Campaña electoral y reformas

En Madrid, hace años se decía que por la tarde te dan una conferencia o das una conferencia. Ahora, o vas a desayunar o te dan una conferencia en un desayuno.

En uno de estos desayunos, Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, sintetizó muy gráficamente la situación que se encontró el Gobierno de Rajoy cuando llegó a La Moncloa en 2011.”Este Gobierno tuvo dos ventajas: tenía mayoría absoluta y estábamos contra las cuerdas. Con lo cual algo teníamos que hacer”.

Alberto Nadal explicó la herencia del déficit eléctrico, su reducción en 13.000 millones y la cuantía de 24.000 millones que queda por atender en ejercicios sucesivos. Y también se preguntó como en este país hay políticos o grupos sociales que no quieren al menos saber si tenemos o no petróleo en condiciones razonables de extracción.

Se quedaron preguntas en el café del desayuno. Como el efecto de cambio que pueden generar sobre la competencia entre operadores las redes europeas de infraestructuras energéticas. La posición del Gobierno en relación al fracking como metodo de extracción. La liberalización de los minoristas en el sector de hidrocarburos para que puedan actuar como operadores y venderse productos. Y la unificación impositiva en la UE en los precios de la energía para productores de bienes e industrias, como regla de protección a la competencia que evite la deslocalización de actividades.

Recordó que el Gobierno ha tenido que responder a cuestionarios de los eurócratas de Bruselas en relación con la posible calificación de ayudas prohibidas en las subvenciones a las purinas utilizadas para producción de energía eléctrica.

Las últimas recomendaciones de la UE se han dirigido a recordar al Gobierno que debe profundizar la reforma laboral, que tiene reformas por abordar como la liberalización de servicios profesionales y que debe cumplirse el objetivo de reducir el déficit excesivo, acompañado de un endeudamiento creciente en las puertas del 100 por cien del PIB.

En conclusión, todavía quedan muchas reformas por abordar. En el ámbito de la Justicia, Catalá ha desmontado un conjunto de medidas que estaban provocando un profundo rechazo en el mundo jurídico y ,además, no habían conseguido asentar una estructura que sólida impulsase una modernización efectiva en un ámbito que está tan ligado a derechos individuales y a la seguridad jurídica.

Una agenda de reformas muy importante en todos estos ámbitos que es imposible debatir en este plomizo clima de campaña electoral, en el que los candidatos se empeñan en continuar aplicando formulas viejas en la campaña, cuando hoy hay que estar en la calle, en internet y en las redes sociales.

Con la investidura de la presidenta de Andalucía hibernada hasta después del 24 de mayo, en el mejor de los casos y los dosieres volando por la Villa y Corte, no hay en el ruedo político quien consiga descifrar el programa de cada candidato.
Ahora todos están por bajar impuestos, si bien con matizaciones. El PSOE a la clase media trabajadora. Ciudadanos, anunciando tres tipos para el IRPF, pero restableciendo Sucesiones y Patrimonio, lo que es un indudable error ya que conjuntamente recaen sobre el mismo hecho imponible: el ahorro patrimonial. Y el PP, bajando la tarifa autonómica en el primer tramo del IRPF y los tipos de los impuestos indirectos cedidos. De Podemos y Cia. que l cuenten ellos mismos.

En cualquier caso, la credibilidad, poca o mucha que se otorgue por los electores a los candidatos, va a fijarse especialmente en sus antecedentes en relación con la presión fiscal. Esperanza Aguirre realmente ha bajado los impuestos, el de la Renta, ha bonificado Sucesiones al 99 por ciento y ha reducido tipo en Transmisiones. Medidas valientes que han obligado a moverse a las demás Comunidades. Ahora promete bajar el IBI en Madrid.

Y todo a pesar de Montoro que hacía de contracorriente. Dice que el Ministro que no está para que le quieran. Pero tampoco es necesario hacerse el rotweiller.

El anteproyecto del Gobierno de pasear a lo s defraudadores fiscales por la plaza pública. ha provocado una división en el dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Convertir en un suplemento de pena la publicación del defraudador fiscal, no es lo más ajustado a los principios que informan el Derecho Penal en nuestra Constitución. Si añadimos la intención de Hacienda de sancionar las diferencias en la interpretación jurídica de las normas aplicables, se está dando la sensación que a pesar de los poderes, potestades y privilegios del Estado, alguno piensan que es necesario transformarlo en un Leviatan.
Montoro debería releer el recurso de inconstitucionalidad que en los años de dura oposición presentó el PP contra la modificación de la Ley General Tributaria que aprobaron los socialistas.

Ya puestos, lo mejor sería que los defraudadores, hombre o mujeres, paseasen desnudos a lomos de un caballo blanco por las calles como Lady Godiva. Y por qué no los políticos cuando dejen su cargo, para acreditar que no se llevan nada.

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