Responsabilidad política, santo Oficio y muerte civil

El debate sobre la corrupción política que se ha reabierto con las informaciones de “El Mundo” y “El País” sobre el caso Bárcenas oscila entre quienes han organizado un aquelarre para quitarse de en medio a Rajoy y los apóstoles de la responsabilidad política, un concepto que se apoya ahora en la praxis internacional comparada de las dimisiones de otros políticos.

Sin quitar un ápice de gravedad al único hecho cierto hasta la fecha – el ex gerente y ex tesorero del PP es titular por sí o por conducto de una sociedad de una cuenta de 22 millones de euros que no ha sido declarada fiscalmente en los plazos y en la forma obligatoria – es evidente que la publicación y sus efectos se utilizan en la batalla política diaria que corresponde a cada Gobierno. Y no hay nada que objetar con su utilización porque es el juego ordinario de la política.

En términos procesales y a efectos de la información publicada, no consta probado a estas fechas que los denominados “papeles de Bárcenas” sean de Bárcenas, ya que lo ha desmentido el interesado y todavía no se ha dictaminado la prueba caligráfica a que se ha sometido que despejará la primera incógnita.

Ni siquiera están probadas las imputaciones que los “papeles de Correa” hacen a Bárcenas, ya que la fase de instrucción del caso Gürtel continúa y son pruebas documentales – realmente, de momento, referencias- de parte imputada.

Si es cierto que Bárcenas ha respondido políticamente como senador, cesar como tesorero y abandonar el Partido Popular. Y también es cierto que continúa la Audiencia Nacional instruyendo diligencias con la finalidad de determinar las conexiones de la red Gürtel con Bárcenas. Y nadie de momento ha puesto en cuestión la actuación profesional del juez Ruz ni las nuevas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción.

En todo caso, conviene recordar que la condición de inculpado, cuando se dicta auto de procesamiento, no es una condena que solo es efectiva cuando recae sentencia que declara la comisión de un delito.

En este país nuestro, donde el arte del toreo se confunde a veces con el tremendismo y solo se puede ser de Joselito o de Juan Belmonte, no hay más que excitar un poco a la afición para lapidar en la calle a un personaje. En nuestra historia el santo Oficio de la Inquisición duró casi 400 años y algo de su filosofía debe haber quedado en el genoma de algunos de nuestros conciudadanos.

Viene esto a cuento porque se está manoseando el concepto de responsabilidad política, aunque todavía no he oído una sólida definición que resuelva dos cuestiones ¿Quién define la responsabilidad política? Y ¿quién puede exigir, hacer efectiva, la responsabilidad política?

En una sociedad democrática, articulada a través del Estado de Derecho, del imperio de la Ley, el mínimo ético exigible, penal, administrativo y civil y los efectos de la reprobación están definidos y contemplados en el ordenamiento jurídico. Quien incurre en un ilícito penal, administrativo o civil conoce que tendrá que soportar sus consecuencias, previa declaración de los poderes del Estado en un procedimiento en el que se garantiza la contradicción, es decir el derecho a la defensa con la aportación de pruebas.

Por tanto, la responsabilidad política es un elemento externo al ilícito penal, administrativo o civil que actúa unas veces como un prius y otras como una consecuencia. Y se incardina en la esfera de la diligencia, los deberes morales o la ética. En algunos casos, esta mayor exigencia se formula como un código deontológico o corporativo que produce sus efectos en el ámbito de quienes lo aceptan o forman parte de un oficio o profesión.

Los políticos en España no se han sujetado a un código deontológico o de buenas practicas que no esté reflejado en las leyes o en los reglamentos de las cámaras representativas. Ni siquiera han tenido mucho recorrido los códigos internos de los partidos, desconocidos en la mayoría de los casos y arrumbados fuera de los tiempos electorales. Y los precedentes de los casos de corrupción son todo menos ejemplares.

Por ello, mantengo la responsabilidad política es un atributo que solo pertenece al propio sujeto, a su superior que puede cesarle alegando “responsabilidad política” y, en último término, al cuerpo electoral que apoya o abandona al candidato. Lo demás son opiniones, más o menos interesantes, más o menos inteligentes y más o menos independientes.

En los momentos actuales que no son fáciles para nadie, las declaraciones de campanario no conducen a ningún lugar razonable. La teoría de que los políticos tienen que tener una mayor exigencia, más allá de lo establecido en las leyes, a modo de espíritus puros es un absurdo.

¿Por qué no deben tener más exigencias los médicos, los abogados, los carpinteros o los periodistas? Y ¿a quién corresponde definir los límites de esa mayor exigencia? ¿A los editorialistas de periódicos, radios o televisiones?

Una de las grandes ventajas de la democracia es que es evolutiva y, por tanto, las propuestas se articulan como normas en el ordenamiento jurídico, por lo que pasan a ser exigibles para todos y no hay códigos de comportamientos no publicados.

En este debate, Rubalcaba -que no ha publicado su declaración de renta ni la contabilidad del PSOE– ha propuesto cuatro medidas.

La Oficina Anticorrupción con competencias en todas las administraciones es un disparate que olvida que existe una Fiscalía Anticorrupción que tiene una integración en nuestra Constitución, medios e independencia suficiente para garantizar una actuación conforme a Derecho y responsable. Lo más parecido a esta Oficina es el Santo Oficio de la Inquisición.

La atribución de la competencia a la Audiencia Nacional no esta mal y si se modifica la Ley de Enjuiciamiento hay que incluir a todos los políticos, sin excluir a los de las Comunidades Autónomas que se amparan en el territorio y sus competencias en justicia para ejercer presiones sobre la judicatura. Si además se atribuye la función acusatoria a la Fiscalía Anticorrupción se conseguirá alejar al máximo los palos en las ruedas de la justicia y las influencias.

Y la prohibición de donaciones a empresas tiene que regularse como una prohibición de donaciones en los partidos políticos de o a favor de personas jurídicas, lo que serviría para evitar otros fantasmas como el que ha habitado la Fundación Ideas del PSOE con el nombre de Amy Martin.

Cuentas y declaraciones transparentes, publicadas, formalizadas con las obligaciones fiscales y confianza en la administración de justicia, la fiscalía y la inspección de hacienda.

En el Derecho Romano existía la figura de la muerte civil que se producía cuando un ciudadano perdía tal condición y el estatuto jurídico y social que le acompaña. Los juicios populares y la consideración de hechos probados de lo publicado se parece bastante.

Aquí, en las democracias avanzadas, nadie nace con la condición de prescriptor de comportamientos y calificación de responsabilidades. La guillotina política y material ha tenido muchos ejemplos en la Historia, bajo la apelación a la justicia del pueblo. Y siempre acababa el poder en manos de unos pocos.

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