La memoria no puede olvidar

La sentencia de la Gran Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado por 15 votos contra 2 que se ha violado el artículo 7-derecho a la libertad y seguridad- de la Convención y por unanimidad, que desde el 3 de julio de 2008 se ha producido en nuestro sistema penitenciario una detención irregular de la demandante, Inés del Río con violación del artículo 5- no hay pena sin Ley- de la Convención.

Además, establece una indemnización de 30.000 euros a cargo del Estado español por daño moral y le condena a unas costas y honorarios procesales de 1.500 euros.

La defensa del Estado contra el terrorismo de ETA que ha incumbido a nuestro sistema penal y penitenciario -el Derecho penitenciario tiene una conexión causal con el Código Penal- ha tenido siempre el escape del cumplimiento íntegro de las condenas y las excarcelaciones que, en distintos momentos, se han producido.

La creación de la Audiencia Nacional el 4 de enero de 1977 respondió a la necesidad de un órgano jurisdiccional con competencia en todo el territorio nacional en aquellos delitos por su naturaleza, por su especificidad, por la amplitud del ámbito territorial o por su trascendencia social -como el terrorismo- exigían una instrucción en un órgano judicial centralizado, lo que no contradice el artículo 24.2 de la Constitución que recoge el derecho a ser juzgado por el juez natural.

El PP llevó reiteradamente en sus programas electorales la doctrina del cumplimiento íntegro de las condenas en los delitos de terrorismo y se suscribió durante el Gobierno de Aznar con el PSOE -firmaron los secretarios generales Javier Arenas y Rodríguez Zapatero- el Acuerdo por la Libertad y contra el Terrorismo el 8 de diciembre de 2000 que ha vivido tiempos de bonanza y otros de confrontación con acusaciones de deslealtad.

Después de la sentencia que anula la interpretación de nuestro Tribunal Supremo -Doctrina Parot- que mantuvo que los beneficios penitenciarios se aplican, en el caso de pluralidad de condenas, a cada una de ellas y no al límite máximo de 30 años que recogía nuestro Código Penal, se necesita con urgencia un acuerdo de los dos grandes partidos PP y PSOE en la explicación a los ciudadanos de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Europeo y una agenda común en la reforma preparada por el ministro Ruiz Gallardón, que introduce la prisión permanente revisable que es una demanda social mayoritaria en los delitos más graves y reprobables.

El terrorismo es una parte de nuestra historia que debe permanecer en nuestra memoria colectiva por el terrible daño radicalmente injusto que han padecido las víctimas. No hay derecho al olvido, por mucho que el final del terrorismo era y es inexorable.

La sociedad española recibe la sentencia del Tribunal Europeo con la natural incomprensión de los razonamientos jurídicos que, en ocasiones producen efectos que se nos presentan incompatibles con los valores comunes de la justicia y la equidad.

Esta es la grandeza y las contradicciones que provoca, también, el Estado de Derecho. Pero por ello ahora es muy necesario hacer política por el PP y el PSOE y liderar la sociedad para reafirmar que la libertad y la democracia siempre ganarán. Y no olvidar a las víctimas de quienes todos somos deudores.

PD: Las declaraciones de Rosa Díez solicitando que la sentencia dictada solo se aplique a la demandante Inés del Río es un ejercicio más voluntarista. Y las del Fiscal General en el sentido de que se examinará caso por caso, una obviedad.

Las solicitudes de excarcelación se producirán previsiblemente con carácter inmediato y los órganos jurisdiccionales dictarán autos de conformidad con la doctrina del TEDH, salvo que existan unos hechos que fundamenten una motivación jurídica suficiente para considerar que no hay identidad de razón.

Conviene no llevarse más frustraciones que las debidas y agilizar la reforma del Código Penal para incrementar la pena máxima a 40 años, como está en el Anteproyecto o mejor a 50 años.

Las lamentaciones de hoy no borran los errores ni las ingenuidades del pasado.

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