El votar a Enrique Arnaldo desprestigia el TC

El Partido Popular que preside Pablo Casado debe retirar con urgencia la propuesta que hizo y que aún mantiene para nombrar a Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes, como magistrado del Tribunal Supremo a pesar de todo lo que se ha conocido en los últimos días de este personaje. 

Al que también van a votar este jueves en el Congreso -dicen que con ‘la nariz tapada’- los diputados de UP y del PSOE, salvo que aprovechando que la votación es secreta el tal Arnaldo no resulte elegido.

Estamos ante un escándalo mayúsculo de la vida democrática del país que daña las instituciones y deja en pésimo lugar el Tribunal Constitucional. Una propuesta de la que tiene la mayor responsabilidad el PP por no investigar el currículum de este personaje, que si llega al TC será recusado una y otra vez en cualquier debate de interés político que llegue al tribunal.

El cúmulo de noticias sobre sus negocios irregulares, por incompatibles y su militancia ideológica en la derecha que desvelan sus artículos periodísticos, con descalificaciones a gobernantes y dirigentes de la izquierda, deberían  obligar al propio Enrique Arnaldo, al descubierto, retirar su candidatura y si no lo hace debería hacerlo el PP o forzadlo el PSOE.

Y que de sus relaciones estrechas con dirigentes o allegados de notorios ex gobernantes y ex dirigentes del PP, como Ignacio González, Jaume Matas y Eduardo Zaplana, tocados por la corrupción.

Y si grave es el error de Pablo Casado igual, o puede que mayor, lo es la decisión del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez al hacerse cómplice de semejante farsa. Y no digamos los dirigentes de la izquierda radical de UP que también comprometieron su voto favorable con Enrique Arnaldo.

Estamos ante una foto fija de desprestigio de la política, las instituciones y del más alto Tribunal del Estado. Donde en esta ocasión han quedado fuera magistrados del Tribunal Supremo. Lo que es otro importante error porque los nuevos magistrados del TC, oriundos de instancias inferiores al TS, no van a tener la autoridad jurídica ni la preparación y experiencia necesarias para opinar y juzgar lo que han sentenciado y decidido los magistrados del Supremo que tienen un rango, trayectoria y una categoría superior.

Y todo esto, unido a la fractura política y social nacional y a la vigente crisis económica y territorial de país, nos sitúa a una gran mayoría de españoles en un limbo político donde resultará imposible que muchos d entre ellos se sientan representados por ningún partido del arco parlamentario nacional.

Para una vez que parecía lograrse un gran acuerdo nacional e institucional el resultado, en contra de lo que se pretendía en favor de un renovado TC, se convierte en un lamentable e inaceptable acuerdo que se anuncia como una meta imposible para la renovación y el reforzamiento del marco institucional.