Fútbol: justicia para todos

El lío organizado con la decisión de la Liga de fútbol Profesional de descender al Murcia de categoría y denegar su inscripción en la Liga Adelante por deudas con la Hacienda Pública, con marcha atrás y rectificación después de la decisión de la Federación Española de fútbol, es un paso más en el estado degenerativo y de caos organizativo en que vive el fútbol español.

Calendarios incomprensibles, horarios inexplicables, amaños de partidos en la recta final de la final ¡denunciados por Javier Tebas! a la sazón presidente de la LFP, incumplimientos del plan de saneamiento con la Hacienda Pública, declaraciones concursales por doquier, la Federación con un presidente que no dice ni Pamplona y el Consejo Superior de Deportes cerrado por vacaciones. Por medio, la justicia ordinaria – ya se sabe que algunos estamentos deportivos se ponen muy nerviosos cuando la Justicia interviene- y los mismos personajes en distintos puestos, como Jesús Samper que es presidente del Murcia, miembro de la Junta directiva de la Federación y presidente de Santa Monica, derivado de Dorna y agente comercial exclusivo de los derechos de imagen, patrocinio y licencias de explotación comercial de la Federación Española de fútbol hasta marzo de 2013, aunque se estableció un principio de acuerdo para utilizar sus servicios profesionales, como así se ha hecho en el último Mundial de fútbol.

Según las propias informaciones de la LFP y de la Agencia Tributaria, los clubes de fútbol adeudan a la Hacienda Pública 482 millones de euros a 30 de junio, deuda derivada fundamentalmente de la falta de ingreso de las retenciones practicadas a sus jugadores por pagos de salarios, ficha y primas y del IVA. Es decir, que muchos clubes se financian con el impago de sus obligaciones tributarias.

En el mismo escenario, la transparencia en la retribución de cargos federativos y de la LFP es igual a cero, en un sistema que está viciado por la endogamia, la ley del silencio y el manejo por unos pocos que se reparten los distintos papeles del guión en el fútbol nacional y en el que los aficionados que lo sostienen y pagan no pintan nada.

Realmente el fútbol se divide en cuatro grandes grupos. Los equipos Champions y Europa League, encabezados por los fijos Madrid y Barcelona, que tiene un ojo puesto en la competición española y otro en Europa, que multiplica ingresos y proporciona un estatus diferencial. El resto de equipos de Primera que luchan por mantenerse en la categoría -en Segunda empieza el infierno- y participar de las migajas de los derechos de TV, esperando que, de en año en año, salga algún jugador cuyo traspaso equilibre las cuentas..

El tercer grupo lo forman los equipos de la Liga Adelante, integrada por los caídos de la Primera división que viven en las profundidades del pozo si no logran un rápido ascenso y que aspiran a contar con las subvenciones de Ayuntamientos y Comunidades para ahormar cada temporada un proyecto de identidad local y regional.

Y finalmente la Segunda División B, en la que la puerta del infierno de la Segunda División es para ellos como el balneario de Badem Badem o Evian Les Bains, ya que en los grupos de esta categoría la lucha es sin cuartel y de todos contra todos.

En medio las televisiones no solo de cobertura nacional, sino también autonómicas y locales, y los ingresos de las quinielas. Fuera, las casas de apuestas, que ellas se lo guisan y ellas se lo comen.

El incidente de la intervención de la Justicia en la cancelación de la inscripción del Murcia en el cuadro de la Liga Adelante ha hecho chirriar los estatutos de la LFP y de la Federación que como Pilatos se ha lavado las manos sosteniendo que el número de participantes y el calendario son sus competencias. No prejuzga si juega el Murcia o el Mirandés pero ha obligado a rectificar a Javier Tebas.

La LFP dice ahora que el auto del juez es inejecutable, lo que evidentemente no depende de su decisión, pues le bastaba presentar un incidente de ejecución que es lo que previene la Ley Procesal a los efectos de que resolviese la jurisdicción ordinaria, aun cuando fuese necesario un aplazamiento del primer partido del club murciano.

No ofrece dudad que siendo la LFP un ente asociativo integrada por los clubes de Primera y Segunda, sus decisiones son recurribles ante la jurisdicción civil ordinaria –como las de cualquier otra asociación- y que pueden dar lugar a indemnizaciones por contravenir el ordenamiento jurídico y sus estatutos. Y que a un club con deudas se le baje de categoría es como si a una empresa exportadora en igual situación se le impide exportar. Si tiene la soga al cuello, la medida lo que provoca es que se apriete el nudo.

Es evidente que es necesario discriminar en el mundo del fútbol entre lo que constituyen los elementos deportivos de la competición y los estructurales -los clubes de fútbol tienen mayoritariamente forma societaria y son empresas- que deben seguir las rutas generales del derecho societario y del derecho fiscal. Esto de actuar los directivos unas veces como patricios ciudadanos, cuando les conviene y otras como empresarios a la hora de distribuir beneficios y otras cosas, no es sino un engaño tolerado y consentido.

Que el Consejo Superior de Deportes esté mirando hacia otro lado –las patatas calientes no son para el verano- cuando tenía un mandato de la Hacienda Pública para ordenar la bola de nieve de impagos y vigilar el cumplimiento del plan de saneamiento, siendo la cuestión de fondo la deuda tributaria, es una dejación de sus deberes y competencias.

Como cuenta Marcello en estas digitales páginas, ya estamos en el súper martes fútbolero. Al fútbol español le vendría bien no solo el lenguaje sino también un repaso por el puritanismo anglosajón.

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