Quién sabe crear empleo

El PP y el PSOE han dedicado el fin de semana a exponer sus programas e intentar explicar sus métodos respectivos para crear empleo y cambiar el, hasta ahora, irremediable estigma del paro. Las propuestas desde Canarias, con Rato a la cabeza y Fidalgo aplaudiendo, y desde las páginas de El País en la entrevista dominical con Rubalcaba, nos han dejado en el mismo estado de ignorancia en que nos encontrábamos antes del fin de semana. Los grandes partidos no saben como generar las condiciones para crear empleo y siguen lanzando declaraciones genéricas: ”impulsaremos los contratos indefinidos”; “hablaremos con los Bancos”; ”la educación es la garantía del futuro”; ”el impuesto sobre el patrimonio y la tasa sobre la actividad bancaria se destinarán a la creación de empleo”.

Los programas de ambos partidos coinciden en encontrar el vademécum en una Ley de emprendedores -qué manía con cambiar el Diccionario de la lengua- de la que tampoco se sabe el contenido, aunque Rubalcaba nos ha iluminado, sin más precisión, diciendo que lo importante es que los requisitos administrativos sean iguales en todas las Comunidades, algo que es así en este momento, pues la Ley de Sociedades de capital, que va en pocos meses por la tercera modificación, es una Ley Estatal. El PP contesta que Rubalcaba les ha copiado, aunque nadie sabe exactamente qué, porque su propuesta era igual de difusa.

Rato ha estado genérico, diciendo que hay que incrementar la producción, es decir, actuar sobre la oferta, consumir productos españoles, ligar salarios a productividad, sin ninguna referencia a los de sus colegas, y ser más selectivos en la financiación bancaria, aunque no ha sido capaz de manifestar espíritu de contrición por el festival de créditos que dieron los Bancos en el boom inmobiliario, con especial mención a los concedidos por las Cajas de ahorro a algunos promotores, con los que constituyeron sociedades con el fin de obtener ganancias dobles, por el negocio bancario y por el negocio promotor.

Las cuentas de resultados de las entidades financieras registraron en unos años beneficios espectaculares gracias al mercado de crédito hipotecario y sus derivados y relajaron la prevención del riesgo, demostrando en algunos casos, una profesionalidad muy limitada que hoy se ha traducido en la restructuración del sector de Cajas de Ahorro a costa del dinero público.

A diferencia de otras restructuraciones que se hicieron en España, como la naval o la siderometalúrgica, donde los recursos públicos se destinaron a cubrir las prestaciones sociales y la reintegración laboral de los trabajadores, con las Cajas de ahorro se ha lavado la cara de los gestores que fueron los responsables profesionales de la gestión. Todo un ejemplo del sistema de protección que se ha montado para hacer desparecer responsabilidades, oscurecer gestiones y acuerdos de los consejeros y cargar la culpa al ladrillo y a los ciudadanos a los que cuando entraban en una entidad se llevaban hipoteca y media bajo el brazo. A Rato le faltó un honesto análisis crítico.

Los diseños de modelo laboral y empresarial de los dos grandes partidos no abordan ni el problema de los costes sociales, ni la financiación a la inversión a través de una política de estímulos fiscales, mucho más eficaz y neutral que la rebaja del Impuesto de sociedades (propuesta del PP) o la tasa bancaria (propuesta PSOE), ni el nudo gordiano de las trabas administrativas que está en la licencias municipales y en las restricciones a la actividad. La apertura de un negocio es un calvario por la intervención municipal y autonómica a la hora de conceder permisos y licencia, a pesar de que Zapatero ha suprimido la licencia de actividad municipal. Las dobles licencias para la apertura de grandes superficies, la inexistente libertad de horarios que la Comunidad de Madrid aprobó pero que se vulnera con la normativa municipal, la restricción de la competencia impidiendo vender productos en algunos establecimientos y la propia competencia desleal desde las Administraciones Públicas, trasmutadas en agencias de alquiler, promotoras de espectáculos y arrendadoras de pisos.

Lo que nos faltaba es la idea de que tenemos que consumir” made in spain”, cuando las decisiones del consumir tienen una base en los precios y la sugerencia niega la liberalización del comercio internacional devolviéndonos a la autarquía. Además, nuestro sector exterior está en números verdes y la liberalización ha favorecido la competencia y la mejora de nuestros sectores productivos.

Rubalcaba, muy anclado en su entrevista en el boom inmobiliario al que le adjudica todos los males, pobre modesto y sencillo ladrillo, al menos ha reconocido que su participación en el PIB no puede pasar del infinito al cero y pidió una nueva regulación estatal, con mayúsculas, del urbanismo.

España necesita capital para crear empleo, inversión nacional y exterior y liberalización. Abrirse a los nuevos mercados, menos restricciones de las Administraciones, menos rigideces laborales y normativas, mejorar su seguridad jurídica e incorporar tres millones de ciudadanos a su población, europeos y no europeos, con residencia temporal o permanente en nuestro país. Y potenciar sus fortalezas, sus sectores productivos más eficientes: turismo residencial, servicios sanitarios, industria alimentaria, servicios de valor añadido en el comercio internacional y posición logística Europa-América-África.

Obama ha dado algunas claves en su programa económico: 51 por ciento dedicado a la reducción fiscal de aportaciones a los fondos de pensiones para estimular el empleo; 31 por ciento con destino a infraestructuras y 14 por ciento en subvenciones directas al empleo. Poner más gente a trabajar y más dinero en sus bolsillos.

 

 

 

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