Ejecuciones hipotecarias: El rescate de los ciudadanos

Los desahucios resultado de los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria han puesto de manifiesto que el tercer rescate, el rescate de los ciudadanos, cuando todavía no se ha formalizado el rescate del Tesoro público, ha quedado demasiado tiempo pospuesto por los dos últimos Gobiernos.

Más allá de las situaciones límites y con la dificultad de determinar el mecanismo causal de los suicidios, es evidente que en un escenario en el que se da oxígeno financiero mediante el rescate bancario -fundamentalmente a las Cajas de Ahorro, gestionadas por los designados por los partidos políticos- y se aplaza el cumplimiento del déficit de las Administraciones Públicas, la débil regulación de los Reales Decretos Leyes 8/2011 y 6/2011 de apoyo a los deudores hipotecarios, uno de Zapatero y otro de Rajoy, no han servido para dar respuesta a los dramas sociales de la pérdida de la vivienda por deudas de su adquisición. Los códigos corporativos, incorporados desde los sistemas anglosajones, sin vinculación legal y al margen de la regulación obligatoria que tanto gustan al Ministerio de Economía, tienen una eficacia muy limitada en nuestro sistema jurídico y se incumplen sistemáticamente.

El acuerdo PP-PSOE, con prisas y a empellones, ha tenido una respuesta entre las entidades bancarias que han comunicado la suspensión de los desahucios en los supuestos de extrema necesidad.

El Gobierno, este y los anteriores, continúan tolerando algunas prácticas bancarias en las hipotecas que se reiteran miméticamente por casi todas las entidades. En primer lugar, la imposición a los deudores de unos intereses de demora en caso de impago de una cuota, claramente abusivos. Intereses de demora que incrementan en 10 e incluso 20 puntos los intereses ordinarios, por lo que se sitúan en tipos que sobrepasan el concepto de usurarios que es una práctica que rechaza la Iglesia Católica, desde San Buenaventura y que en nuestro país, a principios del siglo 20 dio lugar a la Ley de represión de la usura de Gumersindo Azcarate.

¿Quién en una situación de impago puede asumir un incremento exponencial que multiplica la deuda en poco tiempo?

En segundo lugar, el descontrol de las comisiones bancarias que firman los prestatarios en el momento de la formalización de la hipoteca y que retribuyen a la entidad financiera ante cualquier modificación , subrogación o incidencia en la vida del préstamo, duplicando el cobro de los servicios bancarios sin que las Órdenes ministeriales y las Circulares del Banco de España hayan puesto coto a préstamos en el que las entidades cobran comisiones y gastos a cargo de los deudores, desfigurando al alza y a su favor la retribución real del préstamo que es el tipo de interés pactado.

Y en tercer lugar, la insuficiente regulación de las modificaciones de la Ley procesal que permite a la entidad bancaria adjudicarse la vivienda ejecutada por el sesenta por ciento del valor de tasación en caso de que quede desierta la subasta, sin una reducción simétrica del importe de la deuda que subsiste en la cuantía no cubierta, lo que constituye un evidente desequilibrio en la posición de los ciudadano frente a las entidades financieras.

Ni leyes de protección de los consumidores, ni regulación por los Gobiernos, ni control de las tasaciones hipotecarias por el Banco de España-lo que ha permitido sobrevaloraciones de activos por las entidades para dar cobertura a préstamos que no cumplían el equilibrio financiero exigible- ni respuesta política desde el inicio de la crisis.

El 3 de diciembre de 2011 publiqué un artículo en el diario Expansión describiendo la posición dominante y abusiva de las entidades financieras y la anuencia, tolerancia y complacencia del Gobierno saliente ante esta situación. Y proponía medidas, como incrementar al 75 por ciento del valor de tasación de la vivienda el importe de la adjudicación a favor del Banco en adjudicación por quedar desierta la tercera subasta- lo que acerca la dación en pago-, la retasación de la vivienda durante la vida del préstamo a solicitud de cualquiera de las partes y la incorporación de la legislación francesa, mucho más prudente en la concesión de préstamos y otorgando al Juez unas facultades más amplias en los casos de necesidad para suspender el desalojo.

Esperemos que esta vez el Gobierno y la oposición se pongan a trabajar en serio y, manteniendo la estructura jurídica y financiera de nuestro sistema hipotecario que goza de buen salud en estos difíciles tiempos, mejoren los efectos de la aplicación de la Ley que están provocando algunas situaciones de alarma social .

En el Derecho Romano ya se afirmo que “summa ius, summa inuiria”.

1 comentario
  1. Josele says:

    Admirado columnista: "...Tiene un horizonte penal complejo y no está dispuesto a callarse nada": ni complejo y se lo callará prácticamente todo. Libre, y a disfrutar del dinero.
    Por cierto, quien aprende siguiendo estos o cualesquiera hábitos de conducta, camina hacia la madurez.
    ¿Es que este personaje (como toda su saga) tiene ínfulas de algo así?
    Es egoísmo puro y duro, del más malvado cine negro
    Un saludo afectuoso de quien le echa de menos, sobre todo, en Radio (¡¡Bravo "Cada mañana sale el sol"!!)

    Responder

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *