Acuerdo sobre los PGE y pacto de alquileres en ‘papel mojado’

Sánchez Yolanda Díaz PGE

El gobierno de coalición de Pedro Sánchez aprobará el jueves en Consejo de Ministros extraordinario, el anteproyecto de los PGE de 2022, tras el acuerdo confiscatorio alcanzado con UP sobre alquileres de viviendas, cuya aplicación dependerá de las CC.AA. y los ayuntamientos lo que anuncia que será rechazado en gran medida por las administraciones que controla el PP.

Sin embargo el pacto de alquileres, que constituye otra victoria de Yolanda Díaz en el Ejecutivo, le sirve a Sánchez para desbloquear los PGE de 2022 en el Gobierno, aunque le quedará pendiente el apoyo de ERC, PNV y Bildu, a los que también tendrá que hacer concesiones para definitivamente lograr aprobar los nuevos PGE de 2022 antes de final de año.

Y lo que le permite a Sánchez una llegada ‘triunfal’ al 40 Congreso del PSOE que se inicia el próximo día 15 en Valencia y donde presentará como medida estrella el decreto para crear un ‘bono joven’ de 250 € para el alquiler de sus viviendas pero solo por el plazo de dos años.

Asimismo y de cara al Congreso del PSOE, el Gobierno anuncia una subida del impuesto a las empresas con una base mínima del 15 % y la subida del salario de los funcionarios para 2022 del 2 %, a lo que habrá que añadir la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC.

Y todo ello al margen de todo pacto social con la CEOE que preside Antonio Garamendi, lo que prejuzga nuevas discrepancias entre Gobierno y patronal de cara a la reforma laboral y de pensiones, los otros dos grandes capítulos pendientes en la agenda social de aquí a final de año.

Sin embargo, Sánchez avanza hacia los PGE de 2022 para garantizarse así su estancia en el poder hasta finales de 2023 -estos PGE de 2022 los puede renovar un año-, y ello le permitirá, gracias a las concesiones a Podemos y a las que hará a nacionalistas, presentarse como dueño de la situación ante el 40 Congreso del PSOE.

De la misma manera que estos acuerdos de alquileres, aunque sean papel mojado porque no se aplicarán en la mayoría de España por la oposición del PP, van a facilitar el liderazgo de Yolanda Díaz en UP Y al mando de una nueva plataforma electoral de la izquierda radical, que Pablo Iglesias llama ‘Frente Amplio’ -como el que existe en Uruguay-, y al que rechazan unirse tanto Íñigo Errejón como Teresa Rodríguez. 

Naturalmente la nueva política de los alquileres que anuncia Sánchez con medidas sancionadoras a viviendas vacías y topes de precio de alquiler, tendrá un impacto muy negativo en los fondos de inversión nacionales e internacionales, provocará demandas ante los tribunales.

Y probablemente creará una nueva crisis en el sector inmobiliario español en el que se refugiaban los ahorros españoles y dañará el empleo en el sector de la construcción. El que, por otra parte, el gobierno espera reanimar con 3.000 millones de inversión en la rehabilitación de edificios y viviendas y con otro monto similar de subvenciones para la mejora energética.

Lo que el Ejecutivo plasmará en nuevas Leyes de Vivienda y Arquitectura, cuya aplicación finalmente dependerá de los Ayuntamientos y CCAA que son los que tienen las competencias en estas materias que no se podrán aplicar a nivel nacional. Aunque a corto plazo todo ello beneficia a Sánchez en el corto plazo con los PGE.