Alarma en sesión continua

Zapatero, con sus cónsules Rubalcaba y Blanco, por fin ha encontrado su estado político perfecto, tras reclamar a micrófono abierto en la cumbre de Barcelona hace algunos años “que hay que sacarlo como sea”. El estado de alarma en sesión continua, dos por el precio de uno, para que el Gobierno dé la apariencia de que gobierna y nos libera, militarización en mano, de los pérfidos y plutócratas controladores, que fastidian las vacaciones con Curro a muchos españoles.

Acción y reacción, como transmitía el Gobierno el viernes pasado. Si los controladores salen en las TV, Pepiño Blanco, la Tizona de Lugo, arrea con el sueldo de dos años de un controlador, que no hay nada más excitante para el primer pecado capital de los españoles que describía Guillermo Díaz Plaja, la envidia, que sazonar el conflicto con la retribución millonaria de los controladores.

Con ello, ya ha encontrado el Gobierno el significado del concepto de calamidad pública que establece la Ley como, presupuesto de hecho, para decretar una restricción de derechos constitucionales: El sueldo de los controladores, consecuencia de la ineptitud de Zapatero y sus gobiernos para ordenar la gestión de las torres de control y el disparate de que una tercera parte de la jornada laboral anual estuviera constituida por horas extraordinarias.

Estamos viviendo un experimento constitucional de restricción de derechos, ahora para más escarnio con carácter preventivo, en manos de Zapatero, profesor de Derecho Constitucional, según reza su hagiografía, de Rubalcaba ,”el químico”, nuestro Fouché nacional y Blanco que cuando habla une sus dedos índice y pulgar como si fuera el párroco de una aldea.

La Ley, una Ley Orgánica, que regula los estados excepcionales que prevé la Constitución, exige en su artículo 1 que se produzcan circunstancias extraordinarias que hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Luego tenemos un Gobierno con poderes extraordinarios para algo que es habitual en la administración de cualquier país, como es el control y ordenación del espacio aéreo nacional.

Pero sería un análisis equivocado e insuficiente de la decisión adoptada, prorrogar el estado con autorización expresa del Congreso de los Diputados, atribuir su justificación a razones del trazado de brocha gorda que tiene la acción gubernamental. La decisión tomada tiene un doble calado.

En primer lugar, es un intento de sanear y convalidar los vicios jurídicos de los Decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Desde instancias jurídicas profesionales independientes, se ha puesto en cuestión la constitucionalidad y legalidad de las decisiones adoptadas. Por vez primera en la democracia española, asisten a un Consejo de Ministros el Fiscal General del Estado y el Abogado General del Estado, lo que demuestra la excepcionalidad de las medidas. Fiscales con criterio sólido de su función constitucional han denunciado la contradicción de la presencia de Conde Pumpido en el Consejo de Ministros con la defensa de la legalidad, el interés público y los derechos de terceros que les encomienda la Constitución.

Obtenida la autorización de prórroga del Congreso el Gobierno entiende que blinda jurídicamente la situación, apoyada en leyes pre constitucionales, como son la Ley Procesal y Penal de la Navegación Aérea y la de Movilización.

Pero además quiere un blindaje político que va a conseguir con el salvoconducto de los nacionalistas. Mal ha empezado Mas. ¿Pero no dicen los convergentes que son un mix de liberales, socialdemócratas y demócrata cristianos? ¿Se está pactando por debajo de la mesa una estabilización para el Gobierno Zapatero de lo que resta de legislatura?

Blanco, deja la Tizona de Lugo y se convierte en sociólogo de cámara -qué versatilidad- y nos cuenta que “la prorroga es lo que quiere la mayoría de los españoles” y conforma una mayoría natural en un chasquido de sus dedos parroquiales para situar enfrente al Partido Popular, en una táctica que les ha producido rendimientos en la legislatura hasta que llegó la crisis económica. El PP contra la memoria histórica, el PP contra el Estado laico, el PP contra los nuevos derechos sociales que nos ha regalado Zapatero y, ahora, el PP con los controladores frente a la mayoría de españoles. Y encima, Bono se dedica a repetir que Rajoy está, todo el día, tumbado.

La única política que ha sabido hacer Zapatero: La política de la confrontación. Los pérfidos, el PP y su entorno, contra la mayoría buena, bonita y barata que ellos, el PSOE de Zapatero, dice representar. Maniqueísmo de feriantes que se agotaba y que era necesario resucitar poniendo al frente al Comando Rubalcaba.

Todo este escenario, la manipulación y el manoseo de la prosaica cuestión del control aéreo por parte del Presidente del Gobierno y sus dos cónsules es lamentable, pero perfectamente integrada en la trayectoria que tomaron desde el día siguiente del 11-M, favorecida por los errores cometidos, tozudamente, por el PP. Pero lo que es realmente preocupante el regusto franquista que queda por el país y la cantidad de liberales a la violeta que abunda en el teatro de la prensa y la política activa… Esos que se callan cuando se declara un estado excepcional y quieren poner un bozal a Wikileaks.

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