El lío que ha organizado el Gobierno con la redistribución del déficit de las Comunidades es de campeonato. Ha abierto un proceso de discusión con los propios barones del PP con la propuesta de trato diferencial a Cataluña, pendiente de confirmar, únicamente apoyado por el presidente de Valencia, Fabra, ahogado financieramente por los “pecados financieros” de sus antecesores en el cargo.

En principio, el porcentaje del 1,5 es lineal para todas las CCAA y la ampliación del plazo concedido por Bruselas al Reino de España solo debía traducirse en un deslizamiento técnico de la distribución interna que tiene que hacer el Estado en cumplimiento del programa de estabilidad presentado y acordado en la UE. Pero las negociaciones bajo cuerda de Montoro con el Gobierno de la Generalidad han disparado las alarmas de las demás CCAA que tendrán que seguir apretando las tuercas presupuestarias y aplicando recortes a sus ciudadanos. Un mal escenario cuando se está en el ecuador de la legislatura, las elecciones autonómicas se celebrarán en mayo de 2015.

Menudo mensaje a sus electores. El Gobierno les sube los impuestos y encima le da ración doble al Gobierno de Cataluña, Comunidad en la que el PP obtiene, junto con el País Vasco, los peores resultados electorales y que ha planteado un proyecto secesionista.

La mayor permisividad en el déficit va a traducirse en un incremento de la deuda -el déficit solo se financia con deuda o con ventas de activos reales- precisamente en las Comunidades en las que los pasivos financieros lastran el presupuesto. Según los datos del Banco de España, a cuarto trimestre de 2012 Castilla-La Mancha (28,2%), Valencia (29,4%), Cataluña (25,4%) y Baleares (21,6%) tienen deuda por encima del 20 por ciento de su PIB, muy lejos del 17,6 que es la media de todas las CCAA.

Lo especialmente relevante, además, es la senda de incremento de la deuda que presentan estas CCAA desde el cuarto trimestre de 2011, en un solo año. Castilla-La Mancha (+10,1%), Valencia (+8,7%), Cataluña (+4,3%) y Baleares (+5,1%).La media de todas las CCAA se situó en +4,3%.

Frente a estas cifras, en Madrid con un 10,7 % de deuda sobre PIB, creció en el mismo periodo el 2,5% y en País Vasco con un 11%, un más 2,7%.

Políticamente no hay más explicaciones que el “sé lo que hay que hacer” de Rajoy que es un apelativo a la fe ciega, cuando la política en democracia se caracteriza por la convicción de la razón y la confianza se gana en la elecciones y se revalida todos los días.

La cuestión de fondo es que el sistema autonómico está sustentado en un modelo de financiación que está quebrado. Que no es sostenible desde la perspectiva su relación con los ingresos fiscales que genera la economía española en una situación de crisis, ni sostenible políticamente mientras no se acepte por todos que la suma de la financiación de las CCAA no puede ser superior al 100 por 100 de los ingresos a distribuir. El conocido sudoku que expuso gráficamente Solbes y que, ante los manejos de Zapatero, puro trilerismo político, se salió del circuito del Gobierno.

El modelo autonómico no solo ha distorsionado el equilibrio de las cuentas públicas y ha acumulado una deuda pública no gestionable por la CCAA que tienen cerrados los mercados a su financiación -el viaje de la Generalitat a Wall Street para financiarse ha sido fallido.

En cualquier caso, el mayor déficit y la acumulación de deuda serían desequilibrios que tendrían una justificación si se hubiera producido una efectiva redistribución territorial, de tal modo que se hubieran reducido las desigualdades entre sus ciudadanos. Sin embargo, la radiografía del paro marca una línea entre las CCAA del sur, Extremadura, Castilla-la Mancha y Andalucía con cifras superiores al 30% y el resto del país. Este es el verdadero cociente del déficit. El resultado de dividir el valor aportado por los poderes públicos en los servicios públicos por la población de cada Comunidad Autónoma de acuerdo con su renta disponible.

Rodríguez Bereijo, ex presidente del Tribunal Constitucional afirma en “El Mundo” que “Fue un error que el Estado transfiriera Educación y Sanidad”. A Educación y Sanidad, debió añadir Justicia. Los tres pilares sobre los que se asientan la igualdad de los ciudadanos y que permiten corregir desigualdades derivadas de las diferencias sociales.

El problema de la distribución de un déficit no puede convertirse en una ratificación de las desigualdades territoriales que repercuten directamente en sus ciudadanos. El Estado democrático, en la evolución de las sociedades, nace como estructura para garantizar el sometimiento a la Ley, los derechos y la igualdad de los ciudadanos.

El Gobierno no puede renunciar a su deber de garantizar la solidaridad entre los territorios y, por tanto, entre los ciudadanos. No hay justificación económica ni política para alterar la igualdad. Y si hubiera una razón en estos momentos para modificar una distribución lineal del déficit, esta decisión solo podría justificarse en una distribución que corrija las diferencias de renta disponible de los ciudadanos en las distintas CCAA, de tal modo que se moderen los efectos más intensos que se producen sobre aquellos con menor renta que padecen las consecuencia de los recortes.

Políticamente, si quebrar la igualdad es una moneda de cambio para aplacar el independentismo de CiU, es un error inmenso error, además de una negación de lo que es el acervo ideológico del Partido Popular.

El independentismo catalán piensa que Cataluña no es viable como autonomía, pero si como Estado soberano. Es decir, más déficit, más deuda, menos responsabilidad de su gobierno ante los ciudadanos y cero de solidaridad.