Subvenciona que algo queda

La sucesión de casos de corrupción no cesa y ahora le toca el turno a los “cursos de deformación” que han sido utilizados como un medio para apropiarse de recursos públicos en las Comunidades de Madrid y de Andalucía, y que también tuvo un precedente en Cataluña en el amito de Unió. El “modus operandi” es el mismo en todos los casos: subvenciones finalistas, empresas y alumnos fantasmas que cubren la apariencia de su correcto empleo, descontrol de la administración pública competente y distracción de los fondos a unos listos con la connivencia de organizaciones empresariales, sindicatos y partidos políticos.

Si se busca un denominador común en los numerosos casos de corrupción que este país lleva sobre sus hombros, se encuentra siempre tres denominadores comunes. Hay subvenciones, participan empresas, sindicatos y partidos – en los ERES, en Gürtel, en el caso PALAU – y hay una relajación e incluso ausencia de control por la administración pública de tutela. Mucho formalismo burocrático, pero nula eficacia a la hora de detectar los fraudes.

Realmente los países de la UE no contribuyen con tan numerosa aportación como España, con la excepción de Italia que descubrió hace años el sistema de fotos trucadas de campos de olivo en la aplicación de subvenciones concedidas por Europa a cargo de la PAC.

Las medidas del Gobierno de Rajoy han avanzado algo en la reparación por la vía penal de los casos de corrupción y en el control formal por el Tribunal de Cuentas que se mueve al ritmo de una tortuga en un mundo de gacelas sin escrúpulos, pero no ha impuesto un corte de suministro en el sistema que impida su proliferación.

Lo importante sería establecer unos resortes de alerta que permitan identificar las desviaciones que se producen en el sistema sin esperar a que actúe la UDEF cuando ya se ha formado una bola de nieve. Una intervención policial que se produce, habitualmente, por el desparpajo, la desfachatez y vana estupidez de los actores, cuyas prácticas reiteradas y proximidad al poder político les hace actuar con la ostentación propia de quienes consideran que están protegidos por una patente de corso.

Así sucedió en FILESA, con el caso Juan Guerra, con Correa, con las juergas de los EREs y ahora con los cursos de formación.

En la estructura de nuestra administración pública, bastaría atribuir la competencia de control preventivo a la Agencia Tributaria – en definitiva es control de ingresos públicos y se produce una conexión evidente con el fraude fiscal – que en comunicación con la Tesorería de la Seguridad Social podría tener un mapa permanente y muy inmediato de la aplicación de las subvenciones. Aunque realmente el desinterés de los sucesivos Gobiernos por aplicar unas medidas de control dinámicas y eficaces refleja como los partidos políticos se sienten cómodos en el charco de las subvenciones, retozando en el barro con toda comodidad.

Buen ejemplo es el descontrol de las Fundaciones ligadas a sus aparatchicks, de cuyo trabajo de investigación, difusión o formación nadie conoce algún resultado estimable y que se han utilizado durante años como una vía de financiación paralela destinada a pagar gastos excedentarios de las campañas electorales. Bastaría con establecer la incompatibilidad en los cargos del patronato de las Fundaciones de los partidos con los miembros de sus órganos y con sus empleados para colocar cortafuegos entre unos y otras. E imponer a toda Fundación vinculada directa o indirectamente a un partido político, su control por el Tribunal de cuentas en régimen de consolidación de cuentas.

La perplejidad que se planteaba Gómez Urbaneja en este medio al preguntarse cómo en la instrucción del caso Bárcenas el juez Ruz está pidiendo ahora la acreditación de los poderes otorgados, es solo explicable con el estado de impunidad en que se han movido las subvenciones públicas y la rendición de cuentas de partidos, organizaciones empresariales y sindicatos.

La candidata del PSOE a las europeas, Elena Valenciano, ha tenido la ocurrencia de incorporar a su programa la solicitud de una “Troika social” que revise los efectos sociales de los recortes para no recortar. Debería releer las primeras actuaciones de Manuel Valls en Francia y Matteo Renzi en Italia que han puesto en aplicación programas audaces de reforma y de recorte del gasto público, desde la perspectiva de una izquierda que asume los retos y quiere dar una nueva respuesta y pedir una Troika de moral pública que no tiene nada que ver con lo que suceda de cintura para abajo y sí y mucho, con los dineros.

Por aquí seguimos con las viejas recetas de la olla podrida que es un plato de cuchara. Y con un nuevo récord en la deuda pública del Estado del 96,5 del PIB. Menuda herencia nos van a dejar.

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