Fórmula Rubalcaba. II parte

El programa del candidato contiene una declaración importante: el Estado recuperará competencias en el urbanismo. La propuesta, si llega a ejecutarse, constituiría un giro radical con lo que ha sido la historia legislativa desde la aprobación de la Constitución y un elemento decisivo para un cambio de modelo territorial, con repercusiones económicas y medio ambientales.

El urbanismo sin criterio de algunos Ayuntamientos, consentido y tolerado por sus respectivas Comunidades, Seseña es un buen ejemplo, aunque Marbella se llevó todo el protagonismo, ha demostrado que la posición residual en que se ha colocado el Estado ha dinamitado una política territorial racional, vertebradora y garante de la seguridad jurídica y la legalidad. La repercusión de este dislate en la imagen exterior de España, como segunda residencia de miles de europeos, ha sido muy significativa con un efecto económico cierto y cuantificable. La prensa británica ha recogido, en reiteradas ocasiones, las reclamaciones de británicos residentes en Levante que han traslado la imagen de un país urbanísticamente descontrolado y sin seguridad. La rectificación es tardía, pero absolutamente necesaria, si queremos atraer inversión extranjera directa al sector inmobiliario.

Al otro lado de las propuestas económicas de Rubalcaba se sitúa el impuesto sobre la actividad bancaria. Un desahogo y la pretensión de hacer olvidar la sensación de que el Gobierno de Zapatero, al compás de la Unión Europea, ha atendido en la crisis antes a los Bancos que a los ciudadanos.

La propuesta es un guiño a la izquierda perpleja ante la deriva del Gobierno Zapatero, pero técnicamente no es más que lo que los clásicos llamaban, “flatus vocis”. No hay un sistema fiscal moderno que no esté basado en la neutralidad que significa no discriminar los sectores económicos con la fiscalidad.  Hoy los Bancos tienen su propiedad diluida entre millones de accionistas y los Consejos de Administración detentan pequeños porcentajes de su propiedad.

La propuesta hubiera sido coherente si su objetivo se concretase en gravar las plusvalías rápidas, a corto plazo que hoy en nuestro sistema fiscal se ha unificado con las ganancias a medio y largo plazo. Esta situación favorece la especulación, introduce inestabilidad en los mercados financieros e iguala por el mismo rasero al inversor con el especulador. La Unión Europea y, especialmente Sarkozy, anunciaron un impuesto sobre los movimientos de capitales que se ha quedado en el papel, sin que se tomase una decisión ejecutiva que debería estar basada en la racionalidad y en la protección de la estabilidad de los mercados.

También, Rubalcaba podría haber planteado la mejora en el control de los Consejos de Administración por los accionistas de las sociedades cotizadas, especialmente por los pequeños accionistas, que contemplan inertes la “juerga” de retribuciones, bonus, stock options y demás beneficios que se auto conceden los consejeros. La disfunción de los códigos de autorregulación, sin control externo y asentados en las páginas web de la entidad, ha sido el maquillaje con el que se ha querido justificar la realidad: el accionista carece de procedimientos efectivos de información, control de las decisiones y exigencia de responsabilidad. Los nuevos Bancos resultantes del proceso de reestructuración de Cajas de Ahorro, se han incorporado rápidamente al sistema antes, incluso, de que su gestión pueda ser valorada y ratificada por la cotización de la acción.

En el capítulo de omisiones, ni una sola referencia a la Justicia, la cenicienta de nuestra instituciones, con una estructura, procedimiento y método de trabajo decimonónicos que, hoy por hoy, no cruje más por el esfuerzo personal de la mayoría de los jueces, sólidamente vocacionales.

La superación de la rígidas demarcaciones judiciales, asentadas en un modelo de país rural y que utilizaba como medio de transporte las caballerías, no se corresponde con las modernas tecnologías y la organización racional del trabajo. Se necesita la creación de una Agencia de la Administración de Justicia que establezca una asignación de medios transversal en función de la carga de trabajo, centralice notificaciones, subastas, avalúos, designación de peritos y demás trámites de ordenación.

El efecto económico derivado de una mal funcionamiento de la Justicia tiene una efecto cierto en la contabilidad nacional y vincula, directamente, a la productividad. Rubalcaba ha perdido la oportunidad de incorporar la Justicia a su recetario programático.

Y como colofón, el candidato debería haber ofrecido un pacto de mínimos denominadores al PP. En definitiva una agenda incuestionable más allá del resultado electoral. Pero el escenario político es desesperanzador. La votación de límite de gasto y de las medidas hipotecarias acredita una legislatura en que los representantes políticos no han sido capaces de presentar la más leve imagen de unidad frente a los momentos de mayor emergencia de nuestra economía y el vapuleo de los mercados. Hasta los políticos italianos cierran filas y aprueban, con actuación diligente, una reducción de 65.000 millones de euros. Menudo espectáculo.

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