Regulaciones inteligentes

Incertidumbres, inversiones, internacionalización. Y en la cúpula, más barroca que neoclásica, los reguladores, la competencia y el sistema fiscal. Las declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, presidente de IBERDROLA, anunciando que el 90 por ciento de las inversiones en 2014 las realizará fuera de España, refleja el mar de fondo que viven los sectores regulados en sus relaciones con el Gobierno.

El debate del sector eléctrico, el precio de la energía y su reforma, es como el manto de Penélope y ya llevamos 25 años de reformas anunciadas, mientras los ministros del ramo se suceden sin que ninguno acabe de poner el cascabel al gato.

Parece que hay algunas declaraciones previas sobre las que hay acuerdo. Somos un país sin fuentes de energía -importamos electricidad de Francia en los ciclos expansivos de la economía-, abogamos por un mix energético -aunque los porcentajes correspondientes no son pacíficos- y el traslado de precios a los consumidores es un guirigay de difícil comprensión y con resultado siempre en contra del ciudadano. La comparación de las tarifas con la que se aplica en los países de nuestro entorno es francamente desfavorable a los ciudadanos.

En el debe permanente, las decisiones de los Gobiernos de colar en las tarifas otros conceptos y un déficit tarifario histórico que crece. La factura, con el atrezzo del céntimo sanitario en la gasolina, la compensación por la moratoria nuclear, las primas a las renovables y los impuestos especiales en las eléctricas que se suman al recibo como voraces sanguijuelas.

El ministro Soria ha intentado poner orden en este barullo y establecer un punto de equilibrio entre los empellones de Hacienda y de los distintos sectores. Pero el resultado no está siendo muy positivo, con una reforma energética camino de los Tribunales de Justicia y que ha modificado un marco regulatorio en el que confiaban y participaban fondos nacionales e internacionales. Las declaraciones del Presidente de Iberdrola, una de las grandes y un blue chips en los mercados, reflejan una brecha profunda con el Ministerio de Industria y son muy negativas para una imagen de España que tiene que ser un activo receptor de inversiones extranjeras.

Las medidas de liberalización del Gobierno y las reformas estructurales no han avanzado al mismo ritmo en todos los sectores, sin duda apremiado por los problemas del sector financiero y las presiones por la deuda pública. En los gobiernos del PP en los años 1996-2004, la iniciativa legislativa en la política de liberalizaciones se extendió a múltiples sectores desde el impulso de los Ministerios de Economía y de Fomento dirigidos por Rodrigo Rato y Rafael Arias Salgado y con una positiva recepción por las empresas y los mercados. El sector de telecomunicaciones es un ejemplo de esta política que introduce la competencia con un marco regulatorio estable que se traduce en mejores tarifas para los consumidores.

Hoy no es posible acudir a medidas proteccionistas de la industria nacional y los ajustes estructurales y desmontaje de monopolios en el marco europeo ya es pasado. El único camino hoy es la adecuada regulación de los mercados, la apertura y los controles y dificultades que impidan prácticas oligopolísticas y colusorias.

En el sector eléctrico hemos perdido control accionarial en Endesa a favor de los italianos y también en Iberdrola a favor de británicos y escoceses. Estos son los naturales peajes de la apertura del mercado de propiedades y la globalización en la fusión de sociedades. En el sector de hidrocarburos también hay un proceso de toma de control por inversores no nacionales y una apertura en el abanderamiento de estaciones de servicio. En el sector de la alimentación, como el aceite, también se perdió hace tiempo el control de las primeras empresas distribuidoras a favor de los italianos. Y el caso IBERIA, con indudables errores en la estrategia empresarial, ha aterrizado en el Reino Unido de la mano de AIG.

La competencia es ineludible, e intentar imponer barreras directas o indirectas por la vía de una traslación a la factura de costes exógenos, un tremendo error. No hay otra política que mantener una decidida política desregulatoria y con neutralidad en la formación de precios y tarifas que eviten la distorsión de la competencia y las ayudas indirectas.

Al Gobierno le que queda mucho trabajo por hacer en la reforma fiscal. Hasta ahora solo se ha hablado del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Los impuestos especiales sobre la electricidad y los hidrocarburos, los impuestos de sucesiones y transmisiones y actos jurídicos documentados requieren una transformación radical. Y es necesario blindar la formación de precios y tarifas de recargos externos que distorsionan los mercados, y solo sirven para estimular tics intervencionistas.

Los Gobiernos tienden a desplazarse por la pendiente del intervencionismo y les cuesta desprenderse del poder administrativo y fomentar reglas de juego objetivas, neutrales y estables. Esto se define como smarts regulations -inteligentes regulaciones- que es el término que utiliza el Banco Mundial para analizar la liberalización y neutralidad de los distintos países.

Las declaraciones del Presidente de Iberdrola puede que sean excesivas y que algunos apelen al patriotismo más rancio. Iberdrola, resultado de una empresa domiciliada en Bilbao, Iberduero y de Hidroeléctrica Española, hace ya tiempo que es una multinacional y que vuela por los mercados sin fronteras.

El ejemplo de Fiat en Italia viajando desde Turín hacia Holanda, Londres y Nueva York, es una buena prueba de que las empresas han perdido los colores nacionales y toman las opciones más adecuadas a sus inversores.

Un mundo abierto es un mundo más libre por mucho que algunos apelen al corazón y al nacionalismo de capa y espada. Hoy los campos de batalla están en los mercados que es donde se ganan las guerras. Y los ministros de Industria tienen que podar el BOE de disposiciones administrativas.

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