¿Hay un soporte para la recuperación?

La pregunta que todos nos hacemos en el final del verano, es si hemos tocado fondo en la crisis y hay un soporte de elementos fundamentales para iniciar la senda de la recuperación económica.

En el lado positivo, no cabe duda que la política el Gobierno ha dado resultado en los mercados financieros internacionales que se ha hecho patente con la nueva banda de oscilación de la prima de riesgo en el lapso de los 240 a 260 puntos básicos, beneficiada de la compra de bonos europeos por inversores asiáticos.

La ruptura de la senda negativa en el PIB de la UE y la mejora de indicadores en EEUU generan un entorno económico mucho más favorable para la economía española que mantiene su buen comportamiento en su balanza comercial, exportaciones y en los ingresos por turismo no nacional.

El escenario bancario, realmente la reconversión de las Cajas de Ahorro, tiene ya unos actores definidos que están aplicando una política de saneamiento de balances y reordenación de sus activos crediticios. Este saneamiento se está protagonizando por las entidades financieras tradicionales que han digerido mayoritariamente el sector de las Cajas de Ahorro.

El SAREB, sin embargo, que actúa como un aparcamiento de los casos de mayor gravedad, no está respondiendo con la velocidad que es necesaria a la salida de activos dañados. Si bien es cierto que los que se le han trasmitido son los que presentan unos coeficientes mayores de depreciación y son los más perjudicados en el proceso de financiación. En cualquier caso, la estructura SAREB actúa muy burocratizada y su contador de tiempo -15 años de vida operativa- marcha inexorablemente.

El clima general de confianza del país ha mejorado y los sectores más activos de la sociedad, al menos, contemplan inversiones y actuaciones sobre la previsión de un entorno más favorable.

En el lado negativo, el incremento de la morosidad, en el entorno del 11 por ciento, cifra media no aplicable a todas las entidades, a pesar del proceso de renovaciones y refinanciaciones que las entidades han acometido con un alto grado de decisión. Un proceso de refinanciación que ha alertado a la UE y al BCE y que motivará una evaluación de solvencia de las carteras de créditos y préstamos en el tramo final del año.

Sin duda, en el clima de incremento de la morosidad ha actuado muy negativamente las campañas pro deudores montadas desde la Plataforma anti desahucios, aderezada por la iniciativa andaluza de expropiación del uso en las ejecuciones bancarias.

Sorprendentemente la Plataforma que no quiere perder protagonismo -veremos si lo mantiene tras las vacaciones que se han tomado- ha acusado al PSOE de intento de apropiación de su iniciativa al presentar recurso de inconstitucionalidad contra la denominada Ley anti desahucios, Ley 1/2013. Una Ley que modifica y amplia el Real Decreto-Ley 6/2012 de medidas de protección a los deudores sin recursos, consecuencia ambas normas de la presión recibida por el Gobierno –no debidamente resistida- y de la débil respuesta de la patronal bancaria frente a la campaña orquestada.

Un recurso de inconstitucionalidad planteado a contra mano, ya que los reproches de inconstitucionalidad están más en el lado de las derogaciones del régimen general procesal e hipotecario que se impone a las entidades financieras a las que se les carga con políticas sociales que deben actuarse a través de los presupuestos generales del Estado. En un Estado democrático de Derecho el principio de igualdad ante la Ley y la política redistributiva con la que se financia las prestaciones sociales, se ejecuta a través del sistema fiscal.

Pero la demagogia es el mejor caldo de cultivo para formular la ecuación “los Bancos son los responsables de la crisis, el deudor no puede pagar, luego que el Banco asuma el coste de su insolvencia y le subvencione”. Un sofisma que ha tenido un medio ambiente favorable ante el tancredismo del mundo financiero y la contemplación de los ciudadanos –siempre hay alguno damnificado por su Banco- que deberían recordar que el modelo aprobado encarece el crédito y traslada el coste a los terceros que sí cumplen sus obligaciones.

También, en el lado negativo, el incremento de deuda del Reino de España, que alcanza el 90 por ciento de su PIB, aun cuando no traslada de momento preocupación a los mercados que siguen respondiendo a las subastas de emisiones del Tesoro.

Y asimismo preocupante el incremento de las figuras impositivas –del orden de veinte- creadas por las CCAA para recaudar más ingresos. Insaciables en sus estructuras y poco implicadas algunas en una autentica reforma estructural de su organización política y administrativa, siguen siendo una asignatura pendiente en la reforma del Estado que el Gobierno de Rajoy debe impulsar.

Cataluña pierde sector empresarial que migra a Madrid y los ciudadanos que pueden escapan de las Comunidades con mayor carga impositiva. La competencia fiscal es muy positiva para que cada Gobierno sea evaluado en la relación entre lo que recauda y lo que retorna en servicios públicos.

Parece que el Gobierno impulsará la reforma fiscal en el otoño- de la que no deben escaparse las CCAA- que es una pieza absolutamente necesaria para impulsar la competitividad de nuestra economía y el relanzamiento de las inversiones. El modelo de más impuestos y los viejos trajes de leyes como la de emprendedores-en trámite legislativo- sirven de muy poco ante un mundo globalizado que permite deslocalizar actividades y que transita, con más o menos facilidades por los mercados.

Sería muy positivo que el Gobierno de Rajoy invierta la tendencia de más impuestos que ha aplicado en sus dos primeros años y ponga en práctica una auténtica policía de apoyo a los que crean empleo que son los que se arriesgan y crean proyectos empresariales.

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