Garamendi con Sánchez y contra el ‘principio de legalidad’ 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha posicionado en favor de los indultos a los golpistas que aprobará el Gobierno de Pedro Sánchez al decir en declaraciones a RTVE que: ‘si los indultos hacen que las cosas se normalicen, bienvenidos sean’.

Unas declaraciones de la mayor gravedad que colocan a la CEOE al servicio del Presidente Sánchez en el debate fundamental del momento político. Y declaración que parece orquestada desde La Moncloa, o consecuencia de presiones ejercidas sobre el líder de la CEOE, porque no cabe pensar que el mayor responsable del empresariado español sea tan tonto (a lo mejor lo es) como para no conocer la gravedad de sus palabras.

Y el impacto político (¿acaso no se enteró de la manifestación del 13-J en Madrid?) y jurídico que tiene su declaración que va en contra del principio de ‘legalidad’ y de los contundentes ‘Informes’ preceptivos de la Fiscalía y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que bien debería conocer el líder de la CEOE.

Informes en los que se deja claro que los pretendidos indultos no encajan en la legalidad por: ausencia de arrepentimiento de los condenados, porque amenazan con la reincidencia, desprecian los indultos y carecen de ‘utilidad pública’, por cuando lo que pretenden es: alterar la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los golpistas; y no en beneficio de la gran mayoría e interés general de los españoles, sino exclusivamente en beneficio de los golpistas y del presidente Sánchez para garantizar su presencia en el poder con la ayuda de UP, ERC y Bildu.

De lo que se deduce que estamos ante una decisión ‘arbitraria’ de Sánchez que incluye una clara ‘desviación de poder’ del presidente del Gobierno, lo que podría acabar en presunto delito de ‘prevaricación’.

Sobre todo una vez que la ‘acusación popular’ de Vox (personados en el proceso) recurra los indultos y que dichos recursos sean admitidos por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. La que pude anular estas medidas de gracia con el argumento y el precedente de su ‘arbitrariedad’, que ya figura en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y ello y a pesar de la ‘motivación’ con la que el Gobierno justificará estos indultos en aras de la ‘concordia’ (solo parcial en Cataluña) y de una falsa y supuesta ‘utilidad pública’, cuando es evidente que la única ‘utilidad’ es la libertad para los golpistas y la permanencia de Sánchez en el poder.

Y ello a pesar de que el Gobierno utilizará la declaración de Garamendi (que no habló institucionalmente en el nombre de la CEOE sino personalmente)  para ‘motivar’ la aprobación de los indultos como si ese fuera el sentimiento mayoritario del empresariado español. Esa mayoría solo se aprecia entre los empresarios y los obispos catalanes, porque en esos ámbitos no solo están a favor de los indultos sino a favor de la independencia de Cataluña.

Motivos todos estos por los que la Dirección y las distintas organizaciones de la CEOE deben obligar a Garamendi a rectificar o a dimitir con la mayor celeridad. Y, en su caso, a someter a todos los empresarios de la CEOE en una votación, la posición pro indultos de Garamendi para fijar de una vez por todas cuál es la posición mayoritaria del empresariado español.