El laberinto autonómico de Rajoy

Pedro Solbes, Ministro de Economía y Hacienda de Zapatero, abandonó  el Gobierno acuñando la frase del “sudoku autonómico”, de solución imposible, ya que las reclamaciones y peticiones de las Comunidades Autónomas superaban el montante de los ingresos públicos a distribuir.

El sistema de financiación vigente aprobado en 2009 por el último Gobierno socialista y que el Partido Popular prometió derogar y reformar, pervive apoyado por el actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y por el Presidente Rajoy que,únicamente, se han comprometido a publicar las balanzas fiscales y a una agenda para el 2014.

De momento todo sigue igual y el nuevo modelo  no estará en vigor hasta el primer semestre de 2014 y previa la aprobación de una reforma fiscal de la que se desconoce en estos momentos todo: no hay  explicación de un solo principio de sus líneas maestras. Recordando el calendario electoral, si el Gobierno cumple sus previsiones, se estará a un año de las elecciones autonómicas y locales. Y todo se fía a un previsible recuperación económica que mejore la recaudación de los ingresos públicos el próximo año. Demasiado poco tiempo y demasiados nubarrones para que encaje todo el puzzle.

Ignacio González, el Presidente de la Comunidad de Madrid le ha amenizado el desayuno a Rajoy con su artículo publicado en El País en el que explica sintéticamente el desfase de financiación que padecen los madrileños, atrapados en el modelo 2009 patrocinado por Zapatero que beneficia a Cataluña y Andalucía por sus intereses electorales y castiga a Madrid. El artículo denuncia una situación y no abunda en la solución y en los principios de aplicación que demandarían  un nueva publicación.

En todo caso, el Gobierno de Rajoy quiere dejar pasar el tiempo a ver si escampa y ejerce el absentismo ideológico. Ni dice que va a hacer ni, al menos,  formula unos principios que ,se supone, el Partido Popular tiene que tener en su acervo y en su programa sobre lo que debe ser la arquitectura fiscal y financiera del Estado, Autonomías  y entes locales incluidos.

Y parece que sus barones, desde Castilla-León pasando por Madrid hasta Extremadura, no comparten el estado actual de distribución de los ingresos públicos que en estos 35 años de democracia no ha conseguido cerrar los desequilibrios territoriales y acercar a las regiones del sur  a las condiciones de que disfrutan las Comunidades más ricas.

Con una participación de las Comunidades del 50 por ciento en los principales impuestos,  la distribución de los ingresos públicos se convierte en un sistema indescifrable más próximo a las demandas políticas y estrategias electorales que a unos criterios objetivos poblacionales y recaudatorios que determinen una aplicación más automatizada y reglada.

Ni se puede contemplar el sistema de financiación sin una modernización de la fiscalidad, ni se puede continuar con la clausula de elusión de responsabilidad tributaria y recaudatoria de las Comunidades que han federalizado solo el gasto al  tener atribuido en exclusiva el poder dispositivo y  su gestión.

En definitiva, un modelo quebrado estructuralmente, ineficiente, injusto y que fomenta el déficit público y la subida impositivo. Todo ello muy disonante con lo que se supone que constituye el acervo político del Partido Popular, cuyos votantes defienden conceptualmente un Estado que garantiza la unidad constitucional, la libertad económica y la reducción impositiva y burocrática.

El laberinto de Rajoy se complica en el segundo tiempo de la legislatura. La reforma fiscal mas la reforma de la financiación autonómica es un cocktail demasiado fuerte para presentarlo a los ciudadanos con unas elecciones europeas en junio y a un año de las  municipales y autonómicas. Si además se mete por medio el problema catalán y la senda rupturista del Gobierno de la Generalidad, mientras Rajoy  pone en circulación a “liebres” como Sánchez Camacho con tan poco éxito, no parece que el Partido Popular esté dando la respuesta que reclaman sus votantes.

El arte de dejar pasar el tiempo, según los expertos en edificación, no beneficia a las estructuras  que con el deterioro  natural y las inclemencias del tiempo acaban colapsando.

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