La losa del 7 por ciento

Con la prima de riesgo al 7 por ciento y el efecto deslizamiento que produce sobre el mercado primario de deuda, no hay manera de tener un horizonte de recuperación económica. Ni hay crédito, ni llegan inversiones ni se produce una liberación de recursos públicos que permitan impulsar una moderada política de estímulos.

Vivir al 7 por ciento es como la navegación de “Masters and Commanders” en el cabo de Hornos, con el riesgo de zozobrar por una ola o ser arrastrado contra un acantilado, empujado por los “cuarenta bramadores”, los vientos que reinan por abajo de los 40 º sur.

En esta situación, con un escenario de inestabilidad que se está haciendo crónico en la zona euro, el flujo de capital inversor exterior hacia España es negativo y no hay ningún atisbo de ventaja competitiva que anime a invertir en nuestro país. Si además la política fiscal desde el Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos incrementan la carga impositiva, por vía directa o indirecta, en relación con la renta percibida, al socaire de “mantener los servicios sociales”, la capacidad de recuperación económica desde la demanda interna a corto plazo se diluye exponencialmente.

Las reservas manifestadas por Finlandia y Holanda, en menor medida, a las ayudas al sector bancario y la propia mecánica europea en la toma de decisiones, lastrada por el principio de unanimidad y el papel meramente ejecutivo que juega el Colegio de Comisarios, unido a la ortodoxia del BCE que vigila el fuego fatuo de la inflación, nos presenta una Eurozona en la que Alemania mantiene la válvula de regulación con un mínimo paso de oxigeno para España e Italia.

Lisa y llanamente consideran que sus respectivos gobiernos de Rajoy y Monti no han hecho todos los deberes. Y algo de razón tienen cuando los avances de las cifras presupuestarias en España presentan un déficit acumulado a marzo de las Administraciones Públicas del 3,4% y una caída de ingresos fiscales y de la cuenta de la Seguridad Social. Con una partida de servicio de deuda, pago de intereses de más de 28.876 millones de euros, equivalente al pago por prestaciones de desempleo, el margen de maniobra vía presupuestos es cada vez más reducido y es un éxito mantener el barco a flote, ganando tiempo al tiempo.

Ni la victoria de Hollande, ni el G-20, ni la reunión de Roma, ni la cumbre de Bruselas han dado más que un respiro momentáneo que se ha esfumado en menos de 72 horas. En Italia, Monti ya ha anunciado la salida de 100.000 funcionarios y una profunda reestructuración de las estructuras administrativas provinciales. En España, Rajoy, prepara el nuevo acuerdo de no disponibilidad y la subida del IVA.

Sin embargo, la descentralización del control del gasto, resultado de la organización territorial asentada sobre las CCAA que gestionan las partidas sociales y educativas que representan el 80 de sus presupuestos, sigue causando una grave preocupación en Bruselas. La elefantiasis del sistema política que se ha articulado en las Autonomías, ha multiplicado el gasto corriente y ha generado una trama de sector público que todavía campa por sus respetos y que ha servido para las gratificaciones de los partidos políticos. Televisiones, empresas públicas, Cajas, universidades, subvenciones y demás sub especies han proliferado en las Comunidades, generando adherencias a los partidos, bajo el síndrome del control total de la sociedad.

En todo este devenir, el principio supremo de comportamiento en la política ha sido el control. El control de la comunicación, por las TV y radios autonómicas y municipales, el control del dinero por las Cajas constituidas como Bancos regionales que premiaban a los empresarios afectos y los proyectos de “interés regional” y el control educativo y cultural a través de las Universidades propias que definían el espacio cultural correcto y suministraban el sustrato ideológico.

Aquí poco ha importado definir un administración más próxima que se ha sustituido por un administración afecta, ni ahorrar costes o ser más eficientes en las prestaciones del servicio público. Solo ha primado la voluntad de controlar y tener un pesebre lo más amplio posible para proteger el poder político de cualquier contingencia. Y así se ha llegado hasta la Administración de Justicia, de modo que la Comunidad da su placet al Presidente del Tribunal Superior.

De estas perversiones no se ha sustraído ningún partido político. Rajoy tiene mucha tela que cortar y debería hacer algunos gestos formales como modificar el protocolo que dispone que el presidente de la Comunidad Autónoma sea la máxima autoridad por encima de los ministros aún en los actos del Gobierno de la Nación. Y debería romper la norma no escrita que hace que se consulte el nombramiento de Delegado del Gobierno al presidente de la Comunidad cuando son del mismo partido, como si fuera un cargo subordinado.

Hay que recuperar poderes y competencias del Estado en la política interna y ahora que se debate la reforma del Consejo del Poder Judicial, es el momento de devolver la competencia de Justicia al Estado, como ha declarado el Fiscal General, Torres-Dulce.

De esta crisis solo se sale con firme voluntad reformista, por mucho que la izquierda quiera plantear un debate irreal entre austeridad y política social, mirando a Hollande que ha anunciado ajustes por 40.000 millones. En España, Zapatero con Blanco de ministro de Fomento, se llevó por delante solo de una tacada 50.000 millones en obra pública e inversiones de este Ministerio.

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