Sospechas sobre el reparto de los PGE y los Fondos UE a PNV y ERC

El Tribunal de Cuentas (TdC) mantiene sus dudas sobre la legalidad de los avales que la Generalitat ha concedido a los encausados de malversación de dinero público para sufragar gastos internacionales del ‘procés’ por valor de 5,4 millones de euros. Y ello tensa la relación del Gobierno de Sánchez con ERC cuando el Ejecutivo espera que este partido catalán (y el PNV que anda encrespado y pidiendo más) le apoye el techo de gasto de los PGE de 2022 que aprobó ayer el Consejo de Ministros y ascienden a 196.142 M €.

Consejo de Ministros tras el que el Gobierno mantiene un déficit del 8,4 % para 2021, que seguramente será superior por la subida del precio de la luz, la reducción de 27.000 M a 19.000 M de los Fondos de la UE que este año llegarán a España, y la reducción del turismo estival veraniego por la causa del ascenso de la pandemia, y los avisos de riesgo en España lanzados por importantes países como Francia, EE.UU. y Alemania ante el crecimiento de los contagios en nuestro país que superó la incidencia de 700 personas por cada 100.000.

Mientras, asciende el número de muertos y hospitalizaciones y se registran problemas en el aprovisionamiento de vacunas. Al tiempo que la batalla jurídica sobre el ‘toque de queda’ se complica en los tribunales una vez que el Tribunal Supremo ha suspendido decisiones de otros tribunales inferiores.

Impera pues el desconcierto político y económico hasta el punto que ahora la vicepresidenta primera, Calviño, ha rectificado su posición y le anuncia a la vicepresidenta segunda, Díaz, que a finales de año se podrá aprobar para el 2022 una subida del SMI. Lo que parece ser una moneda de cambio para que UP se avenga a una reforma moderada en el ámbito laboral, a fin de no entorpecer las exigencias de la patronal y de la UE.

El nuevo Gobierno de Sánchez avanza a ‘trancas y barrancas’ por su dura dependencia de UP, ERC y PNV. Y prepara nuevas concesiones al Gobierno Vasco y al Ejecutivo catalán, con el que se reunirá el 2 de agosto. Mientras en el resto de España crece la sospecha de que el Gobierno de Sánchez mantiene abierta una línea secreta de negociación y reparto de los fondos de la UE y de los PGE con el País Vasco y Cataluña.

Lo que provoca recelos e indignación en el resto de las CCAA, a cuyas Conferencias de presidentes sobre los fondos europeos se niegan a ir los presidentes del País Vasco y Cataluña, Urkullu y Aragonés. Lo que está  provocando malestar en la Comunidad de Madrid desde donde Ayuso le ha advertido a Sánchez que las Comunidades del PP también podrían dejar de ir a las Conferencias de Presidentes de las CCAA, las que Sánchez pretende reunir dos veces al año, si está bilateralidad con Barcelona y Vitoria continúa su vía paralela y secreta fuera de todo control.

Y lo que podría estallar ante el trato desigual del Gobierno de Sánchez con los Ejecutivos de Vitoria y Barcelona con los que mantiene reuniones muy especiales, bilaterales y secretas como la anunciada ‘mesa de dialogo’ del mes de septiembre probablemente en Barcelona.

Lo que lleva a la sospecha y conclusión de que el Gobierno paga el apoyo del PNV y ERC para la estabilidad de Sánchez con fondos de la UE y de los PGE, en detrimento del resto de las CCAA que quedan en segundo lugar. De la misma manera que hace concesiones sobre la subida del SMI a UP para salvaguardar esa misma inestabilidad.