El segundo puesto de la corrupción

El barómetro del CIS sitúa a la corrupción y el fraude en el segundo puesto de las preocupaciones de los españoles, tras el paro. Un segundo puesto ganado a pulso, con constancia y perseverancia y sin respuesta contundente de los partidos políticos, más dispuestos a cubrirse sus vergüenzas que a introducir las modificaciones normativas adecuadas que dificulten y penalicen a los políticos corruptos y a sus colaboradores externos.

El penúltimo que se incorpora a la lista es el ex ministro del PSOE José Blanco, con las obras en su vivienda financiadas en parte, 100.000 de 170.00 euros, por el PSOE, alegando, una vez más razón de seguridad y con referencia a ETA de por medio.

Es absolutamente obsceno que las trapisondas de los partidos por las vías de sueldos, préstamos y emolumentos se pretendan justificar con alegaciones al terrorismo de ETA, como si la seguridad de los políticos fuera una razón de Estado que permite saltarse la ley. Una argumentación imprudente que recuerda pasados comportamientos y que tienen unos inaceptables antecedentes con el GAL que derivó en la apropiación de fondos reservados por altos cargos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Felipe González, bajo la excusa de combatir al terrorismo con sus mismas armas.

En todo caso que la seguridad de determinados políticos se convierta en un bien superior a la seguridad de la generalidad de los ciudadanos y sirva para justificar contabilidades no transparentes y derivaciones de fondos con terceros, es un escarnio y una burla a la lógica de la razón democrática y a la legalidad en el Estado de Derecho.

Las medidas que anunció el Gobierno se han ido diluyendo con el paso de los días y, a pesar de su proclividad a utilizar el mecanismo del Decreto-Ley, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría encargó un documento al Centro de Estudios Constitucionales que no tiene otra utilidad que ralentizar y adormecer el problema para que, mientras tanto, se enfríe el problema. Ya se sabe que para que un problema no se solucione, no hay más que formar una comisión de expertos, sin plazo ni agenda.

Bastaría simplemente que el Gobierno hubiese aprobado cinco medidas para responder políticamente a la alarma social que ha causado la corrupción. En primer lugar, la auditoría externa, deposito y publicación anual en el Congreso de los Diputados de las cuentas anuales de los partidos políticos, de igual manera a como se hace con las sociedades mercantiles.

En segundo lugar, la obligación de facilitar a los ciudadanos el acceso a los archivos y datos económicos de los partidos políticos en aplicación de la Ley de Transparencia, motivándose únicamente su negativa cuando la información afecte a datos personales sensibles de terceros.

En tercer lugar, la prohibición absoluta de donaciones anónimas y la publicación de las de cuantía superior a 2.500 euros, de conformidad con la limitación fiscal de pagos en metálico por cantidad superior a dicha cuantía.

En cuarto lugar, la reducción de la duración de las campañas electorales y la limitación de gastos electorales que no podrá sobrepasar el crédito presupuestario destinado a sus subvenciones. Además, debe incluirse la prohibición de condonaciones de préstamos y créditos concedidos por las entidades financieras y la afectación a su amortización de las subvenciones presupuestarias dedicadas anualmente a la financiación de los partidos políticos.

Finalmente, la publicación en la memoria anual de las cuentas del partido de cualquier retribución, préstamo o anticipo concedido a sus cargos electos cualquiera que fuera su cuantía, como se hace en los Consejos de Administración de las entidades financieras y de los salarios, honorarios y pagos a proveedores superiores a 100.000 euros anuales, correspondientes a su funcionamiento ordinario o a gastos electorales.

La decisión de atribuir la competencia a la Audiencia Nacional para el encausamiento de las conductas penales vinculadas a la actividad política del encausado, cuando se trate de altos cargos del Gobierno de la nación, diputados y senadores, la limitación temporal en la instrucción sumarial y la aplicación de la pena en su grado máximo a haberse cometido el delito con el agravante de la posición preeminente del cargo público, apoyaría la convicción de que se quiere dar una respuesta contundente a la corrupción política.

La ecuación, crisis económica más paro más corrupción es una combinación de alto riesgo para la democracia y que, con carácter inmediato, produce desafección al sistema de partidos políticos y a los procedimientos electorales.

Los efectos que se están produciendo sobre la marca España son devastadores y por mucha oficina que ha montado el ministro de Exteriores para su proyección internacional, sus esfuerzos se diluyen día a día por el desagüe de la corrupción. Un tremendo agujero negro que hay que taponar cuanto antes.

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