Recuperación, regeneración y reformas (II)

El debate sobre la agenda de reformas, económicas, fiscales, sectoriales, se ha solapado por un objetivo planteado como la solución de todos los problemas, el territorial de Cataluña y los de corrupción en la política: la reforma constitucional.

Se imputa a nuestra estructura política “un agotamiento de materiales “, como si se tratara de una patología de la edificación, aunque no se definen cuales son los materiales agotados y las razones por las que un proceso constituyente puede ser capaz de solventar todos los problemas que se diagnostican como el fin del modelo constitucional de 1978.

En consecuencia, un debate amañado que empieza y acaba con la rúbrica “la Constitución ya no sirve, los jóvenes no la consideran suya “y hay que sacar del terreno de juego, del Gobierno, al PP que es el dique que obstruye la reforma. Todo el razonamiento acaba evidentemente con la propuesta final.

En esta falsa ecuación, ninguno de los promotores desciende a la identificación de los supuestos materiales agotados, ni presenta una metodología con cierto rigor para detectar esta patología ni valora el apoya necesario para que la nueva norma tenga un aceptación, al menos, en términos similares a la que sustituye.

A lo más que hemos llegado, es al adjetivo de Estado Federal y a la calificación de derechos “blindados”- un concepto de nuevo cuño no explicado ni acreditado en la doctrina constitucional- que se asigna a la educación, al sanidad y a las pensiones.

Técnicamente los derechos y libertades del Titulo primero, capítulo segundo, artículos 14 a 29 de la Constitución, se regulan por ley orgánica, están protegidos por la Ley de protección jurisdiccional de derechos y libertades que les otorga garantías en los órdenes jurisdiccionales civil, penal y contencioso administrativo y posibilitan la interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Esta nueva idea ocurrente de líder del PSOE, Pedro Sánchez, pretende sintetizar una política contra el principio de estabilidad que se ha dramatizado con los términos de recortes y “austericidio”. Algunos, cuando analizan cualquier hecho o acontecimiento político negativo, acuden sin más a la atribución de culpabilidad a “la política de recortes”, entre paréntesis, Gobierno de Rajoy, responsable desde el contagio del virus del Ébola hasta el fracaso escolar. Solo falta en la relación los malos resultados de la selección española de futbol.

Lo que está proponiendo Pedro Sánchez es, sencillamente, sustituir el debate político y el ejercicio legítimo del gobierno por el partido elegido, por una política única, de pensamiento único –correct policy– la del partido socialista, constitucionalmente blindada. Esta iniciativa es, ante todo, escasamente democrática y muy poco respetuosa con las decisiones electorales de los ciudadanos que son mayores de edad para elegir entre diferentes opciones. Desconoce además que estamos afortunadamente en un marco supranacional, el de la UE que es el que está regulando ámbitos cada vez más amplio de los derechos de los ciudadanos europeos. Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, en relación con las ejecuciones hipotecarias en el Derecho español son una buena prueba del progresivo traslado del centro de gravedad de la soberanía de los Estados europeos.

El debate constitucional está sobrepasado por la posición de Artur Mas, cuya última intervención pública es el relato de una declaración unilateral de independencia y de un proceso constituyente, abierto desde unas elecciones autonómicas a las que atribuye el rango de “plebiscitarias”. Ante este nuevo triple salto del Presidente de la Generalidad, el Gobierno de Rajoy está solo con su mayoría parlamentaria que es una mayoría absoluta suficiente para aprobar las leyes orgánicas adecuadas para impedir este proceso independentista constituyente fraudulento y enmarcado en unas elecciones autonómicas.

Rajoy le ha afeado a Pedro Sánchez que al PSOE le iba mejor con Rubalcaba. Se le ha olvidado a decir que también a España le iba mejor.

Será muy difícil que Rajoy encuentre apoyos parlamentarios en el tramo final de la legislatura.

Sus electores piden reformas y quedan asuntos muy importantes todavía en la cartera del Gobierno. Empezando por la Ley electoral, el mejor antídoto contra la corrupción, la reforma de la administración de justicia, la reforma de la administración pública y el blindaje, ahora sí que prohíba los accesos a dedo a la función pública y la huida del derecho administrativo mediante la constitución de empresas y sociedades, la liberalización de la economía con la restricción de los monopolios, la ley de servicios profesionales, la reafirmación de títulos competenciales a favor del Estado con el refuerzo de la legislación básica y su posición de agente único en la política exterior, entre otras cuestiones.

Sería conveniente para estos adalides de la reforma constitucional que leyesen a profesor Eduardo García de Enterría cuyo libro “La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional” seguro que les aclara las ideas y especialmente las del novel secretario general del PSOE.

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