El miedo a las privatizaciones

El Ministro de Industria, José Manuel Soria, ha contado en el Congreso de los Diputados que los directivos de Paradores del Estado  del Gobierno de Zapatero tenían a su disposición un velero, coches y tarjetas de crédito. No ha revelado los días y las noches que han pernoctado en la red de Paradores, las comidas y cenas celebradas, los pagos efectuados con las tarjetas y si en las estancias han estado acompañados, lo que puede o no haber sucedido.

La Presidenta de Castilla-La Mancha ha impulsado una reforma en la retribución de los parlamentarios que reduce a la mitad su número y recupera el sistema de dietas con un máximo de 1.555 euros, con compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas.

La oposición del PSOE dice que la reforma pretende callar a la oposición. Sin embargo, en el Parlamento de Andalucía también se aplicó el sistema de dietas y la autorización de compatibilidades en los primeros tiempos de la Autonomía y nada obstaculizó que  el PSOE llegara al poder y que IU ampliara el número de escaños. El sistema fue modificado en cuanto alcanzaron el Gobierno.

En la Comunidad de Madrid se mantiene la opción por la compatibilidad, sin dedicación exclusiva y nada impidió que en 1991 el PP, con Alberto Ruiz Gallardón, ganase las elecciones y que en 1995 obtuviese la mayoría absoluta.

En consecuencia, la realidad demuestra que no hay ninguna vinculación entre el sistema  retributivo de los parlamentarios, la labor de control de la oposición y los resultados electorales. Y sí se demuestra una vez más, el caso de Paradores es paradigmático que las empresas públicas se utilizan, las  más de las veces, para instalar a allegados políticos, inflando sueldos  y regalías. Si al menos dejasen una cuenta de resultados saneada, tendría alguna justificación las tarjetas y el velero, pero es que en este caso, como en tantos otros, la caja estaba vacía y no hay más que agujeros financieros.

En 2011, la OCDE en un informe titulado “Economic policy reforms  2011doing for growth”, disponible en Internet, advirtió que la ineficiencia del sistema sanitario en España tenía un coste de 16.000 millones de euros, el 1,6 por ciento del PIB, sin contar el gasto farmacéutico y los impagos a proveedores.  La OCDE también ha publicado sendos informes globales sobre las pensiones y el sistema sanitario que permiten comprobar el gasto público en España y su posición en relación con los demás países. De los informes resulta el rápido crecimiento de nuestro gasto público y el riesgo de desequilibrios que pueden hacer quebrar los sistemas de protección social si no se adoptan medidas de corrección. A estos informes me he referido en anteriores artículos.

Ignacio Sotelo, doctor en  filosofía y residente en Alemania, en una interesante entrevista en el diario El Mundo, cuenta que en el país germano “Los analfabetos compran el Bild Zeitung. En España son consecuentes y no compran ningún diario. En la cultura alemana está el leer; la española es oral”.

Esta afición a realizar afirmaciones en el aire, sin confrontarlas con datos objetivos e informes oficiales, se está asentando durante las crisis en un periodismo de trinchera que hace el coro  a la oposición, presentando como tesis el reality de un ciudadano afectado por la crisis de lo que deriva la tesis general de el gobierno de Rajoy está desmantelando el Estado por razones ideológicas que van a limitar los derechos sociales a quienes puedan pagarlos.

La segunda tesis plantea que las privatizaciones tienen por objeto favorecer el negocio privado frente a la gestión pública que es “altruista” y solo defiende el interés general, aunque sea subido en un velero.

Este maremágnum de propaganda está tomando cuerpo ante una inoperancia  pedagógica del PP -lo que ha contado el Ministro José Manuel Soria es  bastante explicativo del concepto de “lo público” que tienen algunos- que debería recordar situaciones, hechos y bienaventuranzas que han permitido mejoras personales significativas tras su paso o con la cercanía de lo público. Los informes internacionales sobre la corrupción en España no nos dejan en muy buen lugar.

La sanidad en la Comunidad de Madrid no está más privatizada que en Cataluña que es la Comunidad que tiene más centros concertados, ni que en Baleares o en Valencia. Y nada se dice sobre la desviación de pacientes de otras Comunidades a centros públicos y privados de Madrid para la práctica de pruebas o de intervenciones de alta tecnología.

Sin embargo, la huelga ha suspendido más de 6.000 intervenciones, lo que está causando un daño real, efectivo y concreto en ciudadanos que estarán razonablemente  angustiados por su estado de salud. Y todo por una decisión legítima de un Gobierno elegido con mayoría absoluta y cuyo resultado no es cuestionable, en este momento, ya que se está aplicando a colectivos importantes, como funcionarios públicos y profesionales integrados en sistemas de aseguramiento.

La cuestión de fondo es que la izquierda no quiere competencia, sino procesos de ocupación de lo público para detentar la titularidad del  interés general y aportarnos a todos su beatífica actuación. A ver si, además, nos dan un paseo en el velero.

Ya se dijo hace años: la competencia envilece.

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