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Las últimas encuestas electorales de ámbito nacional nos muestran una foto fija en la que el número de escaños que se disputan los grandes partidos nacionales PSOE y PP, y sobre los que oscila la gobernabilidad del país, se limita a 220 diputados.

No en vano los partidos nacionalistas y regionalistas están instalados en la cifra de los 40 escaños, y las minorías extremas y populistas de Vox (55) y de Unidas Podemos y Más País (35) suman 90 diputados. Por lo que, en la práctica ausencia de Cs que camina hacia la desaparición, al PSOE y al PP le quedan 220 escaños para repartirse entre los dos.

Lo que, por otra parte, deja a Pedro Sánchez y Pablo Casado obligados a un pacto, respectivamente, con la extrema izquierda y la extrema derecha (y los nacionalistas) si quieren gobernar. Salvo que PSOE y PP se abrieran a pactar en esta España ingobernable una ‘gran coalición’ que al día de hoy se antoja imposible mientras Sánchez siga al frente del PSOE.

También cabría un pacto entre los dos líderes del bipartidismo, como el que debieron haber hecho ambos partidos cuando Felipe González perdió la mayoría absoluta en 1993. Para dejar gobernar en minoría al vencedor de las elecciones, con la garantía de uno y otro partido, de que nunca utilizarán a los nacionalistas, ni a los partidos extremistas, para derribar al contrario en la investidura, los Presupuestos y en una posible moción de censura.

Ello nos habría evitado en España las concesiones que Sánchez, primero, y Aznar, después, les hicieron en materia de soberanía al nacionalismo vasco y catalán. Y así se habrían evitado situaciones como el golpe catalán de 2017. A la vez que se habría reducido el peso de los nacionalistas en el Parlamento y, de paso, su capacidad de chantajear al Gobierno y al Estado.

Y a tiempo están Sánchez y Casado de articular un acuerdo semejante en las actuales circunstancias sobre la base de que gobierna el partido que obtenga más de los 220 escaños ahora en liza entre PSOE y PP. Con lo que los nacionalistas y los populistas extremos perderían su ‘utilidad’ electoral y, de esa manera, España recuperaría el bipartidismo de la Transición.

Un acuerdo así podría estar acompañado de la necesaria reforma de la Ley Electoral, para que el partido que gane las elecciones reciba además una prima de escaños que le permita la gobernabilidad y la estabilidad.

Pero para que algo así pudiera ocurrir en España sería necesario que al frente del PSOE y del PP tuviéramos líderes, más bien estadistas, con una visión constitucional, democrática y unitaria de España lo que hoy no se da.

Ni siquiera en momentos tan dramáticos como los de la pandemia del covid -con más de 150.000 muertos-, del golpe catalán de 2017 (la aplicación del 155 en Cataluña fue un pacto de mínimos e insuficiente) y de la vigente crisis económica y social de España, los máximos dirigentes nacionales buscaron un pacto o un programa conjunto de Gobierno de ‘unidad nacional’.

Lo que dio más fuerza e influencia a los nacionalismos radicales y a los partidos extremos de Vox y UP. Y en estas estamos y seguiremos hasta que se rompa esta dinámica infernal y los partidos mayoritarios, progresista y conservador, se repartan entre sí al menos 300 escaños del Congreso con las garantías mutuas de una justa alternancia y de poder gobernar.