Lesmes ampara al Supremo ante los recursos de los indultos

Cuidado con el certero misil que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, lanzó en la apertura del año judicial, amparando la independencia del Tribunal Supremo y criticando la obsesión del Presidente Pedro Sanchez por controlar el alto tribunal, antes de que su Sala Tercera se pronuncie sobre los recursos contra los indultos concedidos por Sánchez a los golpistas catalanes. Porque precisamente para alterar la composición de dicha Sala Tercera quiere Sánchez la urgente renovación del Poder Judicial.

Lesmes metió su dedo en la llaga cuando afirmó: ‘es mi deber reivindicar la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento’.

Y continuó: 'sirva de ejemplo lo ocurrido, con ocasión del ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se han beneficiado determinados dirigentes políticos condenados por este Tribunal Supremo, cuando se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas'.

Estas palabras de Lesmes, que retumbaron en la apertura del año judicial, van dirigidas expresamente a la Sala Segunda del Supremo, que juzgó, con todas las garantías procesales, y condenó a los golpistas y que se opuso, en su informe preceptivo y razonado, a los indultos a igual que hizo la fiscalía del tribunal juzgador.

Y también esas mismas palabras de Lesmes dan amparo y conciernen a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que debe abordar y resolver los recursos presentados por PP, Cs y Vox contra los indultos, una vez que los admita a trámite, lo que parece inevitable vista la jurisprudencia del Supremo. Y lo que permitirá al Pleno de la Sala Tercera llegar al fondo del asunto: la presunta ‘arbitrariedad’ y, en consecuencia la ‘ilegalidad’, de las medidas de gracia.

Las que el presidente del Gobierno concedió, con ‘desviación de poder’ -así lo denuncia la fiscalía- en su beneficio personal para seguir en la Presidencia del Gobierno y en menoscabo de toda ‘utilidad pública’, sin arrepentimientos de los golpistas indultados y con amenazas de algunos de reincidencia en la repetición del fallido golpe de Estado catalán de 2017.

Imagínense, por un momento, qué ocurriría en este país si la Sala Tercera del Tribunal Supremo anula los indultos y los golpistas tienen que regresar a la cárcel o se dan a la fuga con Puigdemont. Y qué diría Sánchez sobre todo ello y qué harían y dirían sus socios parlamentarios de ERC, amén de los de UP y demás invitados del pacto Frankenstein.

En ese caso ¿cuánto tiempo duraría Sánchez en La Moncloa y cuáles serían sus expectativas electorales a sabiendas que la gran mayoría de españoles están en contra de los indultos? Las respuestas a estas interrogantes no son difíciles de imaginar y todo ello explica la furia del presidente, sus ministros y dirigentes del PSOE contra la negativa del PP a renovar el Poder Judicial.

Y menos aún a sabiendas que Sánchez pretende alterar la composición de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en este preciso momento. En el que no solo están en juego los indultos y el escenario político que los rodea sino y sobre todo la independencia y el prestigio de la Justicia española que ahora protege y representa el más alto tribunal.