La reforma fiscal. Más principio, menos circunstancias

El informe para la reforma fiscal elaborado por la comisión de expertos presididos por Manuel Lagares, en sus grandes titulares, parece que no ha producido el efecto taumatúrgico de dar sosiego en un reto tan importante para la modernización de España y tan reclamado por los ciudadanos.

En la historia de la fiscalidad hay nombres significativos como el de Raimundo Fernández Villaverde que impulsó la primera reforma fiscal del siglo XX, mantenido como ministro de Hacienda por Silvela contra viento y marea, como relata el profesor Velarde.

En nuestra reciente democracia, la UCD con Fernández Ordoñez al frente de Hacienda, moderniza y homologa nuestro sistema fiscal a los países occidentales en un proceso que converge con la incorporación a la UE y la transposición del IVA a nuestro sistema tributario, como pieza central del sistema tributario.

Rajoy declaraba este fin de semana al diario ABC que las reformas constitucionales en España vendrán de la mano de la propia transformación de Europa. En materia de legislación ordinaria fiscal, el ritmo de convergencia impondrá necesariamente una legislación uniforme europea como condición para preservar la unidad de los mercados y la competencia, quedando limitada y reducida la fiscalidad de competencia exclusivamente nacional.

El anuncio de las medidas elaboradas por el Comité de Expertos tiene aspectos muy positivos, como la reordenación y supresión de los tributos de creación autonómica – unas 100 figuras impositivas -, pero a pesar de algunos titulares que afirmaban que “no dejaba títere con cabeza”, el documento ha transmitido la sensación de que, en algunas figuras impositivas han descendido demasiado a los detalles de la fijación de tipos que es una materia más propia de la acción política del Gobierno en las Leyes de Presupuestos. El estudio o al menos su presentación ante la prensa, debía haber sido ser más estructural que particular.

España tiene en el orden económico tres problemas acuciantes. El endeudamiento público – el déficit ha llegado al 95,7 % del PIB -, la competitividad de su economía lastrada por la escasez de fuentes de energía propias y de recursos naturales – no somos un país rico – y una estructura territorial muy costosa que distorsiona la producción y prestación de bienes y servicio públicos, un modelo de administraciones públicas ineficiente y complejo.

El primer problema exige que las cuentas públicas se estabilicen. Las reformas fiscales en España siempre han estado guiadas por la necesidad de abordar planes de estabilización. Así sucedió con la reforma fiscal de Fernández Villaverde vinculada a la pérdida de las colonias, con la reforma fiscal de Navarro Rubio derivada del plan de estabilización de 1959 y con la reforma de Fernández Ordoñez que vino con la restauración democrática de 1978 y la necesidad de equilibrar el gasto público tras la crisis del petróleo y la nueva estructura constitucional del Estado.

Desde noviembre de 2011, el Gobierno de Rajoy ha tenido que abordar un plan de estabilización, singular y específico por la necesidad de recuperar la confianza de los mercados para mantener un sistema de servicios públicos y de pago de la deuda, que nos permite mantenernos en lo que conforma la unión monetaria. Más allá de la terminología a utilizar, rescate, estabilización, devaluación interna, lo cierto es que el proceso de saneamiento y recuperación económica está inconcluso.

Nos queda por abordar una reforma y redimensión de las administraciones públicas, muy compleja por la interferencia política de la realidad autonómica azuzada por el nacionalismo sin retorno e insolidario del Gobierno catalán y las adherencias de las Autonomías, instaladas en una visión política y contable particular y limitada.

Y también nos queda por abordar una transformación radical de nuestro sistema fiscal, un aggiornamiento, para seguir los vientos de Europa y cerrar el engranaje de un espacio económico, financiero y fiscal.

Los principios son evidentes. Un sistema fiscal eficiente y justo es el que con simplicidad y neutralidad sirve a un modelo de crecimiento económico que transciende hoy a las decisiones de los propios gobiernos y que consigue que la equidad horizontal y vertical de los tributos satisfaga las necesidades públicas y la movilidad social.

Es cierto que descender de los principios, de la teoría, a las leyes y reglamentos no es una tarea fácil. Pero España y su Gobierno en primer tiempo no pueden desconocer que los retos siguen estando delante de nosotros y que la economía vive y gravita inmersa en un gran acelerador.

El momento no es lo suficientemente pacífico para los debates académicos tranquilos y con sosiego. Si Montoro quería generar un clima apacible para la reforma fiscal de 2015 parece que no va a ser posible. Los tiempos electorales se acercan y cuando esto sucede de poco sirven los expertos fiscalistas.

PD. Esta mañana en la COPE, Carlos Floriano ha declarado que el informe de los expertos no es el documento del Gobierno. Y ha repetido, ante cualquier pregunta, por lo menos 15 veces que el PP va a bajar los impuestos. Se le ha escapado en medio de esta reiteración que piensa que los impuestos “ahora son dinámicos”.

Después de escucharle no hay otra conclusión: no nos van a bajar los impuestos, aunque eso sí van a ser “dinámicos” como el dúo de Manolo y Ramón.

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