Moral pública, justicia pública

Un fin de semana protagonizado por la Justicia que actúa requiriendo decir la verdad al imputado Iñaki Urdangarin que comparece como un ciudadano y deberá dar cumplida justificación de sus actos como empresario y sus relaciones con la comunidad de Baleares. Una administración de justicia que trabaja en horas extraordinarias, probablemente no retribuidas,  y que necesita una radical transformación en su planta, organización, medios y procedimientos de trabajo, más allá de reformas procesales que, realizadas desde la abstracción de la teoría jurídica, olvidan que constituye un servicio público esencial que demanda modernidad.

En estos difíciles tiempos, debería ser una prioridad la recuperación de la moral, la ética pública, especialmente exigente para aquellos que tienen una primacía política, económica o social que determina una situación  de liderazgo en los comportamientos de la sociedad que aspira a emularlos. Lo que se ha denominado responsabilidad social, sea corporativa, de inversores, de deportistas o de intelectuales se exige como una frontera ante determinados comportamientos y como un título acreditativo de valores para quienes interactúan en la sociedad.

El conflicto entre moral y política ha sido debatido en la doctrina desde los escolásticos que formularon la teoría de la Ley justa, dirigida al interés general, al bien común en la expresión de Santo Tomas de Aquino. Y se ha dudado de que moral y política puedan convivir.

Norberto Bobbio dice que “Moral y política, las dos éticas incompatibles entre ellas que nos gobierna, existen y siguen existiendo porque ni una ni otra bastan por sí solas para garantizar a la vez convivencia civilizada y supervivencia. La moral o ética de los principios, no garantiza la segunda; la política o ética de los resultados, no garantiza la primera.”

Urdangarin más allá de lo que resulte del procedimiento penal, ha olvidado su condición de individuo político –representa, aunque sea parcialmente a la Corona y, por tanto, al Estado- y ha querido valorar, únicamente, la ética de los resultados que rige en la vida empresarial más descarnada, olvidando la moral de los principios que se le exige por su primacía y representación

La normalización de las Familias reales en la vida social no está exento de riesgos y, en consecuencia, exige aprendizaje y blindajes que eviten la contaminación con prácticas reprobables, bien sea consciente e interesadamente o simplemente irresponsable. El Reino de España, sin prisas, necesita una Ley que desarrolle el Título segundo de la Constitución, prevista en su artículo 57 al referirse a las renuncias, abdicaciones y  dudas en el orden de sucesión.

Puede razonablemente suceder que algún miembro de la Familia Real desee voluntariamente excluirse del orden sucesorio y también es evidente que debe regularse el estatus de los consortes de quienes están en ese orden sucesorio, determinando el grado máximo en el que se hace visible la representación de la Corona y del Estado, protocolariamente y con su estructura de derechos y obligaciones.

Los núcleos familiares de padres e hijos se diversifican con los nuevos matrimonios y es evidente que en el siglo XXI la Familia Real no puede limitarse a posar en los cuadros para recordar a Velázquez o Goya. La incorporación a la vida social del país por quienes están unidos a la Corona es ineludible. Las hermanas de don Juan Carlos contrajeron matrimonios con personas de gran respeto social por su conducta y trayectoria, como el fallecido Duque de Badajoz y Carlos Zurita. Ambos se incorporaron a la vida empresarial y profesional  de España con plena normalidad, con naturalidad, discreción y conciencia de la responsabilidad derivada de sus matrimonios.

Al final todo conduce a otorgar mayor valor a la ética de los principios y a la responsabilidad que a la ética de los resultados.

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