Duran y el pato

El caso Pallerols, en el que Unió Democrática de Cataluña ha asumido la responsabilidad civil y que se ha presentado como el primer caso en el que un partido político reconoce la financiación ilícita, ha derivado en la solicitud por algunos medios de la dimisión de Antoni Duran alegando el compromiso de dimisión que lanzó en su día.

Ciertamente, si en este país nuestro de cada día hubiese una trayectoria consecuente entre los responsables políticos, no cabría ninguna duda que el comportamiento consecuente era la dimisión de su máximo responsable.

Pero en esto de la responsabilidad política y de la corrupción en, sobre o tras los partidos políticos nos movemos en el uso alternativo de los efectos. El uso alternativo del Derecho dio lugar a una teoría del Derecho, encabezada por el jurista alemana Ihering que desembocó en la jurisprudencia de interés -el Derecho debe interpretarse conforme a los intereses de la sociedad- frente a la jurisprudencia de conceptos. En la época nazi sirvió de cobertura intelectual a violaciones de los derechos humanos.

En estos 34 años de Constitución democrática los casos de corrupción ligados a la financiación de los partidos se han repartido por todas las esquinas. Recordemos algunos de primera línea: Filesa, Malesa, Time Export, sociedades ligadas al PSOE, Cañellas, Naseiro y Gürtel, vinculados al PP y Banca Catalana, Casinos e ITV a Convergencia.

Durante la Democracia, se ha aprobado y modificado la Ley de financiación de Partidos, se han regulado los gastos en las campañas electorales, se han sometido sus cuentas al control del Tribunal de Cuentas del Estado y se ha modificado en varias ocasiones la Ley de Contratos del Estado. Pero la percepción de los ciudadanos sigue siendo la misma. Según Metroscopia en sondeo para El País, “el 96 por ciento de los españoles cree que la corrupción política es muy alta”.

La cuestión es que los efectos de la reprobación de los casos de financiación irregular de los partidos no debe quedar abandonada a la particular concepción ética del político de turno que le lleve o no a dimitir de su cargo. Y más en un país como el nuestro que no ha incorporado a su acervo político las palabras responsabilidad y dimisión. Aquí se pierden elecciones y no dimite el candidato. Hay un caso de corrupción probado judicialmente y se ejecuta en la plaza pública al que le han cogido con los dedos en la masa, mientras sus superiores, partícipes del resultado, se quitan de en medio. Y después, sigilosamente, le reubican bajo el paraguas político para que no cuente todo lo que sabe.

Lo importante es que, dado que los códigos éticos en la política se convierten en papel mojado, se establezca legalmente un sistema de responsabilidad objetivo incardinado en la estructura de los partidos políticos. Un Comité de Financiación y Cuentas que actúe como órgano responsable jurídicamente y solidariamente, designado por periodos de 4 años, inamovible salvo causa de remoción tasada y que ostente la firma de representación financiera y contable frente a terceros, administraciones e Instituciones públicas. De la misma manera que, en las sociedades mercantiles, los administradores responden de la veracidad documental y contable.

Si además se exige que en esa estructura estén como miembros natos el Secretario general, el tesorero y un representante de cada uno de los grupos parlamentarios de ámbito nacional en que el partido tiene representación política que reciben financiación, existirá una identificación cierta de los responsables y sin margen a divagaciones de a quién y cómo atribuir la responsabilidad. Y luego que el Presidente del Partido respectivo comparezca ante la opinión pública para dar explicaciones si existe una sentencia de condena

Junto al órgano responsable, se debe imponer un sistema de auditoria externa como a las sociedades mercantiles, el control del Tribunal de Cuentas y la publicación en la web de cada partido de las contrataciones empresariales y profesionales superiores a una cantidad significativa.

La respuesta de Unió al caso Pallerols era manifiestamente mejorable. Pero lo que es también evidente es la nula legitimación de muchos que han abierto la boca. Duran y Unió, por convicción o por la realidad de su limitada participación en Gobiernos no parece que esté en el número uno del “hit parade” de los casos de corrupción.

Políticamente, además, hay una campaña para desgastar su figura política orquestada desde Cataluña con la finalidad de devaluar su papel político y en la senda secesionista que han montado los sectores independentistas de Convergencia con el apoyo del octavo pasajero que lleva el traje de ERC.

A Duran le quieren hacer pagar el pato. Bien está que se acabe la impunidad de los casos de corrupción, los retrasos y obstáculos en la investigación, las componendas ante los Tribunales de Justicia y el disimulo de los mayores ante la actuación de sus subordinados. Pero si se quieren hacer bien las cosas, lo que procede es establecer un régimen legal sólido y riguroso que permita deslindar los actos de responsabilidad del partido de los que realizan sus miembros a título particular.

Unió ha realizado un acuerdo en el proceso penal que otros partidos no han tenido la valentía de hacer.

Intentar llevarse la cabeza de Duran por delante es un ajuste de otras cuentas.

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