Zapatero, calamidad pública

El Real Decreto1673/2010 por el que el Gobierno ha decretado el estado de alarma ha sido aprobado forzando, más allá de sus límites, el corazón, el núcleo de la Constitución. Las prisas son malas consejeras y el Gobierno ha utilizado un instrumento legal violentando, desde la exposición de motivos, los presupuestos de hecho que requiere la declaración de estado de alarma, calificando de calamidad pública la huelga salvaje e ilegal de los controladores y mintiendo cuando asegura el texto que “habiendo fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma”.

La Ley Orgánica 4/1981 regula en su artículo 4 el presupuesto de hecho para la declaración del estado de alarma, que exige la concurrencia de dos requisitos. La paralización de servicios públicos esenciales cuando no se garanticen los servicios mínimos-como así sucedía con la huelga ilegal-y que se haya producido una catástrofe, calamidad o desgracia pública, tales como un terremoto, inundación, incendio o accidente de gran magnitud-situación que no se producía, como es evidente.

Hay que destacar que, como dice la Ley, cuando define conjuntamente los estados de alarma, sitio y excepción, su declaración se produce cuando concurren circunstancias extraordinarias que “hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”. Declarado el estado de alarma, su efecto se concreta en el nombramiento de una autoridad competente que centraliza el mando de autoridades, policías, funcionarios y trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas que pasan a depender de la denominada autoridad competente, con el objeto de coordinar todas las actuaciones frente a la catástrofe.

Por tanto, la primera evidencia es que el Gobierno no ha podido mantener la normalidad mediante sus poderes ordinarios y ha usado un mecanismo extraordinario, lo que exige una explicación a los ciudadanos en sede parlamentaria en la que responda a dos preguntas. Desde cuando conocía el Gobierno que se iba a desencadenar una huelga salvaje e ilegal. Y cuales fueron todos los intentos que fracasaron para resolver, con sus poderes ordinarios, la situación que se presentaba. Porque, si el Gobierno conocía la huelga salvaje, ¿por qué no informó a las Compañías aéreas y a los ciudadanos para que se tomasen las medidas necesarias para paliar, al menos, el caos en los aeropuertos?

Pero existe otra cuestión especialmente grave en el Real Decreto publicado. ¿Puede el estado de alarma transmutar la condición de los controladores convirtiéndoles en personal militar a los efectos de aventurar la aplicación del Código de Justicia Militar, lo que no dice el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981 en el que se declara expresamente que el incumplimiento de las ordenes será sancionado con arreglo a las Leyes? El Gobierno llegó a hablar en un primer momento de un delito de sedición y Rubalcaba recogió velas en su rueda de prensa de las dos de la tarde y se refirió a un delito de desobediencia, que de acuerdo con el Código Penal tiene fijada una pena de seis meses a un año, ya que la aplicación del Código de Justicia Militar que quería dejar patente el Gobierno en sus declaraciones, está avocada a su fracaso en las instancias judiciales españolas y, en último caso, en el Tribunal de Justicia Internacional.

Es también extremadamente preocupante la posible prórroga del estado de alarma, a la que se refirió también Rubalcaba, que tiene una duración tasada en la Ley de 15 días. Como dice la norma, la duración será la estrictamente necesaria para restablecer la normalidad y su aplicación se hará en forma proporcionada a las circunstancias.

El mecanismo de intervención que tenía el Gobierno, si quería acudir a los estados excepcionales del artículo 116 de la Constitución, era el estado de excepción, que se refiere al normal funcionamiento de los servicios públicos, pero que exige autorización del Congreso de los Diputados, ya que supone la suspensión de derechos y garantías constitucionales.

Concurren demasiadas sombras y grietas en el estado de alarma decretado por el Gobierno que revela un comportamiento poco respetuoso con el bloque constitucional. Las garantías del Estado de Derecho y, por tanto las constitucionales, están por encima de cualquier otro valor. Militarización, estado de alarma, autoridad competente, son palabras que están demasiado cercanas en nuestra peor historia para que sean utilizadas por Blanco en su pelea por doblegar el brazo a los controladores y nos sirva la coartada de una ración de demagogia con la revelación del sueldo de los controladores. Muchos sectores y empresas reordenan su masa salarial sin llegar a originar un conflicto de esta envergadura .Su gestión ha sido catastrófica, una auténtica calamidad y ha mentido cuando ha acusado a los controladores del déficit de AENA que tiene su causa en la amortización de las infraestructuras de los nuevos aeropuertos que se han instalado en todas las ciudades, como si fueran setas, sin una planificación previa rigurosa.

Cicerón en Las Leyes ya contempló el estado de excepción y pone en boca de Marco las siguientes palabras: “Pero en caso de guerra grave o de discordias civiles, que un solo hombre obtenga los poderes de los dos cónsules, siempre que no sea para más de seis meses y previa autorización del Senado”. ¿Habrán leído a Cicerón, Zapatero, Rubalcaba y Blanco?

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