Reformas estructurales frente a ajustes contables

El Gobierno empieza a presentar signos de agotamiento en la agenda de reformas estructurales que el país necesita, sobre todo para no volver a la andadas cuando pasen las tormentas. Si se repasan estos meses, reformas, lo que son reformas estructurales, solamente se han producido dos: la Ley de estabilidad y la reforma laboral.

Lo demás han sido ajustes contables. Se han subido los impuestos a los ciudadanos, se ha organizado un plan de pago a los proveedores de las Administraciones Públicas, se ha desarrollado la regulación del FROB del 2009 con el Real Decreto Ley que limitó las retribuciones a los órganos de las Cajas de Ahorro transformadas que perciben ayudas y se aprobó un acuerdo de no disponibilidad y un marco presupuestario, inmediatamente enmendado, que provocó el capítulo de recortes en diferentes partidas. En definitiva, se ha continuado la línea del Decreto Ley de mayo de 2010 aprobado por Zapatero que abrió la caja de los truenos con la reducción de sueldos a los funcionarios y recorte en partidas presupuestarias.

Por los datos de la prima de riesgo, la temperatura que toman los mercados a nuestra economía y la pésima imagen exterior de España, hasta el momento, el resultado de los ajustes contables sin reformas estructurales es, ciertamente, escaso.

En la política democrática que se sustenta en un régimen de opinión pública ,los ciudadanos responden a la pregunta de si estamos igual, mejor o peor que hace unos meses y la respuesta es que hoy estamos peor que en marzo, con un deterioro grave de la situación y disminuida la percepción de confianza que genera nuestra economía. El Gobierno de Rajoy fue recibido como agua de mayo y cuando ha llegado este mes de mayo ha entrado en un proceso de combustión política acelerada.

La pérdida de las elecciones andaluzas marcó la inflexión de un cambio de tendencia en la opinión pública y a partir del 25-M la realidad ha ido golpeando la mandíbula de Rajoy y su Gobierno hasta llegar al clímax de la nacionalización de Bankia y la guinda de la formación de Gobierno en Asturias por coalición PSOE– IU. Por si faltaba algo, la revelación de los datos de la Comunidad de Madrid y de Valencia, incrementando el déficit conjunto de las CCAA hasta el 8,9 del PIB, es un jarro de agua fría, especialmente por el incumplimiento de Madrid que ha duplicado la cifra que se preveia y ha dejado al descubierto deficiencias no esperadas en la política de control presupuestario. En el número uno de las CCAA, Castilla-La Mancha, en la que Cospedal, la secretaría general del PP, no ha conseguido enderezar el desastre de Barreda y definir una procedimiento de buen gobierno exportable a los demás gobiernos autonómicos del PP.

Llama poderosamente la atención el retraso en el cierre del ejercicio de 2011 por las CCAA y la desviación de algunas en relación con los datos provisionales remitidos a Bruselas, lo que demuestra que hay mucho maquillaje contable, algo impensable en la contabilidad pública que está debidamente regulada por una profusa legislación básica del Estado. El control de la imputación presupuestaria de los gastos que deben estar autorizados, intervenidos y contabilizados tiene exigirse sin ninguna excusa, sin perjuicio de condenar con todas las penas del infierno a los gestores irresponsables. La Ley de Transparencia y la posible destitución del alto cargo pródigo es un antídoto para detener la adicción, pero lo que hay que evitar es el consumo de anfetaminas de gasto público como método normal en la gobernación de las Administraciones públicas.

En el escenario internacional España ha perdido valoración en estos dos últimos meses. Las expropiaciones de Argentina y Bolivia, la crisis de las Cajas de Ahorro encabezadas por Bankia, el frontón de Bruselas y la nula respuesta de Draghi en el BCE a la subida de la prima de riesgo y el conflicto de Gibraltar, revivido quizás bajo la teoría de que conseguiría aunar al país y motivar el ánimo de los ciudadanos.

La portada de algunos periodicos, condenando a la pérfida Albión, ha sido muy ilustrativos de la campaña que se ha querido organizar para distraer al personal. Lo cierto es que a los ciudadanos la cuestión de Gibraltar les importa bastante poco y están dispuestos a esperar un siglo más para resolver el contencioso. La tesis gubernamental de sustituir el foro tripartito por el bilateral es un paso atrás y no tendrá otro efecto que enrarecer las relaciones de dos Estados que deben buscar un marco en la UE para resolver la cuestión, desde las perspectivas de la cooperación económica, geoestratégica y militar en el enclave del Estrecho.

Pensar que el problema se puede encauzar soslayando los intereses de los gibraltareños es, sobre todo, una negación de la realidad. La política internacional es pragmatismo e intereses. Rajoy estará en las cumbres de Chicago y de Bruselas y algo tiene que traerse en el zurrón y no puede volver de vacío. Lo que un cercano colaborador de Aznar llamaba “el turismo político” sirve para buscar sintonías y complicidades en el tablero de ajedrez y ahora necesitamos algo más que buenas palabras y palmaditas en el hombro de nuestros aliados que parece que disfrutan viéndonos como nos tambaleamos al borde del precipicio.

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