La revolución pendiente en la justicia

La apertura del año judicial, en las mismas fechas del curso escolar, representa, gráficamente, la lejanía de la organización de la justicia en España con la realidad del año que vivimos. Se abre el año judicial tras ser inhábil el mes de agosto en las jurisdicciones, una práctica atávica y ancestral que responde, como la demarcación judicial, a un modelo del siglo diecinueve en el que la comunicaciones se hacían por caballerías o incipientes ferrocarriles y la documentación se contenía y archivaba en legajos a los que se incorporaba, tímidamente, el papel carbón.

Tras un mes de agosto en el que, hasta los más incrédulos, habrán comprobado que el mundo está abierto 365 días y 24 horas, nuestra Justicia detiene los relojes y embrida al Dios Cronos hasta la reapertura del año judicial en septiembre. Ya ni siquiera son reproducibles las imágenes de Fellini en el “ferragosto” con las calles vacías de Roma y la caravana de coches circulando hacia las playas cercanas de Ostia. Internet y las comunicaciones han hecho volar por los aires el calendario gregoriano, el chino y el ramadán de los musulmanes.

La Justicia, su organización, necesita un cambio radical que tenga su punto de partida en una organización estructuralmente nueva en el servicio público de la administración de Justicia. No es tanto un problema normativo, cada Ministro de Justicia que llega aprueba su reforma procesal con el fin de colocarse en el panteón de los hombres ilustres junto a Alonso Martínez, como un problema de una organización y estructura eficiente que realice un análisis de los medios que tiene y optimice los recursos humanos y materiales. Aunque, sin duda, es necesario dar una cobertura legal al cambio y, por tanto, modificar las leyes que provocan nudos gordianos, pero sin poner el acento de manera exclusiva en las leyes procesales.

La demarcación judicial en base a los partidos judiciales es del año 1834 y es tan obsoleta como la distribución territorial en 8.000 municipios, incomparable por exceso con la de países de mayor población como Alemania o Italia. La demarcación judicial tiene que derogar los antiguos partidos judiciales y situarse en un ámbito provincial y autonómico de tal manera que la competencia territorial de los juzgados esté vinculada a la actual organización territorial del Estado.

El modelo que la Justicia tiene que mirar es el de la Agencia Tributaria del Estado que es una Entidad pública que funciona en régimen de derecho privado y que ha sido capaz de modernizarse hasta el punto de remitir a cada contribuyente los datos de su declaración fiscal.

Es indudable que una Agencia Estatal de la Administración de Justicia centralizaría compras, inmuebles, garantizaría la movilidad del personal que trabaja en su Administración, conectaría en red a todos los órganos judiciales y establecería un reparto eficiente de la carga de trabajo que, al menos, permitiría que dos asuntos con idéntico contenido y las mismas partes procesales, no circulasen por juzgados distintos a diferente ritmo procesal.

El Tribunal Supremo, donde acaban los grandes procesos junto con la Audiencia Nacional, tiene, según Memoria del 2010, 24.000 recursos pendientes y este año tendrán entrada en los Juzgados y Tribunales 9 millones de procedimientos. Unas cifras que causan vértigo y que más allá de su frialdad afectan a derechos y libertades fundamentales y provocan una deseconomía con efectos agravados en la actual crisis. El día en el que alguien haga un estudio serio del coste financiero y efectivo que supone para la economía la tardanza en la Administración de Justicia, nos daremos cuenta de lo que supone abandonar su reforma al último acuerdo de la política.

En un escenario de restricciones de gasto público es impensable que la Justicia alcance en los próximos años el objetivo de incrementar su gasto hasta el 2% del PIB, tal y como se prometió en su plan de modernización. Hoy el gasto, según presupuestos del Estado y de las CCAA, está en el 0,38 del PIB.

El signo es eficiencia, imaginación y cambio en un espacio muy anclado en el pasado y con múltiples resistencias. El triangulo Consejo General, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas se ha mostrado claramente incapaz de su modernización. Aprovechando la luna de miel clandestina entre el PP y el PSOE en la reforma constitucional y en la laboral, deberían abrir otro renglón en la agenda.

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