¿Reforma financiera suficiente?

Las medidas adoptadas por el Gobierno, 4ª fase de la reforma financiera, por las que se incrementan las provisiones bancarias por préstamos y créditos al sector inmobiliario, acompañada de un informe sobre el Anteproyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pretenden apaciguar el fuego que ha reavivado el caso Bankia, un nombre desacertado en su fonética que no ha venido acompañado de buenos vientos.

Las tuercas de las provisiones se aprietan, lo que va a obligar a las resultantes de las Cajas de Ahorro a acelerar las fusiones en la tercera fase para contar con el suficiente colchón en el balance que les permita afrontar el alza en el porcentaje de provisiones. De las 45 Cajas de Ahorro que existían en el 2009, probablemente acabaremos 2012 con un número alrededor de 10 supervivientes con forma jurídica independiente.

¿Es suficiente esta velocidad de crucero en la reforma del sistema financiero? La opinión común de expertos y observadores está en que España ha tardado demasiado tiempo en implantar esta reforma, que hemos lanzado un mensaje falso de que nuestro sistema estaba entre los más solventes de Europa-así lo dijo Zapatero- y que la formula de fusiones frías mediante los SIP ser han mostrado como remedios caseros que bajaban la temperatura pero que han sido lentos, ineficientes y generadores de problemas que han crecido exponencialmente.

Había otro modelo posible, más radical que el FROB que debería haber estado basado en la exigencia de provisiones entonces como las que ahora se imponen, en una actuación concertada Gobierno-Banco de España que debió instrumentarse ya en el 2009.Con intervención – liquidación de aquellas entidades resistentes al cumplimiento del proceso que se vio lastrado, desde el primer momento, por las reticencias de los Presidentes autonómicos que consideraban una afrenta perder el control de “su Caja”. Y las declaraciones las hay en todos los partidos políticos.

El sistema de doble dependencia Comunidades-Banco de España, este en la competencia del cumplimiento de los coeficientes de solvencia, ha sido un auténtico fracaso.

Al mismo tiempo se debieron identificar los derechos de propiedad en las Cajas con una transformación de su naturaleza jurídica fundacional con el objetivo de valorar su patrimonio, agilizar los procesos de fusión y su cotización en Bolsa y reconocer derechos a las entidades fundadoras -Ayuntamientos, Comunidades, Instituciones- que van a quedar en la foto final con el casillero a cero. Buena fórmula para destinar los recursos que se hubieren obtenido a la amortización de la deuda pública respectiva.

Los Bancos, los auténticos, han estado de perfil en todo este proceso demostrando su profesionalidad y experiencia en crisis pasadas, como la que padeció la Banca industrial en los años ochenta. Al Santander, al BBVA al Popular-Pastor no les han colado una sola Caja y el Sabadell compró con ayudas la cartera de la CAM.

El escenario para el ciudadano va a empeorar a corto plazo. Las provisiones y las nuevas exigencias de capital implican menos crédito y tipos de interés más altos a medio plazo, el que sea necesario para el saneamiento de activos y liberación de provisiones. Las medidas del Gobierno, técnicamente correctas, deberían estar acompañadas de reformas estructurales más valientes en el sector inmobiliario. Tramitar legislativamente una reforma de la Ley de Arrendamientos que no estará aprobada en menos de seis meses, es una demora incomprensible en estos tiempos.

Algunos en el Gobierno deberían releer el Decreto-Ley de Boyer de abril de 1985 para comprobar lo que es una reforma de calado en el sector. La modificación del régimen legal acabó con la prórroga forzosa y con 40 años de legislación proteccionista en España.

El problema de la restricción crediticia exigiría que el Gobierno pusiera en marcha flotadores para asegurar la llegada de financiación a empresas y ciudadanos, reforzando el mecanismo del ICO que está en un estado de paralización total, aunque sea en las mismas condiciones que se imponen a las entidades que acuden al FROB que van a pagar el interés del 10 por ciento. Se necesita un Fondo de reestructuración ordenada para particulares que facilite a empresas y ciudadanos, en difícil situación y que no sean cubiertos por la financiación bancaria, que tengan un mecanismo de flotación y puedan percibir algo de oxígeno.

Simplemente, restablecer una vía de circulación financiera para los particulares y hacer llegar a la ciudadanía que el país tiene también problemas fuera de las entidades que el Gobierno atiende.

Las cifras presentadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros, producen vértigo.307.000 millones de euros de deuda inmobiliaria con unos activos problemáticos de 276.000 millones, provisionados al 50 por ciento en el mejor escenario. Con un PIB en 2011 de 1.073.383 millones de euros, tenemos un problema en el 27 por ciento de nuestra economía.

La situación sigue siendo de pronóstico muy grave. El Gobierno tiene que seguir haciendo reformas más valientes y más profundas. Y la oposición tiene que demostrar más responsabilidad y sentido común en sus declaraciones.

Ni la mayoría absoluta otorga la verdad absoluta ni la oposición tiene patente de corso para decir obviedades y ser irresponsable. Los ciudadanos reclaman acuerdos y soluciones más que declaraciones ingeniosas y reproches.

Tenemos la crisis económica más intensa desde la depresión de 1929 que ha cambiado un modelo de Estado de bienestar. Vivimos los últimos años del reinado de Juan Carlos I y larga vida al Rey. Y el final de ETA va a presentar una mayoría soberanista en las instituciones democráticas del País Vasco.

No falta ningún elemento para exigir responsabilidad, altura de miras y sentido de Estado. Por el momento, las reformas del sistema se han limitado a reducir un 20 por ciento las aportaciones y subvenciones a partidos y sindicatos.

 

 

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