Papeles auténticos y papeles veraces

La demanda civil de protección al honor presentada por Cospedal contra Bárcenas y El País ha servido para acreditar la autenticidad de los papeles publicados y se ha llevado por delante las sucesivas demandas contra el referido medio interpuestas por otros dirigentes del PP. Todo un fiasco.

Si, además, ha quedado acreditado que la entrega de los papeles se realizó por Jorge Trias y teniendo en cuenta la prejudicialidad penal, todo apunta a que la demanda presentada es un acto de reparación torpe y fallido.

Estratégicamente, políticamente, la declaración televisiva de Bárcenas introduce un relato verosímil en la entrega de complementos retributivos a la dirección del PP , por más que algunos alineados con la negación de la realidad , en aras de cumplir sus compromisos personales con el poder y arrumbar la razón, mantengan la tesis de que “no hay pruebas”.

El modus operandi de los complementos, fiscalmente gastos de representación, han tenido distintas regulaciones en las sucesivas modificaciones del IRPF. Génova pudo organizarlo jurídica y fiscalmente de diversas formas, pero eligió el peor sistema: se puso en manos de un empleado el pago de los directivos y para mayores ,con dinero B.

Nada ni nadie hubiera objetado una retribución por dedicación exclusiva o mayor dedicación con cargo a los presupuestos del partido y las consecuencias fiscales debidas.

El cúmulo de errores de estrategia y de respuesta política manifiesta una tremenda ineptitud para la resolución de un conflicto que transciende a todo un partido político y sume en la perplejidad no solo a la opinión pública, sino especialmente a sus afiliados y votantes. El “no hay pruebas” sirve para un procedimiento judicial, pero no para dar una explicación política que exige coherencia y racionalidad. Si, además, el gerente, responsable de la contabilidad de la organización, ha acumulado una fortuna de procedencia no explicada, las sombras de duda se convierten en indicios racionales.

Nuñez Feijóo -”un político debe esquivar la soberbia de no reconocer un error”- ha aportado sentido común y define un buen principio para una estrategia de recuperación política: los errores en política como en la vida hay que reconocerlos como primera medida preventiva para evitar su repetición. Y, después, definir las propuestas y medidas para dificultar la reiteración de hechos similares.

La autenticidad no presume la veracidad, pero sitúa el debate jurídico y político en un ámbito y escenario diferente. A partir de este momento la cuestión está en determinar en qué fecha se hicieron las anotaciones, lo que tampoco acredita su veracidad, pero introduce un nuevo elemento en el juicio racional y valoración de la prueba.

Según los peritos forenses, el pendrive de Bárcenas que obra en el sumario corresponde a archivos informáticos entre los años 1990 a 1994 y refleja entradas y salidas en esos años que se cotejaran con la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas.

En enero de 2013 publiqué un articulo -”Las explicaciones no pueden esperar”- en el que decía: “Los ciudadanos tienen derecho a exigir un sistema de financiación transparente, controlable, con los suficientes cortafuegos y con una capacidad de reacción inmediata que disipe cualquier atisbo de tolerancia. Una sociedad organizada democráticamente no puede aceptar agujeros negros de ilegalidad en las organizaciones que tienen que articular la participación política, en las que la exigencia de compromiso con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables – que se establecen para todos los ciudadanos- debe ser máxima”.

No hemos avanzado mucho desde entonces. Las temperaturas de la primavera y el verano no han despejado la espesa niebla generada y el procedimiento de la Audiencia Nacional sigue, paso a paso.

La autenticidad de los papeles ya no ofrece duda. Si el testigo de cargo declara y acredita la veracidad, ¿hay una estrategia política hay preparada?

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