La confianza legítima en las preferentes

La política seguida con las obligaciones preferentes de las Cajas nacionalizadas sigue encallada y encanallada en el absurdo de trasladar la responsabilidad del descalabro, engaño, toco mocho o, como quiera llamarle, a los suscriptores, paisanos y paganos en solitario, por el momento, junto con los accionistas minoritarios que acudieron a la oferta pública de acciones, del descalabro financiero que se montó en este país, al amparo del poder financiero otorgado a las CCAA para que algunos de sus políticos jugaran al monopoly financiero.

Si colocásemos en un gráfico en forma de pirámide a todos los que han participado en la “melé”, se repartiría la responsabilidad en tres escalones o categorías. Los poderes públicos que ejercen la tutela administrativa y que tiene competencias en su regulación, los gestores de las entidades y los propios afectados, en cuanto a las decisiones que libremente tomaron.

Los afectados es un concepto genérico, los habrá de diferente conocimiento y formación financiera, pero todos ellos actuaron al amparo del principio de la confianza legítima que es una interesante aportación del Derecho alemán, incorporada al Derecho comunitario europeo y cuya aplicación ha reconocido en España el Tribunal Supremo.

Si el sistema financiero, el bancario y el de las Cajas de Ahorro específicamente, está intensamente intervenido por los poderes públicos, desde la constitución de una entidad, pasando por su actividad, hasta el momento de su disolución y liquidación, tanto regulatoriamente como en sus vicisitudes ordinarias -las obligaciones de información y documentación son exhaustivas e incomparables con otros sectores económicos- es evidente que hay una responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios públicos. Y ello por mucho que aquí se alivie todo los que tuvieron responsabilidad concurrente con los tiempos en que se produjeron los hechos.

Las Cajas estaban bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas con capacidad para desarrollar la legislación básica aprobada por el Estado y con facultad de designación de los miembros de los órganos rectores, instrumentada esta facultad por medio de los partidos políticos. El Estado, mediante el Banco de España, ejerce el control de solvencia y del riesgo, conforme a la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria y el Estatuto del Banco, con carácter general en el sistema financiero, a través de los servicios de Inspección y mediante la publicación de Circulares.

Por tanto, imputar un 50 por ciento del problema a los poderes públicos -25 por ciento al Estado y 25 por ciento a la correspondiente Comunidad- que debieron ejercer la tutela eficaz y rigurosamente, es bastante razonable.

Si se atribuye otro 25 por ciento de la responsabilidad a la propia entidad, bien por su propia actuación o por los acuerdos de sus órganos que designaron a su auditor, resulta que la responsabilidad máxima imputable al suscriptor sería de un 25 por ciento y, esta responsabilidad, en el caso de que no concurran vicios del consentimiento como consecuencia de la inadecuación del cliente para recibir un producto financiero sofisticado y una asunción de riesgos extralimitada a su condición habitual de inversor.

Tampoco se ha tenido la suficiente sensibilidad para aprobar una extensión de la salvaguarda de los depósitos en las entidades bancarias -hasta 100.000 euros- a las preferentes, lo que hubiera suavizado la lógica contestación de los afectados. Y en último término, si las antiguas Cajas transformadas en Bancos nacionalizados van a ir tan bien en el futuro próximo y ganarán dinero, se podría haber canjeado las preferentes por nuevos títulos a mayor plazo de vencimiento.

La política exige administrar los problemas sin generar nuevos problemas y, sobre todo, no excluir a una parte de los afectados y abandonarlos a su suerte.

El paseíllo de los imputados por el caso Bankia en la Audiencia Nacional ha constatado la indignación que existe en la calle. El proceso judicial será largo y duro. La medida paliativa ofrecida por Guindos, un arbitraje previamente filtrado por un asesor privado que acaba en los servicios de consumo de la Comunidad, es bastante endeble, llega a destiempo y carece de la credibilidad suficiente para calmar los ánimos.

El paso del tiempo, con los trámites procesales por medio, no hará sino agravar el problema.

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