarios y que solapa la entrevista Merkel-Rajoy que abría las portadas y las primeras imágenes en las televisiones.

Nadie puede suponer ingenuamente que el Grupo Parlamentario actúa autónomamente. Cuando un partido gobierna, el grupo parlamentario no adopta ninguna iniciativa que no sea decidida por el Gobierno al que apoya. Por tanto, el acierto o el desacierto, en este caso el tanto de culpa, recae directamente sobre el Gobierno.
La competencia gubernamental reside en la Secretaría de Estado de Relaciones con Las Cortes dependiente de la Vicepresidenta del Gobierno que para justificar la proposición explica que va dirigida a los funcionarios públicos. Pobres funcionarios a los que se pretende multar e inhabilitar y que ya tiene normas estatutarias y disciplinarias más que suficientes. Una explicación muy poco creíble.

Cuando se redacta o se valora un proyecto de ley o una proposición de ley, lo primero que se hace es determinar con nitidez cuál es la finalidad, el objetivo de la norma que se quiere tramitar. Es decir, hay que identificar definir la necesidad pública o el interés público que se quiere satisfacer.

En nuestro país hay un problema constante y no resuelto con la Justicia que es lenta y sigue anclada en estructuras materiales y formales propias del siglo pasado. Los sucesivos ministros de Justicia han administrado la situación y han intentado sobrevivir políticamente en el viejo caserón de la calle San Bernardo, en los despachos amueblados con el lúgubre mobiliario castellano que se abren a la galería donde cuelgan los retratos de los próceres que han ocupado su despacho principal.

El Tribunal Constitucional padece una parte de los males que aqueja a la Justicia. La sombra de la politización, la demora en dictar sentencias, el marasmo procedimental y documental y el meta lenguaje jurídico que provoca largas resoluciones nuevamente interpretables se reiteran sin que los sucesivos intentos de reforma solucionen estos problemas.

La Justicia emana del pueblo, pero el pueblo en numerosas ocasiones ni la comprende ni la entiende. El Tribunal Constitucional tiene atribuido como primera función declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Si es inconstitucional, expulsa la norma del Ordenamiento Jurídico y en consecuencia deviene inaplicable. Por tanto, la sentencia declarativa es ejecutiva.

En los recursos de amparo instados por los ciudadanos, si se estima el recurso, se recupera el efecto propio del derecho vulnerado. Así, si se declara no conforme un proceso por vulnerar la tutela judicial se anula la sentencia dictada por el Juez o Tribunal y, además, si se ha producido un daño patrimonial, se genera una indemnización. Y si se trata de una Administración Pública que ha vulnerado un derecho o libertad fundamental, el efecto reparador se produce igualmente.

En los conflictos positivos o negativos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la sentencia del Tribunal define inexcusablemente la competencia con toda su virtualidad. Es evidente que existe un problema no resuelto en nuestro sistema jurídico que es el de los actos políticos que incurren en inconstitucionalidad. Es decir los aprobados por órganos políticos institucionales, bien sean Plenos de Ayuntamientos, Cámaras legislativas o Gobiernos autonómicos.

En la doctrina jurídica europea hace ya tiempo que se estimó la responsabilidad del Estado legislador por los actos políticos y en el Derecho alemán se elaboró el principio de confianza legítima o previsibilidad del poder público que está reiteradamente reconocido en la jurisprudencia europea y española. Lo que nuestro Derecho no ha previsto, porque en principio ningún Estado lo prevé, es la declaración unilateral de independencia de parte de su territorio. Como en su día hicieron las colonias con la metrópoli.

En la historia, la solución del conflicto se tramitaba como un acto de guerra. La guerra de secesión en la que desembocaban estos procesos, habitualmente precedidos de algún intento fallido de contención mediante la figura penal de la “lesa traición al Estado”. Un delito que servía para encarcelar espías, traidores y conspiradores de los que hay ejemplos numerosos en la literatura política.

Con prudencia, rigor y buscando un acuerdo amplio, al menos con el PSOE y con Ciudadanos, hay que otorgar al Tribunal Constitucional la competencia para anular los actos políticos declarativos, no legislativos, que contradigan frontalmente la estructura constitucional, cuando planteada la impugnación son rechazados previamente por las Cámaras Legislativas en las que reside la soberanía nacional.

Si el Parlamento catalán declara unilateralmente la independencia, el Congreso de los Diputados revisaría dicho acuerdo y podría anular el acuerdo adoptado, de tal manera que ninguna autoridad ni funcionario público podría ampararse en el mismo y al mismo tiempo todos lo pueden desconocer.

El tiempo actual aconseja firmeza, prudencia y moderación. Rajoy está ganando y va a ganar el reto planteado por los independentistas porque, entre otras razones, está apoyado por la UE, Angela Merkel y la Administración Norteamericana que no van a dar ninguna facilidad en un proceso de balcanización de España.

Por el momento, la independencia catalana no ha avanzado un milímetro. Y además siempre se ha transmitido que la Fiscalía del Estado y el Servicio Jurídico del Estado han preparado la respuesta jurídica del Estado a la independencia. Por tanto, hay que evitar los espasmos y practicar la constancia y la perseverancia.

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