El impuesto al empleo

El catedrático y presidente de la comisión de expertos para la reforma del sistema fiscal ha hablado alto y claro. Si España quiere crear empleo necesita bajar las cotizaciones sociales y reordenar el IVA de tipo reducido y subir el tipo general en dos puntos. Este diagnóstico y recomendación hace tiempo que se hizo desde organismos internacionales como la UE, el FMI y la OCDE y solo se ha recogido tímidamente por el Gobierno.

Actualmente, las cotizaciones sociales suponen un segundo gravamen sobre el empleo del 30 por ciento del salario que frena la nueva contratación. La tarifa plana aprobada recientemente por el Gobierno es una medida paliativa, pero difícilmente se traducirá en una importante creación de empleo.

Con la construcción de obra civil y la inmobiliaria bajo mínimos -las empresas constructoras que han sobrevivido han buscado refugio en el sector exterior- y la demanda interna todavía muy átona, no se vislumbra un escenario de creación de empleo que reconduzca la tasa de paro a un 15 por ciento de la población activa y el paro de jóvenes a cifras en el entorno del 30 por ciento, muy alejadas de la media europea pero no tan dramáticas como las actuales.

El Gobierno de Rajoy que ha conseguido estabilizar el barco y evitar el naufragio colectivo tiene que ser ahora más que nunca, audaz y presentar un decidido plan de estímulos a la inversión, único camino para la creación de empleo. No se necesitan leyes de emprendedores – las tenemos de todo tipo-, sino un conjunto de medidas que apuesten decididamente por un nuevo marco que favorezca la actividad empresarial.

La primera condición es la bajada de las cotizaciones sociales que puede venir acompañada de una subida de las bases máximas de cotización, incluso en un segundo tramo con carácter voluntario a los efectos de mejorar las prestaciones de la pensión futura del cotizante. Si además se establece un mejora sustancial en el tratamiento fiscal de las aportaciones a planes de pensiones privados -los estímulos fiscales tienen que ser más agresivos para favorecer la aportación desde los primeros tiempos de acceso al mercado laboral- y se flexibiliza en los términos señalados por la comisión de expertos que cita el precedente de Estados Unidos -donde el ahorro vinculado a la jubilación se puede articular como un depósito bancario flexible-, se estimularía al mismo tiempo la contratación de trabajadores y el ahorro.

La izquierda política y mediática, instaladas en un modelo económico y laboral más propio del tardo franquismo que del de las democracias occidentales, se han lanzado a criticar el informe de la comisión de expertos, cuando lo más crítico de sus propuestas es que incurre en un exceso de prudencia y en el mantenimiento de figuras impositivas que suponen una tributación en vacío, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que es un gravamen sobre el patrimonio inmobiliario propio de otros tiempos o una doble tributación, como sucede con otras figuras de la imposición municipal.

La caída en la recaudación desde 2007 está en unos 50.000 millones euros, es decir un 4,8 del PIB, resultante en el ochenta por ciento de la bajada de la recaudación en 12.000 millones de euros como consecuencia del crash inmobiliario y de 28.000 millones de euros por el Impuesto de Sociedades.

El objetivo marcado por el Gobierno de bajar impuestos y ampliar la base de cotizantes solo es posible con medidas radicales y urgentes que no pueden estar condicionadas a un largo debate que defina la nueva estructura del sistema fiscal, cuya reforma es absolutamente necesaria pero que incurre en la inoportunidad del segundo tiempo de la legislatura y del tiempo electoral que arranca con las europeas. Precisamente la proximidad de las elecciones europeas y la entrada en carga a un año de las elecciones autonómicas y locales ofrece al Gobierno y al Partido Popular una indudable oportunidad para aprobar un decreto ley de medidas urgentes que baje las cotizaciones, las retenciones a las rentas medias y bajas y los tipos marginales estatales en todos los tramos con carácter lineal.

Rubalcaba en la sesión de control ha reclamado una bajada del IVA cultural, planteado la problemática de las actuaciones musicales en directo y su repercusión en los jóvenes. La verdad es que el líder del PSOE no deja de sorprender en su permanente deslizamiento hacia la más profunda banalidad política que comparte con la candidata al Parlamento Europeo, Elena Valenciano.

La explicación política del líder de la oposición ha sido que “el PP se la tenía guardada al mundo de la cultura”, lo que es un absurdo -¿solo escuchan música los votantes socialistas?- y ofensivo para los diez millones de ciudadanos que han apoyado al Gobierno de Rajoy en las urnas y que son evidentemente consumidores de las distintas manifestaciones culturales que eligen libremente.

El reduccionismo de Rubalcaba ha encontrado la explicación, la piedra filosofal, de las políticas aplicadas por el Gobierno – que ha practicado un seguidismo moderado de las recetas que reclamaban Europa y los organismos internacionales: El PP tiene y actúa “por manías”. Como los profesores en los colegios, según los malos estudiantes. Puro infantilismo político.

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *