Laya imputada y Calvo bajo sospecha

El juez de Zaragoza que investiga la entrada irregular en España del jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado 18 de abril ha citado a declarar, en calidad de ‘investigada’, a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Asimismo el juez citó también como investigada a Isabel Valldecavres, ex directora de Gabinete de la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. De lo que se deduce que Calvo sería la última instancia ‘decisoria’ en la responsabilidad de haber ordenado que Ghali pudiera entrar (y salir) en España de manera irregular, tal y como ocurrió.

Lo que, a la vista de las citadas actuaciones judiciales en curso, explicaría los recientes ceses de Calvo y Laya en la crisis y la renovación de Gobierno llevada a cabo por Pedro Sánchez -quien seguramente conoció y aprobó la operación- el pasado 10 de julio.

Naturalmente, el PP ha solicitado, para explicar esta situación, la presencia en el Congreso de los Diputados de los ministros de Presidencia y Exteriores Félix Bolaños y José Manuel Albares. E imaginamos que desde Marruecos estas incidencias judiciales se seguirán puntualmente y con el mayor interés.

Y a no descartar también la posibilidad de que el ex vicepresidente Pablo Iglesias, que ha declarado reiteradamente su público apoyo al Polisario, haya estado de alguna manera implicado en esta operación que el Gobierno situó en el campo ‘humanitario’ dado que Ghali llegó a España para ser atendido en un hospital de Logroño de una aguda infección del Covid-19.

Lo que, cuando se descubrió, estuvo en el origen de la invasión migratoria de Ceuta impulsada por el Gobierno de Marruecos y lo que abrió una tensa crisis diplomática entre los Gobiernos de Madrid y Rabat que actualmente parece en vías de solución.

Lo revelan estas actuaciones judiciales es el desparpajo y la sensación de impunidad que se desprende de la actuación del Gobierno de Sánchez, que actuó al margen de la legalidad tanto en la llegada a España de Ghali como en su salida. Y sin valorar el impacto político que ello tendría en Marruecos, convencidos, cómo parecían estar, en Moncloa de que nadie, ni la Justicia ni Marruecos se iban a enterar de lo ocurrido.

Y ahora vamos a ver qué pasa en el ámbito judicial y si finalmente el juez y, a la vista de lo que declare González Laya, decide llamar a Carmen Calvo a declarar lo que serían ‘palabras mayores’ y con consecuencias políticas de alto nivel, como parece lógico que ocurra ante la gravedad de unos hechos que ya se están investigando en sede judicial.