La guerra del dinero Gobierno-Comunidades

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Estado – CCAA, va a poner encima de la mesa donde se encuentra, en estos momento, el centro de gravedad del déficit público. Según los datos publicados, el Estado tuvo un superávit en sus cuentas en el primer cuatrimestre de 2011 de 2.450 millones de euros, con una reducción de sus gastos del 19,6%.

Al otro lado, las CCAA presentan un incremento de su déficit de 4.995 millones, lo que supone el 0,46 del PIB. La foto final que defiende la vicepresidenta Salgado exige que el déficit de las CCAA no supere el 1.3 del PIB. Arriba de la tabla, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia, que son las que peor se han comportado. Y las mejores, Madrid, Extremadura y País Vasco, con una especial mención a Madrid que presenta un déficit del 0.7 que es la cuarta parte de la media de todas las Comunidades, media situada en el 2,83.

Sorprendentemente en Madrid, el consejero Antonio Beteta, responsable directo del éxito salió de la Consejería de Hacienda y pasó a Transportes, donde está poniendo orden en las adjudicaciones de obras del Metro.

La dulce victoria del 22-M del Partido Popular en Comunidades y Ayuntamientos, muestra ahora su otra cara, la de una herencia envenenada que va a exigir mucho esfuerzo de comunicación rigor y valentía a los Gobiernos recién constituidos. Se acabó el toreo de salón y los consejeros tienen que llegar con las tijeras de podar en una mano y en la otra los estímulos para reactivar la economía.

El combate dialéctico entre el Gobierno de la nación y Comunidades, PSOE frente a PP, no ha hecho más que empezar. Rajoy pide árnica en la devolución de de la liquidación presupuestaria 2009 y Salgado le dice que naranjas de la China. Feijoo reclama más dinero al Estado y Chaves le dice que las competencias que se tienen que no se devuelven, santa rita, rita, rita. Es decir, que el partido electoral, en serio no en los prolegómenos, ya ha empezado.

La estrategia del PSOE ante el nievo mapa autonómico está en que el PP se confronte con la realidad y empiece a dar malas noticias, suprimiendo organismos, recortando presupuestos y, por tanto, despidiendo gente que es la traducción popular de los recortes. Todo este escenario se presenta como un paso atrás en el Estado del Bienestar y, fundamentalmente, en los sectores sensibles, sanidad, educación y servicios sociales.

El Partido Popular, responde que la caja se la ha encontrado vacía y llena de facturas y pide a Salgado que le diga donde recorta, a lo que responden desde la vicepresidencia económica que cada palo aguanta su vela y que les toca gobernar y gestionar.

Desde esta perspectiva y trasladada a la política nacional, al PSOE le interesa no adelantar las elecciones y que, como dicen los castizos, los gobiernos del PP se retraten con la aprobación de sus presupuestos. Es evidente que no pueden proponer ni encubrir una subida de impuestos y que la recaudación fiscal va a seguir cayendo en el ciclo económico depresivo en el que estamos. Más aun cuando los impuestos cedidos a las Comunidades están vinculados al sector inmobiliario.

En definitiva, estamos ante un círculo vicioso.1.El Gobierno se ha comprometido en Bruselas y ante los mercados internacionales a reducir el déficit público.2.El Gobierno de la nación ha cumplido su parte.3.Las Comunidades incumplen, globalmente el objetivo y presentan signos de asfixia financiera, especialmente como agentes del Estado de Bienestar. Y 4.El PSOE le pasa la facturita, como dicen en Andalucía, al PP que tiene que empezar a gestiona la crisis desde una perspectiva global.

El sistema financiero autonómico es un disparate, como ya advirtió Solbes y le movió a dejar el Gobierno harto de predicar en el desierto. Todos intentar depredar al Estado, sin asumir corresponsabilidad fiscal, sino únicamente las políticas de gasto que son las que permiten inauguraciones y sirven para recibir aplausos.

El PSOE y el PP han sido incapaces de ofrecer un esquema de gestión de la crisis pactado que equilibrase los evidentes desajustes de nuestra organización territorial sobre los principios de racionalidad, eficiencia en el gasto y defensa de la igualdad de todos los españoles en la recepción de servicios y unidad de mercado. Frente a una segunda edición de los Pactos de La Moncloa que se han reclamado por todos los que no practican políticas de campanario, se ha optado por la negación de la crisis por el PSOE primero y por la ruptura del diálogo político constructivo y en base a denominadores comunes básicos, por el PSOE y por el PP después que estabilizase una situación que solo puede calificarse de emergencia nacional y que no va a resolver el adelanto electoral, si no hay un cambio sustancial de actitud y comportamiento en los dos grandes partidos que vertebran el país.

En los divorcios matrimoniales mal pactados, los hijos pagan la factura. El divorcio radical en la crisis de los dos grandes partidos, lo pagamos los ciudadanos. Y algunos todavía se sorprenden de que haya indignados. Un empresario me decía, medio en broma medio en serio, que lo mejor sería como en Bélgica, que llevan dos años sin gobierno y el país no sufre la crisis. Esperemos que tengamos otras soluciones distintas de la política del absurdo.

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