La imposible reforma

La Constitución de 1978 ha celebrado quizás el peor de sus treinta y cuatro cumpleaños. España encara su cuarto año de una crisis que comenzó a manifestar los primeros síntomas en  el año 2008.El Gobierno de Zapatero negó la realidad y el decorado hizo eclosión en mayo de 2010 en el que las advertencias de la UE y de los Institutos y Agencias internacionales le dieron un ultimátum y una ducha de agua fría a nuestro país.

Zapatero, con el apoyo de Rajoy, intentó salvar los muebles ante el tsunami que se le venía encima con la reforma constitucional que incluyó, con el mas cualificado carácter normativo, el principio de estabilidad y consolidación fiscal, como un mandato superpuesto a los principios y derechos constitucionales. A partir de las elecciones del 20-N,  la sanidad, la educación, el trabajo están siendo objeto de reformas y desde la izquierda nos cuentan que están en cuestión, lo cual es un pretexto para intentar convencernos que Rajoy tenía un plan predeterminado para “eliminar” el estado del bienestar y sustituirlo por un nuevo modelo en el que se privatizan todos los servicios públicos.

Nada más lejos de la realidad y de la mentalidad del Presidente del Gobierno. Rajoy es un político conservador en la más extensa acepción del término y responde al genoma político que se ha instaurado en estos treinta y cuatro años constitucionales. La clase política, desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro, quiere inauguraciones, ampliaciones y reconocimientos de derechos y, en cuanto se pueda, bajar impuestos. Y las reformas y los líos, los justos.

La Constitución de 1978 formó un sustrato común para los gobiernos de España, basado en la propia conservación y protección del sistema político de partidos, la ocupación de las Administraciones Públicas en la medida de lo posible, la creación de una estructura paralela de empresas públicas y una intervención intensa en la vida económica y empresarial, de modo que se diera el “placet” gubernamental a los primeros ejecutivos y a los acuerdos empresariales de las grandes y de las medianas, estas últimas en  los territorios de las Comunidades Autónomas.

En definitiva, un “estatus quo” reconocible y asumido como acervo común por quien ganase las elecciones. Zapatero, con escaso bagaje intelectual y movido por un ímpetu de juventud irredenta, pensó que estaba destinado a redimir y rectificar la transición, por lo que se aplicó a remover los cimientos de la transición que convivían, naturalmente, con la evolución y renovación generacional de la sociedad.

Después, lo que está pasando lo estamos viviendo día  a día y el Gobierno de Rajoy ha tenido que guardar en el cajón el programa electoral y aplicarse en mantener el barco a flote, con un desgaste significativo ente sus votantes y no votantes. No hay otro camino que seguir las instrucciones de la UE, FMI y el BCE, por más que desde la oposición realicen declaraciones grandilocuentes de “radicalismo anticapitalista”, que en boca de Rubalcaba, un político plenamente integrado en el sistema político de los últimos treinta y cuatro años, suenan a algo así como “esperad que ya se que estáis todos indignados, pero se me va a ocurrir algo”.

En esta situación actual, la reforma constitucional es un imposible metafísico. Subjetiva y objetivamente. La calidad de la clase política no tiene nada que ver con la que tuvimos en los primeros veinticinco años constitucionales. Los políticos con solidez y sentido de Estado han sido sustituidos por “aparatchick” que han controlado las organizaciones internas de los partidos con una “profesionalidad” inigualable. Una valoración y una descripción que se oye por todos los rincones y que se ha reflejado en el tercer problema, los políticos, que reconocen las encuestas del CIS.

Objetivamente el país tiene un nivel de tensión y crispación que impide plantear con la suficiente tranquilidad y mesura un proceso de reforma constitucional. A mayores razones, el tablero de la UE y la nueva arquitectura europea están por resolver y no se clarificarán hasta que se resuelva o al menos se modere la crisis de la deuda soberana y se estabilicen la crisis de los periféricos, entre los que nos encontramos.

Si se añade la negación a la Constitución que hacen y practican los nacionalistas cada 6 de diciembre, una actitud de deslealtad inconcebible en cualquier estado federal, afirmar que se puede iniciar en estos momentos un proceso de reformas es una auténtica temeridad. Lo que no quiere decir que fuera conveniente y necesario hacer reformas que ajusten nuestro sistema político  a los nuevos tiempos y su contenido a la integración jurídica en la UE.

Sin embargo, los grandes partidos podrían plantear cuando menos una reforma de la Ley electoral que acercase el Congreso y el Senado a los ciudadanos y  posibilite la reforma de los Reglamentos de las Cámaras   para traer la normalidad de la calle a las instituciones, como  hizo Adolfo Suárez al principio de estos treinta y cuatro años.

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