Un poquito de tasas, por favor

El Congreso ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales y la oposición se ha quejado de que se ha tramitado mediante el procedimiento de atribución a la comisión parlamentaria de competencia legislativa plena, una opción ordinaria que prevé el Reglamento de la Cámara y que debería generalizarse, salvo que nuestros diputados consideren que la desafección de los ciudadanos es un problema que no les incumbe. Los partidos de la oposición se quejan de que la Ley se ha aprobado en tiempo récord, cuando deberían presentar el acontecimiento como un merito y un cambio de actitud que se mantendrá durante esta legislatura.

Lo más llamativo, es que desde la oposición aducen en su contra “la dignidad de la Cámara”, una dignidad que consideran que esta incólume cuando  en un debate de totalidad los diputados y/o senadores hacen pasillos en espera de  que suenen los timbres que llaman a votación y el hemiciclo presenta un aspecto desolado.

Potenciar el papel de las Comisiones parlamentarias, agilizar trámites, acabar con las reiteradas prórrogas de plazos para presentación de enmiendas, simplificar las ponencias y utilizar las nuevas tecnologías en los procedimientos parlamentarios sería una buena manera de que el aire de la calle entrase en la Carrera de San Jerónimo y en la Plaza de la Marina Española y así los ciudadanos comprobarían que un proyecto de Ley remitido por el Gobierno no permanece 9 meses -el tiempo en que se forma una vida humana- dando tumbos entre nuestros representantes.

En el fondo de la cuestión, el Ministro de Justicia ha abordado de frente uno de los problemas de la Administración de Justicia -que indudablemente no es el único- que es la falta de recursos y la utilización de la litigiosidad y los vericuetos procesales como un método para la demora en el cumplimiento de las obligaciones a modo de burladero de quienes se aprovechan del retraso judicial.

Los tiempos procesales no están en consonancia con la realidad social y económica que exige una respuesta con mayor celeridad en la resolución de las controversias jurídicas. Que la memoria del Tribunal Supremo reconozca más de 14.000 recursos de casación pendientes en el orden contencioso administrativo, indudablemente afecta mucho más a derechos fundamentales y a la seguridad jurídica que la implantación de tasas judiciales que pretenden, moderadamente, racionalizar la presentación de recursos y que, en todo caso, excluyen los procedimientos penales y el beneficio de gratuidad de la justicia.

En los partidos de la oposición y en determinados sectores se realizan manifestaciones de campanario lanzando la idea de que los copagos en  justicia, sanidad y en otros de servicios sociales son un “repago” y que se está desmantelando el estado del bienestar, afirmaciones carentes de todo fundamento solvente.

Se olvida el esfuerzo inversor que han realizado todas las Administraciones Públicas  en los últimos 25 años de democracia. Un esfuerzo inversor que ha sido financiado en parte con Fondos europeos, con deuda y con  los impuestos de los ciudadanos. La conservación y mantenimiento de las numerosas infraestructuras, carreteras, hospitales, centros culturales, aeropuertos, universidades, exige la aplicación de unos criterios básicos de pago por los usuarios de estos servicios. Usuarios que acuden y utilizan estas inversiones y servicios con diferente intensidad y beneficio personal. Una utilización que con los modernos sistemas informáticos permiten discriminar y financiar un porcentaje pequeño del coste de conservación y mantenimiento mediante el pago de las tasas.

¿Quién puede defender que todos los ciudadano debemos soportar el 100 por 100  del coste de la Administración de Justicia de una empresa que recurre reiteradamente para eludir el cumplimiento de sus obligaciones?¿ O ahora que se habla tanto de los Bancos, qué razón hay para que las reclamaciones por incumplimiento de préstamos tengan que ser financiadas por todos los ciudadanos.¿ O que el trabajador pague con sus retenciones en el Impuesto sobre la Renta el 100 por 100 de la matrícula del universitario de quien ha tenido la ventaja de poder acceder a estudios universitarios.?¿O porqué no va a pagar tasas de peaje viario  la empresa que utiliza la carretera para vender sus productos en otro lugar?

Las reformas del Gobierno de Rajoy son bastante moderadas y el PSOE debería bajar el diapasón de la demagogia cuando afirma que se está poniendo en cuestión el estado del bienestar. Los ciudadanos  no se creen el argumentario, según resulta de los procesos electorales.

Aquí, los 17,3 millones de ciudadanos que  constituyen la población activa  están manteniendo con sus  impuestos las estructuras sociales que cimientan nuestra democracia. Un poco de rigor sería bueno para  los pregoneros que nos cuentan que Rajoy con sus trompetas del Jericó liberal está derrumbando el estado del bienestar. Les vendría bien una vuelta por el extranjero.

El Gobierno está aplicando unas políticas muy moderadas para conseguir la estabilidad y la consolidación fiscal y en materia fiscal más próximas a la socialdemocracia que al liberalismo.

Ya lo dijo, el Ministro de economía Luis de Guindos. Como vengan los hombres de negro, sí que nos vamos a enterar de lo que son recortes.

Y encima, la oposición quiere que las leyes se aprueben más despacio.

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