Los portavoces y los ricos

Por la boca muere el pez… y los portavoces que hacen guardia en el mes de agosto se explayan, lo que era explicable en aquellos tiempos pasados en los que los periódicos se tenían que inventar la reaparición del monstruo del lago Ness para llenar las páginas ante la falta de noticias. Pero este mes ha sido de traca continua, entre la prima de riesgo, la volatilidad de la Bolsa y el escenario final de la reforma pactada de la Constitución, con las elecciones a la vuelta de la esquina.

Al portavoz del PP, González Pons, las cuestiones reales y tangibles no le bastaban y se ha despachado con ligereza y frivolidad con la teoría de que los ricos propongan pagar ellos más impuestos que es algo así como si los condenados a la silla eléctrica piden más voltaje en la red de electricidad. El portavoz del PSOE ha tardado cinco minutos en lanzar el guante y decirle al PP que lo proponga en su programa electoral. No hay nada más excitante que poner a un pirómano al lado de un bidón de gasolina. Cuánta razón tiene Rajoy cuando les recomienda a los suyos que no hagan declaraciones.

Para argumentar la propuesta se recurre a las modificaciones fiscales de Francia e Italia que son iniciativas de sus Gobiernos con estructuras fiscales distintas y diversas.

El primer problema es definir cuanto hay que ganar o tener para ser calificado como rico en España en la que, como resulta de los informes oficiales, cada vez oficialmente hay menos ricos. Ya decía un Alcalde de un municipio con alta renta, que a los ricos había protegerlos porque eran una especie en peligro de extinción.

Según el Instituto de Estudios Fiscales, 760.000 declarantes, el 4,3 por ciento de los contribuyentes que declaran ingresos superiores a 60.000 euros anuales soportan el 40,3 por ciento de toda la recaudación por el Impuesto sobre la Renta.

Los 13.058 ciudadanos que declaran ingresos superiores a los 600.000 euros aportan el 7,2 por ciento de la recaudación total y el 49,2 por ciento de los contribuyentes con ingresos inferiores a los 16.500 euros aportan solamente el 5,3 de la recaudación. Por tanto, el impuesto tiene una alta progresividad y descansa en las rentas entre los 60.000 y 120.000 euros, con un tipo medio efectivo del 29,1 por ciento, mientras que la media de todos los contribuyentes está en el tipo del 14,4 por ciento sobre sus ingresos.

Y toda esta estructura fiscal que recae sobre los sectores más activos y dinámicos de la sociedad, profesionales, ejecutivos, autónomos y pequeños empresarios, precisamente quienes están reclamando un cambio de Gobierno, está basada en que son asalariados o con rentas transparentes y, por tanto, controladas fiscalmente. Los ricos, ricos de verdad, hace tiempo que se convirtieron en personas jurídicas y que ejercieron lo que se denomina economía de opción, es decir sicav, diversificación patrimonial en terceros países, off shore y países con baja tributación.

Rajoy les leyó la cartilla a sus alcaldes y candidatos autonómicos para que no subieran los impuestos y las propuestas fiscales que ha realizado se han limitado a una posible bajada del Impuesto de Sociedades a las PYMES. El debate fiscal está necesariamente abierto y las medidas que se tomen constituirán un elemento de reactivación o de penalización de la economía. La arquitectura tributaria, sin corresponsabilidad fiscal de Comunidades y Ayuntamientos, tiene que plantearse con toda su crudeza. A los nacionalistas la reforma constitucional no les gusta nada y tampoco a aquellos que añoran la autarquía de la dictadura y la fútil ideología de Juan Palomo.

El PP tiene que tomar posición programática sobre el Impuesto sobre el Patrimonio y explicar que era un impuesto censal, para identificar propiedades, con una recaudación irrelevante y eludida por las grandes fortunas a través de instrumentos de ingeniería jurídica y financiera. Frente al restablecimiento de este impuesto, sería mucho más efectivo recuperar el Impuesto de Sucesiones con regulación estatal exclusiva y modificando radicalmente su naturaleza para situarlo como un impuesto indirecto en la esfera del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, con un tipo fijo aplicable a todas las que realizan a titulo gratuito, donaciones y herencias. Indudablemente con un mínimo exento general que iguale a todos los españoles y nos saque del disparate de las distintas regulaciones de las Comunidades, en las que en unas se paga y en otras no.

Un informe del diario El País pone de relieve los cambios sociales y la reducción de matrimonios en España, con las nuevas formas de convivencia, lo que constituye una razón más para modificar este Impuesto y el Código Civil en la regulación de las legítimas, a fin de evitar tipos impositivos desorbitados al aplicarse en la convivencia de parejas de hecho, no acreditada administrativamente, la escala más alta correspondiente a la relación entre no parientes o extraños.

Además, hay tres propuestas a estudiar y presentar. Primero, la necesidad de incrementar el IVA para armonizarnos con Francia y Alemania, lo que va a contribuir a consolidarnos fiscalmente. En segundo lugar, hay redefinir el sistema de devengo de este impuesto con el objetivo de evitar a empresas, profesionales y autónomos el anticipo fiscal sin compensación que les provoca un descalabro financiero. Y finalmente hay que bajar las retenciones a los asalariados para incentivar el consumo y disminuir a las empresas los tipos de las cotizaciones sociales que actúan, ahora, como un gravamen al empleo.

Mucha tela que cortar para salir por peteneras y decir generalidades. Los portavoces deben reflexionar previamente y mirar a la parroquia a la que hablan. Y puestos a dar ejemplo, los primeros los políticos y los partidos.

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