Las explicaciones no pueden esperar

El miembro de la Comisión Europea, Jhon Dalli, comisario de Salud y Política de los consumidores, que tuvo una comida con un representante de un lobby del tabaco, tuvo que dimitir tras considerar la Oficina antifraude de la UE -OLAF- que el Comisario tuvo conocimiento del ofrecimiento por el lobista a la Compañía Swedish Match de la capacidad de influir en futuras regulaciones legislativas sobre el tabaco. La dimisión se ha producido, aunque no hay pruebas incontestables de la participación del Comisario en la propuesta ni se ha acreditado el pago de cantidades.

El Parlamento europeo, ante lo sucedido, está tomando una serie de iniciativas para incrementar la transparencia y obstaculizar el desvío de fondos europeos en procedimientos fraudulentos, entre los que han citado los casos Pallerols y el de los ERE de Andalucía.

Un respuesta muy distinta a la que se da en los casos de corrupción en nuestro país, en el que la ciclogénesis explosiva en forma ha provocado olas políticas de 10 metros en la costa de Pontevedra, con las informaciones de El Mundo relativas a la cuenta suiza de Luis Bárcenas y, en acto seguido, la revelación de pagos en metálico en sobrecitos a miembros de la dirección del Partido Popular. Una información que continuará porque da toda la impresión que los diques de contención se han roto con las comisiones rogatorias del juez Ruz desde la Audiencia Nacional.

Es evidente que el relato sitúa temporalmente los hechos en los tiempos en que Luis Bárcenas fue Gerente del PP. Y también es evidente que, independientemente del procedimiento penal seguido en la Audiencia Nacional, la información es un hecho político que agrava la crisis institucional y que exige una respuesta política inmediata. Y no puede ser otra que la transparencia, las explicaciones y la acreditación de que las retribuciones pagadas en Génova han cumplido, siempre, las obligaciones tributarias, como cualquier empresa o profesional. O en caso contrario, su denuncia.

La gravedad de la cuestión en un partido político que ha gobernado y gobierna está en el origen de los fondos con los que se han efectuado los supuestos pagos y hay que acreditar que los ingresos no derivan de vinculaciones con contrataciones en las Administraciones públicas y que se han cumplido las obligaciones legales. O en caso contrario, su denuncia

El 2 de julio de 1987 se aprobó la primera regulación integral de la financiación de los partidos políticos con la ley 3/1987 que impuso registros detallados contables, discriminó la financiación pública y la privada y ordenó un sistema de control interno que garantice la intervención y contabilización de todos los actos y documentos de contenido económico y la fiscalización externa, atribuida exclusivamente al Tribunal de Cuentas.

Posteriormente, se aprobó la Ley 8/2007 y se reformó por la Ley 5/2012 que estableció limitaciones en las donaciones privadas, prohibió las efectuadas por empresas que tienen contratos con las Administraciones y por fundaciones que recibieran subvenciones públicas. Además, tienen la obligación de ingresar las donaciones en una cuenta bancaria separada y publicar en la web el resultado el informe de contabilización del Tribunal de Cuentas.

El sistema ha tenido grietas desde su aprobación, con los reiterados casos de financiación ilegal en los partidos políticos que ha empañado la democracia y rebajado la confianza de los ciudadanos, convencidos de que hay un mundo oscuro alrededor de la política que permite enriquecimientos, sin la respuesta adecuada ni desde las instituciones ni desde los propios partidos y que solo se conoce mediante la investigación de periodistas independientes y valientes.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir un sistema de financiación transparente, controlable, con los suficientes cortafuegos y con una capacidad de reacción inmediata que disipe cualquier atisbo de tolerancia. Una sociedad organizada democráticamente no puede aceptar agujeros negros de ilegalidad en las organizaciones que tienen que articular la participación política, en las que la exigencia de compromiso con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables – que se establecen para todos los ciudadanos- debe ser máxima.

Cicerón, en su obra Las Leyes escribió: “Que el orden senatorial quede sin mancha y sea un modelo para los otros órdenes”.

No se puede ser neutral ante el descrédito de la política por causa de la corrupción en un momento en que se exigen sacrificios a los ciudadanos, se convive con un paro terrible y se suben los impuestos. Cuando se lidera un país y un partido no basta con decir que no se mirará para otro lado y que se aplicará la Ley. Cuando fallan los sistemas de control, hay que sustituirlos por otros, más rigurosos y eficaces que obstaculicen las prácticas indeseables. Para eso están los políticos. Para mejorar y hacer avanzar la sociedad. La narrativa de la realidad ya la hacen los medios de comunicación.

” Si sobre la tierra no hubiera más que neutralidad, no solo se hubiera terminado la guerra ,sino que habría acabado también la neutralidad misma, del mismo modo que desaparecería cualquier política” (Carl Schmitt, El concepto de lo político).

P.D. La portada del domingo del diario ABC, con el titular “Los españoles dicen basta” es una galería de fotos de rostros blanquecinos a medio camino entre “Los otros” de la película de Amenabar y la sala de los horrores del Museo de Madame Tussauds de Londres que cuando lo visité en la juventud, la tez de las figuras de cera me traslado el desasosiego y la inquietud de los cementerios.

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