Ajuste duro a las jubilaciones

El Consejo de Ministros ha endurecido las condiciones para la jubilación anticipada, voluntaria e involuntaria, mediante un sistema de reducción de la cuantía de la pensión en distintos porcentajes, por trimestre no cumplido, hasta la fecha de la jubilación forzosa ampliada por el Gobierno de Zapatero por la Ley 27/2011.

Conforme al Decreto-ley aprobado, en un supuesto de jubilación anticipada voluntaria, es decir antes de la edad de jubilación forzosa que en el año 2027 será de 67 años, cuando el trabajador haya cotizado 41 años y 6 meses, su prestación se reducirá en el 1,7 por ciento trimestral. Ejemplo: un trabajador que haya comenzado su vida laboral con 22 años y que haya cotizado los referidos 41 años y 6 meses, si se quiere jubilar anticipadamente a los 65 años puede perder hasta un 13,6 por ciento de la pensión (8 trimestres multiplicados por 1,7 por ciento).

En el caso de una jubilación anticipada involuntaria, es decir como consecuencia de un expediente de despido objetivo, cierre empresarial o situación concursal, se suavizan algo los coeficientes reductores de la escala. En ambos casos, jubilación anticipada voluntaria o involuntaria, es aplicable para el cálculo de la pensión los 25 últimos años de cotización, conforme a la reforma que introdujo con anterioridad el gobierno de Zapatero que amplió en diez años el tiempo para el cálculo de la base cotizada, lo que ya supone una disminución de la cuantía.

En definitiva, la jubilación anticipada se convierte en un desiderátum, sobre todo para los jóvenes que, con la normativa actual, no se van a poder jubilar anticipadamente nunca, pues el presupuesto de cotización de 35 años supone una incorporación temprana al mercado de trabajo y unos tiempos de cotización que, en la situación actual, con un 54 por ciento de paro juvenil, es irreal.

La reforma es de una dureza incuestionable, por más que el Gobierno la presente en un marco de sostenibilidad del sistema de pensiones y de compatibilidad “para favorecer la continuidad laboral de los trabajadores de mayor edad”, una medida que debería tener más potencia e inteligencia en su desarrollo.

En la documentación que el propio Gobierno aporta, se muestra un porcentaje de jubilaciones anticipadas en 2012 del 42 por ciento (realmente son, mayoritariamente, procesos de despido pactados) y una aportación con cargo a presupuestos, por desfase del sistema, del 8 por ciento que, en todo caso, nos sitúa por debajo de la media de la UE en gasto de pensiones en relación al PIB (un 10 por ciento frente al 11 por ciento de la UE).

El Gobierno adopta otra reforma en frío, respondiendo a las exigencias de la troika, sin buscar acuerdos en el escenario político del Pacto de Toledo y en los ámbitos sindicales y profesionales. Y es sorprendente, una vez más, que ni siquiera sea capaz de presentar conjuntamente un marco de medidas que estimulen los planes de pensiones privados, con aportaciones empresariales y de los trabajadores, como medida de fomento del ahorro, con incentivos fiscales y la opción de ampliaciones voluntarias de la edad de jubilación de empleados públicos, catedráticos, profesores, licenciados, administrativos, opción que ya está en vigor en la carrera judicial y que desahoga el gasto en clases pasivas y aprovecha en beneficio del Estado la experiencia acumulada de años de servicio.

En la política hay que buscar complicidades y aplicar medidas de equilibrio que abran puertas, junto a otras que se cierran. Un poco de inteligencia emocional, con algo de estrategia de comunicación, empatía y capacidad de diálogo son virtudes que ningún Gobierno debe abandonar. Y más cuando aplica la tercera reforma que endurece el sistema de pensiones, pues se ha subrogado en las dos anteriores del Gobierno de Zapatero.

Sin duda hay un estrecho margen para aplicar una política fiscal de incentivos, pero renunciar absolutamente a los estímulos es situarse en la tierra de la desesperanza. Sin duda la política de ajustes es necesaria, pero demorar reformas estructurales en la estructura política y en la intervención administrativa de los sectores económicos es no vislumbrar horizontes. Y no basta con reclamar los estímulos en Bruselas sino que alguno deben surgir de la cosecha propia. Si la hay.

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