Desahucios: Tarjeta amarilla de la UE

Los Acuerdos entre el Gobierno y el PSOE son casi tan difíciles como el entendimiento entre un gato y un ratón, sin prejuzgar quién representa cada papel que, además, cambia según cuál sea la cuestión debatida. Las largas sesiones continuas de ejecuciones hipotecarias y desahucios en que se han fajado los representantes de ambos han puesto de manifiesto las divergencias, de fondo y estratégico que conforman una profunda sima entre las dos formaciones. Y éste es un tema técnico, por mucho dramatismo que se quiera trasladar.

Los desahucios que se producen por ejecuciones de hipotecas y también pueden llegar por deudas con terceros o Administraciones Públicas -ya veremos cómo se reacciona cuando por una deuda tributaria o de la seguridad social pongan a una familia en la calle- plantea un problema de política social de vivienda que, en consecuencia tiene que ser sufragado con cargo a los presupuestos públicos, en aplicación de la más correcta composición financiera en una sociedad democrática. No responde a ninguna lógica que determinados gastos sociales sean imputados, nominalmente, a determinados sectores, lo que constituye una doble imposición y modifica las bases de un sistema fiscal moderno

La visceralidad con la que se ha presentado el problema, con el atributo de tragedias de suicidios de por medio, la indignación organizada de determinados grupos sociales -indignados hay tantos como especies en el océano, cada uno con su perfil peculiar- la pretensión de obtener un rédito político inmediato ante la repercusión mediática y social por parte del PSOE que se agarra a cualquier clavo político, por más caliente que esté y el interés del Gobierno de Rajoy de evitar que se abran nuevos frentes sociales, ha desembocado en el nuevo Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que amplía el campo de actuación del Código de Buenas Prácticas pactado con los Bancos, establece una moratoria de dos años, sin efecto retroactivo y se impone la tarea, absolutamente necesaria, de introducir modificaciones en la contratación de hipotecas que corrijan el profundo desequilibrio entre las partes.

El PSOE está tomando en los vericuetos de la crisis y su repercusión en los ciudadanos unas posiciones políticas que deambulan entre el sentido de Estado y la radicalidad, sin representar adecuadamente ninguno de los dos papeles. Felipe González, entrevistado en la SER, ha declarado que uno de los problemas fundamentales de su partido en este momento es el recuerdo, la memoria histórica, de lo que hizo en los últimos años y, por tanto, la imputación de culpa que le hacen los ciudadanos por la herencia recibida. Rubalcaba no ha conseguido desprenderse del pasado que le persigue como una sombra indestructible.

El problema de la moratoria general, como pretendían los negociadores del PSOE, de las ejecuciones hipotecarias y dejando a un lado las mejoras técnicas del Real Decreto Ley en el trámite parlamentario, es la afectación a los basamentos del sistema crediticio y del propio mercado hipotecario. Las entidades financieras financian los préstamos y créditos hipotecarios que conceden con las emisiones de títulos hipotecarios que movilizan los recursos destinados a esta finalidad. Estos títulos circulan y en la modalidad de cédulas, están garantizados con el monto total de las hipotecas de la entidad, cumpliendo una correspondencia entre hipotecas concedidas y títulos en circulación.

En España el saldo vivo de préstamos y créditos hipotecario asciende a 931 mil millones de euros, con un descenso interanual del 8,47 por ciento respecto a octubre de 2011.Esto significa, obviamente, que se conceden menos hipotecas -los Banco huyen como gato escaldado de los préstamos hipotecarios que no sean destinados a la compra de sus propios activos- y que se van cancelando las que han sido pagadas. Y están haciendo esfuerzos para renegociar y renovar vencimientos cuando ven la posibilidad de mantener una esperanza razonable de pago. Durante los dos primeros años de la eclosión de la crisis, 2010 y 2011, han congelado la decisión de acudir a los Juzgados para ejecutar las hipotecas impagadas. Sin embargo, la evaluación de las auditoras internacionales, Oliver Wyman y Roland Berger y la vuelta de tuerca del Banco de España en cuanto a exigencia de provisiones, les ha azuzado a ser más transparentes y reconocer los créditos denominados sub estándar o de dudoso cobro y lanzarse en tropel a los Juzgados ante deudores con escasas opciones de pago. El problema se agrava, además en numerosas ocasiones, por la aparición de nuevas deudas de los hipotecados que obligan a los Bancos a espabilarse en sus reclamaciones.

Una situación compleja, con diversidad de afectados, ¿qué sucede con los pequeños y medianos empresarios que han tenido que hipotecar su vivienda en garantía de préstamos empresariales?, que merecería un poco de sosiego, reflexión, análisis exhaustivo de las situaciones y rigor. Menos espasmos y más tranquilidad.

La inquietud ha llegado a Bruselas que se preocupa por el programa de ayudas a la Banca que financia y nos ha sacado la tarjeta amarilla. Advierte de la vinculación de las decisiones al denominado rescate bancario y a los compromisos en el Mou firmado por España, compromiso de saneamiento y recapitalización de las entidades financieras.

El PSOE debería por ello ser consciente de que en estos momentos jugar a aprendiz de bruto en un laboratorio lleno de sustancias reactivas y explosivas es una temeridad y nos puede llevar a un problema mayor que el que se pretende evitar. Cuando se está frente a un castillo de naipes no se puede gritar, toser ni estornudar.

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