Acceso a la información

El Gobierno aprobará el próximo viernes un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, una buena iniciativa si el texto no defrauda un título con tantas expectativas. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 1992, con el carácter de legislación básica, ya reconoció el derecho de los interesados a acceder a los archivos y documentos de las Administraciones que les afectaran.

Sin embargo, obtener una información o un documento de los Poderes Públicos se convierte, habitualmente, en una misión imposible para los ciudadanos de a pie. El Poder, por principio, no quiere informar, e incluso en las instituciones democráticas, los representantes de los ciudadanos tienen que acudir en amparo ante los Tribunales para que se les proporcione la información que solicitan.

No hay calidad democrática sin información y la transparencia debe ser el principio general, de modo que debe justificarse la excepción, la restricción de la información. En un mundo sin fronteras que circula por la globalidad de Internet, quienes pretendan cercar la información están abocados al fracaso. Wikileaks, la página que ha publicado información sobre Guantamo, es un ejemplo de la ruptura de la campana de vacío en que se pretende ahogar el oxígeno de la información por el poder de los gobiernos.

En el nuevo marco legal, la Agencia de Protección de Datos añade competencias y la expresión Acceso a la Información y se convierte en el garante de los derechos ciudadanos, previamente al control jurisdiccional. Una dualidad compleja para un organismo que ha visto como el Tribunal Supremo anulaba normas reglamentarias que restringían la información de las agencias de información crediticia y que aplicaba una interpretación extralimitada de la Directiva europea.

El Gobierno está manteniendo la iniciativa durante el verano. Blanco, ejerce cada día de Vicepresidente, y ha lanzado la noticia de la subida de impuestos para compensar el resbalón de la reconsideración de la paralización de determinadas obras. Dos medidas dirigidas a recuperar electorado. El puzzle autonómico se resquebrajaba por la paralización y el retraso de obras públicas y las declaraciones de Zapatero produjeron un vendaval de críticas en los mercados ya que suponía un paso atrás en la reducción del déficit. Ahora se aplica la corrección, se propone una nueva vuelta a la tuerca de la recaudación fiscal y nos cuentan la milonga de la demanda de nuevos servicios e infraestructuras como justificación de la subida…

El mundo de las constructoras anda muy revuelto y la deuda que sus empresas de servicios mantienen con los Ayuntamientos está amenazando la continuidad de las empresas. Limitada su capacidad para endeudarse, la bola de nieve los impagos a las suministradoras se va incrementando. Y el margen de los Ayuntamientos es absolutamente reducido, sin posibilidad de subir más impuestos y con unos activos patrimoniales inmovilizados en la situación actual.

El Proyecto de Ley de Acceso a la Información es una oportunidad para dotar a los ciudadanos de los cauces necesarios que les permitan conocer la realidad de las actuaciones de los Gobiernos. Con quién contratan, a quién adeudan, a quiénes subvencionan. Una nueva formas de entender el ejercicio del poder, sin espacios oscuros, con la posibilidad de ejercer el poder civil de control desde fuera de los Partidos Políticos. ¿Serán los Partidos Políticos lo suficientemente audaces para aprobar una ley que ampare el derecho de información de los ciudadanos? ¿Resistirían los Gobiernos una situación de ventanas abiertas?

Norberto Bobbio acuñó la expresión del “sotobosque del poder”.La democracia tutelada bajo la hegemonía de un sistema de partidos cerrados no es el medio ambiente más adecuado para desarrollar un proyecto de política de ventanas abiertas. Lo que nos faltaba es que el Gobierno de Zapatero se convierta en el defensor de la democracia civil.

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